El polémico futuro de la educación pública en Florida: ¿salvación o sabotaje escolar?

Una reforma que sacude los cimientos del sistema educativo

Florida ha sido durante décadas el laboratorio nacional de las políticas educativas de corte conservador. Con el gobernador Ron DeSantis como abanderado de una reforma radical, el estado ha vuelto a despertar intensos debates tras aprobar nuevas reglas que permiten a las escuelas chárter —en particular las llamadas escuelas de esperanza— operarse físicamente dentro de instalaciones de escuelas públicas.

¿Qué significa esto en la práctica? Que una escuela financiada por fondos públicos pero gestionada de forma privada pueda compartir, sin coste alguno, espacios como aulas, comedores o áreas de recreo en un campus educativo mantenido por el distrito escolar público. Una medida que ha sido aplaudida por conservadores y severamente criticada por grupos defensores de la educación pública.

¿Qué son las 'escuelas de esperanza'?

El programa Schools of Hope fue creado en Florida en 2017 con el objetivo de ofrecer alternativas educativas a comunidades donde las escuelas públicas habían fracasado de forma recurrente. La lógica era sencilla: si un niño está atrapado en una escuela pública disfuncional, el Estado le ofrece una vía de escape hacia una institución mejor administrada por operadores privados, pero financiada con dinero estatal.

En 2023, Florida amplió el programa gracias a una ley avalada por DeSantis que permite a estas escuelas operar incluso dentro de escuelas públicas bien calificadas, a condición de que existan espacios infrautilizados.

Esta medida rompe con anteriores restricciones que limitaban la instalación de estas instituciones a zonas con bajo rendimiento académico. Ahora, podrán coexistir —o competir— dentro de casi cualquier comunidad educativa.

Una regulación con implicaciones masivas

Según las nuevas reglas aprobadas por la Junta de Educación de Florida, los distritos escolares deben ofrecer a estas escuelas privadas todo tipo de servicios: mantenimiento, seguridad, alimentación, enfermería, transporte y limpieza. Y todo, sin ninguna compensación económica.

“Todos los espacios comunes interiores y exteriores —incluyendo cafeterías, gimnasios, áreas de recreación, estacionamientos, espacios de almacenamiento y auditorios— deberán ser compartidos proporcionalmente según la matrícula estudiantil total”, declara la nueva normativa.

Una disposición que ha sido descrita por muchos como una intromisión en la gestión de los recursos públicos, convirtiendo a las escuelas tradicionales en anfitrionas involuntarias de sus rivales educativos.

Argumentos a favor: elección, competencia y calidad

Los defensores del plan sostienen que estas reformas buscan contrarrestar décadas de fracaso institucional en distritos escolares que han sido incapaces de garantizar educación de calidad. Para ellos, la presencia de operadores privados en el ecosistema público introduce una lógica de competencia que podría elevar el nivel educativo general.

La representante estatal republicana Jenna Persons-Mulicka lo expresó así en el pleno: “Tenemos operadores que desean brindar la mejor educación a estudiantes que han estado atrapados en escuelas donde no reciben una educación adecuada. Tenemos que darles esa oportunidad”.

El vicepresidente de la junta, Esther Byrd, fue aún más contundente: “Las escuelas de esperanza no serían necesarias si nuestro sistema de escuelas públicas hubiera hecho su trabajo desde el principio”.

Voces críticas: ¿una estrategia para colapsar lo público?

La medida ha sido tildada por no pocos críticos como un intento encubierto de desmantelar el sistema de educación pública. Entre las preocupaciones están:

• Desvío de fondos públicos hacia iniciativas privadas que no siempre rinden cuentas con la misma transparencia.
• Tratamiento desigual en términos de demanda académica, regulación y evaluación.
• Subordinación de las escuelas públicas, que ahora deben facilitar recursos a sus “competidores” sin recibir recursos adicionales.

India Miller, defensora de la educación pública, lo resumió con una analogía reveladora: “Es como pedirle a Home Depot que le dé espacio a Lowe’s dentro de su tienda y, encima, que pague sus costos operativos”.

¿Qué dicen los datos?

Estados Unidos ha vivido un incremento sostenido en el modelo chárter desde los años 90. Según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación (NCES), en 2020 las escuelas chárter atendían al 7% de los estudiantes de primaria y secundaria pública. En estados como Arizona o Florida, esa tasa supera el 15%.

Los resultados académicos son, sin embargo, mixtos. Un informe de 2023 del CREDO de la Universidad de Stanford encontró que muchos estudiantes en escuelas chárter tuvieron un rendimiento superior en matemáticas y lectura en comparación con sus pares en escuelas públicas tradicionales. Sin embargo, ese rendimiento era desigual entre regiones, y dependía ampliamente de la calidad del operador charter.

Además, estudios del Economic Policy Institute señalan que este tipo de escuelas tiende a excluir (intencional o no intencionalmente) a estudiantes con discapacidades, barreras lingüísticas o necesidades socioeconómicas más severas.

Un conflicto ideológico que sigue vigente

Lo que ocurre en Florida es una clara expresión del choque entre dos modelos de educación: uno que ve a la educación como un servicio público esencial que debe ser fortalecido colectivamente, y otro que propone la lógica del mercado como vía para optimizar resultados y eficiencia.

Para los seguidores del primer modelo, la expansión chárter es una forma de despojo institucional que debilita progresivamente a la infraestructura estatal. Para los defensores del segundo, representa una opción salvadora para estudiantes abandonados por un sistema inmóvil y burocratizado.

Lo que es innegable es que esta reforma puede tener repercusiones duraderas —no solo en la arquitectura escolar de Florida, sino en el propio discurso nacional sobre el derecho a la educación.

¿Una medida exportable al resto del país?

Con líderes conservadores en otros estados observando atentamente este experimento, no sería sorprendente que modelos similares comiencen a replicarse en lugares como Texas, Carolina del Sur o Tennessee. De hecho, la educación se perfila como uno de los grandes ejes del debate político de cara a las elecciones de 2024.

Organizaciones como American Federation for Children y Heritage Foundation han elogiado el enfoque de Florida y lo presentan como modelo de libertad educativa. Para sus detractores, sin embargo, este es solo un paso más hacia la privatización de un ámbito que debería servir al bien común.

La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿quién debe controlar el futuro educativo de nuestros hijos? ¿Las comunidades a través de sus autoridades públicas, o empresas privadas incentivadas por el lucro y la competencia?

La respuesta, aún incierta, dependerá —como casi siempre— de las urnas, las calles y los próximos capítulos legales del país.