Una noche trágica en Wellington y el dilema de la salud mental en la justicia neozelandesa

Una tragedia en Loafers Lodge

La noche del 16 de mayo de 2023, un incendio devastador arrasó el Loafers Lodge, un hostal de múltiples pisos ubicado en Newtown, un suburbio de Wellington, capital de Nueva Zelanda. El fuego cobró la vida de cinco hombres, muchos de ellos personajes conocidos en la comunidad por su historia y hábitos cotidianos.

Lo que parecía ser una tragedia accidental se transformó rápidamente en un caso judicial emblemático. El acusado, un hombre de 50 años cuya identidad ha sido ocultada por orden judicial, enfrenta cinco cargos de asesinato y uno de incendio premeditado. La defensa no niega que su cliente causó el incendio, pero ha argumentado que el hombre es inocente por razones de demencia, específicamente debido a su condición de esquizofrenia.

El hecho: doble intento de incendio

Según lo discutido en el juicio, el acusado intentó prender fuego al edificio en dos ocasiones esa misma noche. En el primer intento, colocó un sofá en una zona común y le prendió fuego, lo que obligó a evacuar el hostal. Horas después, sin dar aviso a las autoridades ni a otros residentes, regresó y colocó cojines y mantas en un armario antes de encenderlos. Esta segunda acción selló el destino de quienes no lograron escapar a tiempo.

Este segundo acto dejó claro que la acción no fue accidental ni impulsiva, según alegan los fiscales. Argumentan que el acusado, aunque con diagnóstico de esquizofrenia, comprendía que sus acciones eran incorrectas. La acusación sostiene que el móvil fue el deseo de ser trasladado a otro alojamiento debido a su descontento con las condiciones del hostal.

Los rostros de las víctimas

Las cinco personas que murieron eran residentes del Lodge y figuras conocidas por muchos en la ciudad. Entre ellos se encontraba:

• Michael Wahrlich, un músico callejero que encantaba a los transeúntes con sus malabares.
• Liam Hockings, famoso por sus caminatas diarias y charlas con vecinos.
• Kenneth Barnard, Peter O’Sullivan y Melvin Parun, también conocidos y queridos en círculos locales.

Varios otros residentes eran personas vulnerables, como personas mayores, discapacitadas o trabajadores de la salud que vivían allí por razones económicas.

El debate sobre salud mental y justicia

En Nueva Zelanda, una persona solo puede ser absuelta por razones de demencia si se prueba que era incapaz de distinguir entre el bien y el mal al momento del crimen. Este no es un umbral fácil de alcanzar y pocas defensas lo logran con éxito.

El caso resalta una preocupación importante: ¿hasta qué punto debe considerarse la salud mental en hechos trágicos como este? Según una investigación de la Universidad de Otago, menos del 2% de los casos de homicidio en Nueva Zelanda implican defensas de salud mental, y aún menos son exitosos.

Organizaciones de salud mental han pedido una revisión del sistema judicial respecto a cómo se trata a personas con enfermedades mentales graves. "No basta con reconocer una condición psiquiátrica, hay que entenderla en toda su magnitud para evitar más tragedias", comenta Dr. Richard Loughlin, psiquiatra forense del distrito de Wellington.

La otra cara de la responsabilidad: los operadores del hostal

Cuatro personas más, relacionadas con la administración y operación del edificio, han sido acusadas de homicidio involuntario por presuntamente no cumplir con las regulaciones básicas de seguridad contra incendios. Las acusaciones, formuladas en junio del mismo año, implican que podrían haber evitado la tragedia si el hostal hubiera contado con medidas básicas como:

• Sistemas de detección de humo funcionales.
• Aspersores automáticos en una construcción con decenas de residentes.
• Salidas claras y señalizadas y entrenamientos contra incendios.

Las autoridades determinaron que el hostal no tenía aspersores instalados, y eso ni siquiera contravenía la ley, ya que los códigos edilicios no obligaban a edificios más antiguos a realizar modernizaciones de seguridad costosas. De hecho, docenas de hostales antiguos en Wellington fueron encontrados sin aspersores ni sensores de humo, revelando una falla sistémica.

Una crisis más allá del incendio: la vivienda en Nueva Zelanda

El incendio reavivó un debate urgente en el país: el estado de las viviendas de bajo costo, especialmente los boarding houses. Estos suelen albergar a los sectores menos favorecidos de la sociedad neozelandesa, incluidos ex convictos, personas con problemas de salud mental, personas sin hogar y trabajadores precarizados.

El reconocido NZ Herald reportó en un artículo reciente que más de 3.200 personas viven en alojamientos de este tipo a lo largo del país, muchos de los cuales operan con escasa supervisión estatal. "Estamos dejando a nuestros ciudadanos más vulnerables a su suerte. Lo que vimos en Loafers Lodge puede repetirse en cualquier parte si no actuamos ya", dijo Phil Twyford, parlamentario del Partido Laborista.

Se ha propuesto una nueva legislación que cree un registro obligatorio de boarding houses, imponiendo requisitos mínimos de seguridad y transparencia en la propiedad. Sin embargo, al cierre de esta edición, ningún cambio legal ha sido implementado.

El papel de la comunidad internacional

El debate neozelandés sobre la responsabilidad institucional y la salud mental no ocurre en el vacío. La tragedia ha sido mencionada en foros internacionales como el reciente debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde líderes de naciones pequeñas también han planteado la urgencia de mejorar las condiciones de vida como pilar de la justicia social universal.

Durante su intervención, la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, expresó: “Las Naciones Unidas deben ser una verdadera unidad de naciones. Realmente somos mejores juntos”. Un llamado que resuena con la necesidad de que países como Nueva Zelanda, considerados avanzados en muchos ámbitos, también lideren en dignidad habitacional y justicia reparadora.

Reflexión final: ¿es suficiente la justicia legal sin justicia social?

El veredicto del jurado —todavía pendiente al momento de escribir este análisis— será clave para definir la responsabilidad penal del acusado. Sin embargo, para muchos neozelandeses, incluso una sentencia de cadena perpetua no aliviará la sensación de que este crimen fue también un síntoma de una falla estructural mayor.

La combinación de salud mental no tratada, condiciones precarias de vida, negligencia institucional y rezagos legislativos ha resultado letal. Hasta que se enfrenten estas causas de fondo, Loafers Lodge quedará como recordatorio ardiente de que, a veces, la línea entre tragedia prevenible y crimen es más delgada de lo que parece.