Ta’Kiya Young y los peligros del racismo sistémico en la policía estadounidense

El disparo que terminó con dos vidas

El 24 de agosto de 2023, Ta’Kiya Young, una mujer afroamericana embarazada de 21 años, murió tras recibir un disparo de un oficial de policía en el estacionamiento de un supermercado en Blendon Township, Ohio. El hecho, captado en video y ampliamente difundido por redes sociales y medios de comunicación, provocó indignación nacional e internacional.

Ta’Kiya había sido sospechosa de haber intentado robar unas botellas de alcohol. Dos oficiales se acercaron a su vehículo. Uno de ellos se situó frente al parabrisas, mientras que el otro —según se describió en la denuncia federal— le ordenó salir del automóvil. Cuando Young comenzó a mover el vehículo hacia la derecha, este se desplazó hacia el oficial Connor M. Grubb, quien disparó a través del parabrisas.

Tanto Ta’Kiya como su bebé, que hubiera sido su tercer hijo, fueron declarados muertos en un hospital poco tiempo después.

El oficial Connor Grubb y la cultura de impunidad

Grubb fue acusado de asesinato, homicidio involuntario y agresión. Sin embargo, se ha declarado inocente a todos los cargos, y se espera que su audiencia judicial continúe esta semana. Lo que ha levantado mayor preocupación por parte de la familia de Young y defensores de los derechos civiles es el patrón de comportamiento que ha surgido tras investigaciones sobre Grubb.

Una demanda presentada por la familia Young resalta que este oficial ya había tenido múltiples “encuentros agresivos con miembros de la comunidad”, pero que nunca recibió sanciones formales ni supervisión significativa. Esto ha llevado a cuestionar de raíz la cultura institucional dentro del departamento de policía de Blendon Township.

Desproporcionada respuesta a un presunto delito menor

La muerte de Ta’Kiya Young pone de relieve un problema crónico en los cuerpos policiales de EE. UU.: la respuesta violenta ante sospechas de delitos menores, especialmente cuando los presuntos infractores son personas negras.

Según cifras del proyecto Mapping Police Violence, tan solo en 2023, más de 1,100 personas murieron a manos de la policía. De ellas, las personas negras representaron el 27% de las víctimas, a pesar de constituir solo el 13% de la población estadounidense.

“Sin verificación razonable ni investigación, los oficiales intensificaron imprudentemente su respuesta, tratando a Ta’Kiya como una criminal peligrosa pese a la naturaleza leve de las acusaciones”, sostiene la demanda presentada por su familia.

El contexto racial y los derechos constitucionales

La demanda federal presentada también apunta a una supuesta violación de los derechos constitucionales tanto de Ta’Kiya como de su hija no nacida. En este sentido, el caso ha resonado no solo por el carácter trágico de la escena, sino por lo que representa en un país donde la justicia sigue teniendo un sesgo racial sistémico.

“Este caso es emblemático del racismo estructural vigente en las fuerzas del orden estadounidenses. Cuando un procedimiento de rutina termina en un disparo letal contra una mujer embarazada, hay fallas demasiado profundas como para ignorarlas”, expresó en rueda de prensa Benjamin Crump, abogado conocido por representar a familias de víctimas de violencia policial.

¿Una falla del sistema o parte del sistema?

Más allá de la responsabilidad individual del oficial acusado, el caso ha destapado críticas hacia el sistema policial como un todo. La familia Young también ha demandado al jefe de policía John C. Belford y al municipio de Blendon Township, alegando que fallaron gravemente en supervisar y entrenar adecuadamente al oficial Grubb.

No es la primera vez que esto sucede. Casos como los de George Floyd, Breonna Taylor y Tamir Rice forman parte de una larga lista de episodios en los que la policía actúa con fuerza letal desproporcionada cuando se trata de ciudadanos negros.

Negligencia, racismo y desesperación

La familia de Ta’Kiya Young también presentó una demanda complementaria contra el oficial Grubb, la cadena de supermercados Kroger Company y uno de sus empleados, sosteniendo que hubo negligencia y conducta imprudente que derivó en su muerte.

El hecho de que un incidente vinculado presuntamente a un hurto menor pueda derivar en un asesinato multiplica las voces que exigen reformas profundas en los protocolos de intervención policial. “No debería morir nadie por unas botellas de licor. Mucho menos una mujer embarazada”, pronunció uno de los pastores comunitarios durante una vigilia.

Comparativa con otros casos similares

El caso de Ta’Kiya guarda similitudes alarmantes con el de Philando Castile, quien fue asesinado en 2016 por un oficial mientras intentaba comunicar que portaba un arma con permiso. También se parece al caso de Breonna Taylor, muerta durante una redada mal gestionada en su apartamento.

Lo preocupante es que, pese a las protestas, reformas locales y promesas de cambio tras las movilizaciones de Black Lives Matter, la violencia policial sigue cobrando vidas afroamericanas en condiciones cuestionables.

La doble pérdida: una madre y una hija

El elemento trágico del bebé no nacido agrava la emocionalidad y la crudeza del caso. Ta’Kiya estaba a punto de convertirse en madre por tercera vez. La demanda sostiene que su hija también fue víctima de una privación ilegal de derechos, lo que disparó un debate sobre derechos fetales en el marco de la violencia estatal.

“Estamos hablando de un doble homicidio”, declaró el abogado de derechos civiles Alphonse Olvera. “Incluso si se tratara solo de Young, esta sería una grave violación de derechos. Pero aquí se interrumpió otro proyecto de vida.”

Lo que se busca con la demanda

La demanda federal exige una compensación económica, pero también solicita una orden judicial que detenga las políticas, prácticas y costumbres que condujeron a este resultado fatal, incluyendo cambios estructurales en el entrenamiento de los agentes y en la cultura policial institucional.

“No se trata solo de justicia para Ta’Kiya y su familia. Se trata de que esto no le vuelva a pasar a nadie más”, expresó uno de los abogados defensores durante la conferencia de prensa.

Repercusiones y presión pública

Desde organizaciones de derechos humanos hasta miembros del Congreso, el caso ha movilizado presión pública. El representante Ayanna Pressley escribió en su cuenta de Twitter (ahora X): “Una sociedad que permite que mujeres negras sean ejecutadas por presuntos hurtos menores tiene una falla moral tan profunda como su sistema legal.”

También hubo protestas en Columbus y otras ciudades de Ohio, y se han convocado vigilias y marchas exigiendo reformas profundas.

¿Es posible una reforma real?

Los esfuerzos legislativos por modificar el uso de la fuerza policial han enfrentado gran resistencia política, especialmente en el Congreso. Proyectos como la Ley George Floyd de Justicia Policial han sido bloqueados repetidamente. Sin embargo, algunos estados han logrado frenar ciertas prácticas abusivas, como las detenciones por perfil racial o el uso de estrangulamientos.

La pregunta que ronda el caso de Ta’Kiya Young es si su nombre también se convertirá en otro emblema de lo que está mal en el sistema penal estadounidense, o si será el punto de partida de reformas reales y sostenibles.

Un legado forzado

La muerte de Ta’Kiya no solo representa la pérdida de una vida joven y una familia devastada; también constituye un ejemplo más del largo historial de impunidad que existe en las actuaciones policiales en comunidades negras.

Para muchos activistas, su nombre es ahora una consigna, un recordatorio doloroso pero necesario de que la justicia aún no llega para cientos de víctimas.

Este artículo es una mirada crítica sobre un caso judicial en proceso. Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio justo.