El oscuro imperio verde de Dineh Benally: cannabis, explotación y colapso ambiental en tierras navajas

En medio de la lucha por la legalización del cannabis en diversas partes del mundo, una historia en Nuevo México evidencia el lado más sombrío de esta industria emergente. Dineh Benally, un hombre de la Nación Navajo, ha aceptado su culpabilidad en quince cargos relacionados con una red de cultivo y distribución de marihuana ilegal que no solo tuvo efectos sociales y humanos nefastos, sino también un costo ambiental alarmante. Este artículo analiza en profundidad las implicaciones de su conducta y cómo sus decisiones impactaron comunidades, recursos naturales y a la propia imagen de iniciativas de soberanía tribal.

¿Quién es Dineh Benally?

Dineh Benally, de 48 años, nació y creció en la Nación Navajo. Aunque alguna vez fue visto como un líder con ambiciones políticas dentro de su comunidad –buscando incluso la presidencia de la Nación Navajo–, Benally ha pasado a encarnar un caso de corrupción, avaricia y explotación sobre tierras cultural y espiritualmente sagradas.

Su caso llegó a la luz pública en 2020, cuando autoridades federales y tribales realizaron redadas en sus operaciones ubicadas en el noroeste de Nuevo México. Aquello fue solo el principio del descubrimiento de una red mucho más ambiciosa y peligrosa.

Una red “verde” con cara internacional

Las investigaciones revelaron que el esquema criminal de Benally involucraba la construcción de más de 1,100 invernaderos para el cultivo de marihuana. Su infraestructura fue financiada principalmente por inversionistas chinos, mientras que los trabajadores también eran, en su mayoría, de origen chino y se encontraban en situación migratoria irregular en Estados Unidos.

La acusación no solo señalaba el cultivo ilegal de marihuana –prohibido en ese momento por la legislación tanto de la Nación Navajo como del estado– sino también la importación de pesticidas ilegales desde el extranjero, muchos de los cuales contaminaron el río San Juan, una fuente vital de agua en la región.

Explotación laboral y engaño

Uno de los aspectos más perturbadores de esta historia es cómo trabajadores fueron víctimas del engaño. De acuerdo a una demanda presentada por un grupo de trabajadores, varios de ellos fueron reclutados con la promesa de trabajos legítimos y condiciones adecuadas.

• Muchos fueron trasladados desde California y otras partes del país hasta la zona rural del noroeste de Nuevo México.
• Sus pasaportes les fueron confiscados a su llegada.
• Vivían en condiciones precarias, trabajaban hasta 16 horas al día y recibían salarios miserables.

En otras palabras, el negocio de Benally no solo violaba leyes ambientales y de drogas, sino también perpetraba una forma moderna de trabajo forzado.

Impacto ecológico incalculable

El uso de pesticidas no aprobados por autoridades estadounidenses llevó a una contaminación directa del río San Juan. Este río no solo tiene valor ecológico, sino también espiritual y práctico para los pueblos navajos, ya que abastece de agua a hogares, ganado y agricultura en la región.

Según los fiscales federales, el modelo de cultivo empleado por Benally era intensivo en agua y generaba residuos tóxicos sin el más mínimo cumplimiento de regulaciones ambientales.

Datos clave del operativo y cifras alarmantes

Las autoridades confiscaron durante las redadas el siguiente material de las plantaciones:

• 260,000 plantas de marihuana en el noroeste de Nuevo México (2020).
• 60,000 libras de marihuana procesada.
• 8,500 libras (3,855 kilogramos) adicionales en plantaciones cerca de Estancia, NM.
• $35,000 en efectivo.
• Pesticidas ilegales, metanfetamina, armas de fuego y un chaleco antibalas.

La envergadura de esta operación dejó perplejos incluso a los agentes federales que participaron en la investigación.

Consecuencias legales y posibles penas

En su acuerdo de culpabilidad, Benally aceptó los cargos que podrían llevarlo a enfrentar una pena mínima obligatoria de 15 años en prisión y una máxima de cadena perpetua.

Está previsto que la sentencia se anuncie en los próximos meses, y según expertos legales, podría establecer un precedente importante no solo para delitos relacionados con la marihuana, sino también por la explotación laboral y crímenes ambientales en tierras indígenas.

¿Dónde falló el sistema tribal?

Benally aprovechó lagunas regulatorias alrededor de la soberanía de las naciones tribales. La Nación Navajo, al igual que muchas otras, busca ejercer su autodeterminación en áreas como la salud, la educación y la economía, pero la falta de políticas uniformes respecto al cannabis ha generado zonas grises donde empresarios inescrupulosos pueden operar.

No obstante, la respuesta de la Nación Navajo fue firme: a través de su Departamento de Justicia, promovieron una demanda que resultó en la clausura del proyecto de Benally en 2020. Aun así, muchos señalan que ese proceso llegó tarde, cuando el daño ya estaba en gran parte hecho.

La industria del cannabis: ¿esperanza o trampa?

El potencial médico y económico de la marihuana ha provocado un boom de industrias legales en varios estados de EE.UU. y países como Canadá, Alemania y Uruguay. Sin embargo, los casos como el de Benally muestran que, sin una regulación clara y vigilancia adecuada, esta industria puede convertirse en un vehículo de abuso y criminalidad.

“Muchos defensores de la legalización ignoran que detrás del comercio ilegal sigue habiendo explotación laboral, tráfico internacional y contaminación ambiental”, comentaba recientemente Kevin Sabet, exasesor del gobierno de Obama en políticas sobre drogas.

¿Por qué importa este caso hoy?

Este caso tiene múltiples ramificaciones:

• Expone las vulnerabilidades de las tierras indígenas frente a nuevas formas de explotación.
• Muestra cómo el crimen organizado internacional puede camuflarse con discursos de legalización.
• Deja claro que sin redes de protección a trabajadores migrantes, la expansión de ciertos sectores económicos puede replicar modelos de esclavitud moderna.
• Llama a discutir el papel del gobierno federal en la supervisión de actividades económicas en territorio tribal soberano.

Mientras se espera la sentencia de Benally, el daño ya está hecho. Queda como lección para legisladores, activistas y pueblos originarios que la autonomía y el desarrollo económico deben ir acompañados de un fuerte sentido de responsabilidad social y ambiental.

Porque cuando el “verde” se convierte en codicia, poco queda de justicia social.