Trump y el fantasma del cierre de gobierno: ¿una estrategia política o una crisis anunciada?

Washington D.C. vive otra cuenta regresiva dramática por un posible shutdown federal. El presidente Donald Trump ha cancelado abruptamente una reunión agendada con los líderes demócratas del Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, a solo días de un posible cierre de gobierno. La razón: una fuerte disputa por la financiación de programas de salud que los demócratas desean incluir en el acuerdo.

Una historia que se repite: ¿nuevo cierre de gobierno?

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, las tensiones con los demócratas no han tardado en intensificarse. La cancelación de esta reunión recuerda poderosamente el cierre de gobierno de 2018-2019, el más largo en la historia de EE.UU., en el que Trump se enfrentó directamente a Schumer y la entonces presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en una muy televisada y tensa confrontación sobre el financiamiento del muro fronterizo.

Ahora, el presidente argumenta que “ninguna reunión con sus líderes del Congreso podría ser productiva”, afirmando que los demócratas amenazan con el cierre a menos que se aprueben más fondos para el cuidado de salud, lo cual considera una táctica inaceptable. Asegura, además, que los servicios esenciales seguirán funcionando, especialmente aquellos para veteranos.

¿Quiénes son los jugadores clave?

En el lado demócrata, Chuck Schumer (líder del Senado) y Hakeem Jeffries (líder de la Cámara de Representantes) han insistido en negociar un compromiso que incluya mantener los actuales subsidios de seguros médicos y revertir recortes a Medicaid. Por su parte, el presidente Trump y los republicanos mayoritarios en ambas cámaras del Congreso han resistido estos cambios, argumentando que “ya habrá tiempo para discutir estos temas más adelante”.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, intentó extender temporalmente el presupuesto federal, proponiendo una medida de financiación provisional hasta noviembre. Sin embargo, el Senado la rechazó, ya que los demócratas insistieron en que no cumplía con sus prioridades sanitarias.

¿Política o preocupación genuina por la salud?

Detrás de este pulso político, se esconde una verdad incómoda: millones de estadounidenses dependen de los subsidios de salud que están a punto de expirar a fin de año. Según datos del Kaiser Family Foundation, más de 13 millones de personas se verían afectadas si los subsidios que fueron ampliados durante la pandemia no se renuevan.

Para los demócratas, mantener esos subsidios representa no solo una cuestión de salud pública, sino también un compromiso electoral. Para los republicanos, sin embargo, ceder a esta presión podría sentar un peligroso precedente fiscal.

Un precedente que preocupa: el cierre de 2018-2019

Durante la temporada navideña de 2018-2019, EE.UU. vivió un cierre de gobierno que duró 35 días. Más de 800,000 empleados federales fueron enviados a casa sin salario, y numerosas agencias gubernamentales cerraron sus puertas. El motivo en aquel entonces fue el desacuerdo sobre el financiamiento para el muro en la frontera con México.

Aquella vez, Trump parecía sentirse cómodo con la idea de “paralizar” al gobierno para presionar políticamente. Hoy, parece retomar la misma narrativa al señalar que si los demócratas no ceden en sus exigencias sanitarias, será inevitable un “camino largo y brutal”.

El peso político de una negociación cancelada

La retórica alrededor del encuentro cancelado se ha vuelto venenosa. Hakeem Jeffries disparó en redes sociales acusando al presidente de actuar cobardemente: “Trump siempre se acobarda”. También señaló que “los extremistas quieren cerrar el gobierno porque no quieren hacer frente a la crisis republicana en salud que está devastando a Estados Unidos”.

Por su parte, Trump sostiene que los demócratas usan estos temas como chantaje político. En su más reciente declaración, los acusó de querer causar caos al no ceder, y de socavar la economía estadounidense para un beneficio político en año electoral.

¿Estamos condenados al cierre?

El tiempo es el enemigo común aquí. El Congreso no tiene previsto regresar al Capitolio hasta el 29 de septiembre, dejando apenas dos días para alcanzar un acuerdo antes del inicio del nuevo año fiscal, el 1 de octubre.

La posibilidad de un cierre parece tangible, y tanto agencias gubernamentales como empresas privadas han comenzado a prepararse para lo peor. Las consecuencias de una paralización serían inmediatas: suspensión de programas comunitarios, demoras en pagos federales, servicios parciales en parques nacionales y problemas en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), entre otros.

Ánimo electoral y estrategias cruzadas

No hay que perder de vista el contexto político. La postura firme de Trump podría energizar a su base conservadora al proyectarse como implacable en la defensa del gasto federal responsable, mientras que los demócratas podrían usar el conflicto para reforzar su imagen como defensores de la clase media y el acceso justo a servicios de salud.

En discursos recientes, ojos demócratas destacados como Alexandria Ocasio-Cortez han señalado que el Partido Republicano actúa como “secuestro presupuestario” y los acusan de manipular las crisis para justificar recortes profundos que solo benefician a los más ricos. Mientras tanto, figuras como Ron DeSantis han defendido públicamente la decisión de Trump de cancelar la reunión, criticando lo que considera “exigencias desmedidas” de la oposición.

Impacto financiero y social

Un cierre gubernamental puede costar a la economía estadounidense miles de millones de dólares. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el shutdown de 2018-2019 ocasionó una pérdida de más de $11 mil millones, sumando retrasos en pagos gubernamentales, caída de productividad y disminución en la confianza de los consumidores.

Pero más allá de las cifras macroeconómicas, el impacto directo en la vida de decenas de millones de ciudadanos será doloroso: empleados federales sin salario, familias que dependen de cupones de alimentos e incluso pequeñas empresas con contratos gubernamentales pendientes verán sus ingresos congelados.

¿Dónde quedan los votantes?

Muchos ciudadanos se sienten frustrados. Un sondeo reciente de Pew Research Center reveló que el 62% de los estadounidenses prefiere que ambas partes lleguen a un compromiso, aun si esto significa no cumplir todas sus exigencias políticas.

Esta creciente polarización y disfunción amenaza con erosionar aún más la confianza del público en las instituciones, particularmente cuando estas peleas afectan servicios cotidianos.

Una historia de desencuentros

Desde su primer mandato, Trump ha cultivado una imagen de líder disruptivo, poco inclinado al consenso tradicional. Para muchos, esto proyecta fortaleza; para otros, es sinónimo de inestabilidad administrativa. Esta táctica de patear la mesa de negociaciones no es nueva, pero sí arriesgada.

Al negarse a dialogar, Trump podría empujar a los demócratas a radicalizar sus posturas o, en el peor de los casos, dejar al país frente a un abismo presupuestario con consecuencias impredecibles.

¿Quién gana y quién pierde con un cierre?

En el corto plazo, ningún partido parece salir beneficiado. Aunque Trump intenta capitalizar la narrativa de “presidente que no se deja chantajear”, el colapso gubernamental trae consigo facturas políticas significativas. Estudios previos han demostrado que los votantes tienden a castigar a ambos partidos durante cierres prolongados, aunque históricamente los presidentes suelen cargar con la mayor cuota de responsabilidad.

Una cosa es segura: si el 1 de octubre el gobierno se cierra otra vez, el país entero perderá algo de fe en sus dirigentes.