Vacunas, política y seguridad: el choque entre salud pública y poder en la era Trump

Un giro en la política de salud militar: vacunas opcionales para reservistas

En un cambio silencioso pero significativo, el Pentágono ha modificado su política referente a la vacuna contra la gripe. Ahora, los reservistas solo estarán obligados a vacunarse si se encuentran en servicio activo por más de 30 días. La medida, anunciada en un memo fechado el 29 de mayo por el vicesecretario de Defensa, Steve Feinberg, reduce los costos para el Departamento de Defensa al permitir que muchos reservistas no reciban la vacuna anualmente.

Además, se especifica que el Departamento ya no cubrirá los gastos de vacunación de reservistas o miembros de la Guardia Nacional que decidan inocularse fuera del servicio activo. Este cambio ha pasado desapercibido, pero fue resaltado cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, compartió un comentario en redes sociales celebrando el fin de la obligatoriedad.

“Ya no me obligarán a recibir la vacuna contra la gripe este otoño por el privilegio de servir a mi estado y nación en la Guardia Nacional”, escribió un usuario anónimo, cuya publicación fue amplificada por Hegseth sin comentarios adicionales.

Una tendencia inquietante: Salud pública bajo presión política

Este cambio en política de vacunación no es aislado. Forma parte de una tendencia más amplia de la administración Trump de reexaminar —cuando no debilitar— las recomendaciones de salud pública. Un panel de vacunación, recientemente renovado para incluir figuras con posturas anti vacunas, tomó la sorprendente decisión de no recomendar la vacuna contra la COVID-19 para ninguna persona en EE. UU.

Donald Trump ha sido un portavoz constante de opiniones sospechosas o directamente desmentidas por la ciencia. Entre sus declaraciones más polémicas figura la sugerencia de un vínculo entre el analgésico Tylenol, las vacunas y el autismo, una relación descartada por múltiples estudios científicos serios.

Más allá de la gripe: el asunto de las vacunas COVID-19 y las consecuencias políticas

Bajo la administración Biden, miles de soldados que se negaron a recibir la vacuna contra la COVID fueron separados del servicio. Desde 2023, se les permitió volver, pero solo 113 de los más de 8,000 expulsados optaron por hacerlo. La propuesta de pago retroactivo fue lanzada para incentivar el retorno, con resultados desalentadores: apenas 13 soldados habían reincorporado filas meses después.

Este contexto refleja una politización sin precedentes de la salud pública dentro de las fuerzas armadas, un tema que podría tener consecuencias para la preparación de defensa y la conciencia sanitaria colectiva de sus miembros.

La campaña judicial contra los adversarios del trumpismo: el caso James Comey

Mientras tanto, otro frente se abre en Washington. El Departamento de Justicia se prepara para presentar cargos contra el exdirector del FBI, James Comey, por supuestamente haber mentido ante el Congreso. Todo indica que el caso podría llevarse a un gran jurado en Virginia esta misma semana, días antes de que expire el plazo legal para presentar acusaciones.

Esta posible imputación revive la larga batalla de Trump contra el FBI y contra figuras clave en la investigación sobre la intervención rusa en las elecciones de 2016. Pese a que múltiples análisis confirmaron la interferencia de Moscú a favor de Trump, el expresidente ha tildado las pesquisas de “caza de brujas”.

En uno de sus posts recientes, Trump incluso reclamó directamente a la fiscal general, Pam Bondi —una leal aliada en su gabinete—, que acusara a Comey.

¿Un Departamento de Justicia politizado?

Estas acciones forman parte de un patrón más amplio: la creciente politización del sistema judicial federal. Cuando el fiscal de Virginia, Erik Siebert, renunció bajo presiones de la Casa Blanca, fue reemplazado por Lindsey Halligan, una asesora legal de Trump con poca experiencia en procesos penales federales pero una lealtad incuestionable al expresidente.

La preocupación crece entre juristas y exfuncionarios de que el Departamento de Justicia, tradicionalmente independiente, esté siendo utilizado para fines de venganza política más que de justicia.

Alerta máxima en instalaciones de ICE: ataques armados y vulnerabilidades evidentes

Mientras tanto, la violencia golpea a otro brazo del gobierno. Un ataque armado ocurrido en Dallas esta semana contra una oficina de ICE ha expuesto fallas severas en la seguridad de muchas sedes de inmigración. Desde azoteas descubiertas hasta muros bajos y accesos fácilmente vulnerables, las zonas críticas han sido un blanco fácil para agresores. El saldo del atentado fue trágico: un detenido muerto y dos heridos de gravedad, antes del suicidio del atacante.

John Torres, exdirector de ICE, afirmó: “ICE va a tener que revisar exhaustivamente la seguridad física de todas sus instalaciones. Esto fue un fallo enorme”.

Instalaciones tan dispares como una torre blindada en San Diego o un edificio compartido con un banco en San Antonio muestran la desigualdad en estándares de seguridad que caracteriza a estas agencias.

Una espiral peligrosa de ataques contra agencias federales

No es el único ataque reciente. En TEXAS, una serie de tiroteos ha involucrado tanto a instalaciones de ICE como a unidades de la Patrulla Fronteriza. El 4 de julio, múltiples agresores armados con chalecos antibalas atacaron un centro de detención, dejando varios agentes heridos. En otro incidente, un hombre abrió fuego con un rifle de asalto contra una camioneta que transportaba agentes.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó reforzar la seguridad en todo el país con medidas de emergencia. Y, como reacción inmediata, en Chicago se colocaron vallas perimetrales en centros de detención y procesamiento migratorio para evitar futuras tragedias.

Estados Unidos entre la desinformación, el autoritarismo y la violencia

Este conjunto de hechos —desde la retirada silenciosa del Pentágono sobre la vacuna de la gripe, hasta la cacería jurídica a exfuncionarios y ataques violentos contra agencias de inmigración— muestran a unos Estados Unidos sumergidos en una tensión institucional extraordinaria.

La convergencia de populismo, desinformación científica y polarización política representa un riesgo sistémico para la democracia del país. Los efectos siguen escalando: soldados divididos sobre recibir vacunas, abogados designados más por su lealtad que por su competencia, y fuerzas del orden convertidas en blanco de ataques internos.

Mientras de cara al 2024 se avizora una nueva carrera presidencial en la que figuras como Donald Trump buscan redefinir los límites del poder federal, cabe preguntarse: ¿en qué momento la institucionalidad perdió el control? Y, más importante aún, ¿cómo se puede recuperar?