Centros de datos gigantes: ¿progreso digital o amenaza para las comunidades rurales?

Una inversión colosal en el corazón de Luisiana

En medio de los campos agrícolas de Richland Parish, Luisiana, está surgiendo una de las construcciones más ambiciosas de la era digital: un centro de datos de $10,000 millones de dólares financiado por Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Este gigante tecnológico está erigiendo un campus que ocupará el equivalente a 70 campos de fútbol y que, según los expertos, consumirá diariamente más energía que toda la ciudad de Nueva Orleans durante el pico de verano.

Pero lo que parece una hazaña de ingeniería y desarrollo económico esconde un complejo entramado de cuestionamientos legales, sociales y medioambientales. Mientras las excavadoras trabajan sin parar y los negocios locales esperan una bonanza financiera, grupos de defensa del consumidor y ambientalistas alertan: ¿a qué costo se está logrando este "progreso tecnológico"?

¿Quién paga por tanto poder?

A fin de alimentar el centro de datos, Entergy —la principal compañía eléctrica — ha acordado construir tres plantas de gas natural capaces de generar 2,262 megavatios; esto representa alrededor de una quinta parte del suministro total actual de Entergy en Luisiana.

Según el plan aprobado por la Comisión de Servicios Públicos del estado, Meta cubrirá aproximadamente la mitad del costo de construcción de estas plantas durante 15 años. No obstante, los costos de mantenimiento y operación a largo plazo recaerán en otros actores del sistema eléctrico. Además, se construirá una línea de transmisión por $550 millones, cuyo costo será compartido por todos los usuarios conectados a la red eléctrica.

El comisionado Davante Lewis —el único en votar en contra del plan— expresó en una entrevista: “Hay información que deberíamos conocer y que simplemente no se ha transparentado”.

Confidencialidad y falta de transparencia

Uno de los aspectos más preocupantes es el grado de secretismo que rodea al acuerdo. Contratos firmados bajo estrictos acuerdos de confidencialidad han impedido que los reguladores divulguen detalles clave del convenio entre Entergy y Meta, incluyendo el consumo energético preciso del centro o qué porcentaje del financiamiento asumirá realmente Meta.

La abogada ambientalista Mandy DeRoche, de la organización Earthjustice, advierte: “No se puede seguir el rastro de los hechos, y mucho menos de los impactos positivos o negativos para la comunidad. Se está jugando con dinero público sin rendir cuentas”.

Otros estados toman medidas más estrictas

A diferencia de Luisiana, otros estados han empezado a adoptar regulaciones más sólidas ante la explosión de centros de datos hambrientos de energía. Algunos ejemplos:

• Pensilvania está creando una estructura tarifaria modelo para evitar que los costos de electricidad de centros de datos se trasladen a los usuarios residenciales.
• Texas implementó una ley apodada "kill switch" que permite a los operadores de la red reducir el consumo de centros de datos durante emergencias.
• Oregón ordenó revisar las tarifas eléctricas específicamente para centros de datos que podrían enfrentar precios más altos.
• Indiana evalúa la creación de subsidiarias energéticas enfocadas exclusivamente en centros de datos, lo que ha generado reclamos por operar fuera del marco regulatorio.

En contraposición, Luisiana ha sido más laxa. Un ejemplo es la aprobación de una ley que exime a Meta del impuesto sobre las ventas a partir de 2024, lo que podría significar pérdidas por decenas de millones de dólares al año para el estado.

Comunidades divididas ante la llegada de Meta

En el plano local, las emociones están encontradas. Algunos ven en la llegada de Meta una oportunidad histórica de desarrollo, mientras que otros temen las consecuencias de una dinámica boom-bust típica de los megaproyectos que, tras el auge inicial, dejan un vacío económico difícil de llenar.

El contratista Trae Banks, por ejemplo, ha triplicado el tamaño de su negocio desde la llegada de Meta. Y la propia compañía ha promocionado que invertirá $200 millones de dólares en infraestructura vial e hídrica, y en 1,500 megavatios de energías renovables en el estado. Sin embargo, inclusive estos nobles gestos tienen sus sombras.

En la localidad cercana de Delhi, su alcalde Jesse Washington ha visto de cerca el impacto social: aumento del tráfico, especulación inmobiliaria y expulsión de familias de bajos ingresos de parques de casas móviles para dar espacio a empleados temporales de Meta.

“Han puesto en apuros a muchas personas. Espero que al menos la gente de Delhi logre beneficiarse palpable y sostenidamente”, sentenció Washington.

¿El público asume los riesgos, y la empresa recoge las ganancias?

Ari Peskoe, director de la Iniciativa de Derecho Eléctrico de la Universidad de Harvard, afirma de forma tajante: “Las empresas tecnológicas deberían pagar hasta el último centavo. No se puede dejar al público con la factura si ocurre una fuga empresarial”.

La preocupación no es infundada: contratos como el de Meta pueden expirarse o no renovarse, dejando a los contribuyentes la carga de mantener infraestructuras costosas durante décadas. De hecho, las plantas tienen una vida útil estimada de 30 años. ¿Quién las pagará si Meta decide mudarse antes?

Inteligencia Artificial: la nueva fiebre del oro energético

La surge del interés en centros de datos se da en un contexto más amplio: el boom de la inteligencia artificial (IA). Servicios como ChatGPT de OpenAI, los modelos de lenguaje de Google o incluso los sistemas de recomendación de redes sociales requieren un poder computacional colosal. Ese poder computacional se traduce en consumo eléctrico masivo.

Un reporte de Boston Consulting Group estima que los centros de datos podrían representar el 8% del consumo eléctrico global para 2030, frente al 2% actual. En EE.UU., más de $200 mil millones están siendo invertidos en infraestructura para este tipo de instalaciones entre 2024 y 2027.

La pregunta es si los beneficios sociales, económicos y tecnológicos compensan los impactos negativos que podrían extenderse durante generaciones.

¿Qué medidas podría tomar la sociedad?

Si bien la llegada de metaempresas como Meta promete empleos (Meta estimó unos 500 empleos directos en Luisiana), muchos son temporales o técnicos, y no todos benefician directamente a la población local.

Para equilibrar la balanza, algunos expertos y defensores del consumidor proponen:

• Mayor transparencia: estados y reguladores deben publicar todos los costos asumidos por el público.
• Creación de tarifas específicas para centros de datos, que reflejen su alta demanda de energía.
• Exigir garantías contractuales a largo plazo con cláusulas de penalización si las empresas abandonan los proyectos.
• Evaluación ambiental y social independiente antes de aprobar nuevas instalaciones.

Del futuro digital al debate ético

Casos como el de Richland Parish nos obligan a reflexionar sobre los aprendizajes necesarios en esta nueva revolución tecnológica. Si bien los centros de datos son parte integral del futuro, debemos preguntarnos cómo asegurarnos de que no socavan los derechos de quienes viven en las comunidades que los albergan.

Las decisiones que hoy se toman a puertas cerradas determinarán si la revolución de la IA y la computación en la nube se construye sobre la equidad o sobre nuevas formas de desigualdad estructural. Porque mientras celebramos el progreso digital, no debemos perder de vista su costo humano y ambiental.