¿Cierre de gobierno en EE. UU.? Lo que realmente implica y por qué se ha convertido en una rutina política

Una amenaza que se ha vuelto costumbre

En años recientes, los cierres del gobierno federal en Estados Unidos han dejado de ser situaciones extraordinarias para convertirse en eventos cíclicos. El último enfrentamiento entre Congreso y Casa Blanca gira nuevamente en torno al presupuesto, y aunque los votantes están cada vez más habituados a oír sobre la posibilidad de un shutdown, sus implicaciones son profundas.

Este año, la fecha límite es el 30 de septiembre. Los republicanos propusieron una medida de financiamiento temporal hasta el 21 de noviembre, pero los demócratas no han cedido. ¿La razón? Quieren revertir recortes en Medicaid impuestos en el proyecto de ley masivo aprobado este verano bajo la presidencia de Donald Trump y extender los créditos fiscales para facilitar el acceso al seguro médico a través de los mercados del Obamacare. Los republicanos califican eso como un "punto muerto".

¿Qué ocurre durante un cierre de gobierno?

Cuando el Congreso no logra aprobar leyes de financiamiento, muchas agencias federales deben cesar parcial o totalmente sus operaciones. Según la ley estadounidense, los empleados "no exceptuados" deben ser licenciados sin paga. Aquellos considerados "esenciales" —como agentes de seguridad, controladores aéreos o personal militar— siguen trabajando, pero tampoco reciben su paga hasta que el conflicto se resuelva.

Durante el cierre más largo en la historia del país, que duró 35 días entre 2018 y 2019, más de 800,000 trabajadores federales fueron afectados. De ellos, alrededor de 340,000 fueron furloughed (licenciados temporalmente). Aunque la ley actual garantiza que recibirán su salario retroactivamente tras el cierre, eso no alivia las tensiones financieras inmediatas que enfrentan muchas familias.

¿Qué funciones gubernamentales continúan?

Aunque muchas agencias cierran parcial o totalmente, numerosos servicios vitales siguen funcionando:

• Seguridad nacional: La CIA, el FBI, la TSA y otras agencias de seguridad siguen operando con normalidad.
• Correos: El Servicio Postal de EE. UU. no depende del presupuesto federal, por lo que no se ve afectado.
• Seguridad Social y Medicare: Pagos y servicios médicos cubiertos por estos programas aún se procesan y ejecutan.
• Veteranos: Centros de salud del VA y servicios funerarios se mantienen operativos.

Sin embargo, otros servicios no corren la misma suerte. Museos del Smithsonian, el Zoológico Nacional de Washington y parques nacionales pueden cerrar sus puertas, aunque en algunos casos se permite el acceso físico sin servicios complementarios.

La guerra presupuestaria en contexto

Desde la década de 1980, Estados Unidos ha experimentado al menos 21 cierres gubernamentales, la mayoría de corta duración. Pero en años recientes, han reflejado más que simples desacuerdos sobre el gasto: se han transformado en armas políticas.

El cierre de 2018-2019, por ejemplo, se produjo por la insistencia de Trump de conseguir fondos para construir el muro fronterizo con México. En ese momento, miles de empleados trabajaban sin paga. Algunos controladores aéreos incluso no se presentaron a trabajar debido al estrés y la fatiga, provocando la paralización de aeropuertos como el de La Guardia en Nueva York.

Según una encuesta de Pew Research Center, el 65% de los estadounidenses consideraron aquel cierre "innecesario" y responsabilizaron más al presidente que a los demócratas en el Congreso.

¿Una economía rehén de la política?

Cada vez que se avecina un cierre gubernamental, los mercados financieros tiemblan. Moody's Analytics estima que un cierre prolongado de más de un mes podría provocar una disminución del 0.2% en el PIB estadounidense. Además, el impacto en la confianza del consumidor y la eficiencia institucional genera desconfianza tanto entre ciudadanos como en socios internacionales.

Los economistas advierten que en un escenario de recesión técnica global, cualquier obstáculo político que detenga el gasto público puede tener efectos multiplicadores. “El gobierno es uno de los mayores empleadores y consumidores del país. Cuando se para, la economía lo siente”, señala Mark Zandi, economista jefe de Moody’s.

Decisiones controversiales y posibles despidos

En una medida sin precedentes recientes, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) del gobierno de Trump ha sugerido emitir notificaciones de despido —no solo licencias temporales— a los empleados cuyos programas no estén alineados con “las prioridades del presidente”.

Esto ha generado profundas críticas. Mientras historiadores y expertos en gestión gubernamental señalan que tales reducciones estructurales podrían desmantelar capacidades institucionales clave, sindicatos de empleados federales han denunciado lo que consideran un ataque sistemático al servicio civil.

Otras áreas impactadas: educación, transporte y salud alimentaria

Muchas agencias han publicado de forma anticipada sus planes de contingencia. Algunos ejemplos llamativos incluyen:

• Departamento de Educación: Una interrupción prolongada podría “limitar severamente” los flujos de caja hacia distritos escolares, universidades y agencias de rehabilitación vocacional.
• Administración de Parques Nacionales: La mayoría de instalaciones cerrarán, aunque algunas áreas físicas permanecerán accesibles sin servicios públicos.
• Administración Federal de Aviación: Detendría la contratación y entrenamiento de controladores aéreos, así como controles de seguridad de personal.
• Institución Smithsonian: Todos los museos, incluyendo el Zoológico Nacional, cerrarían al público.
• FDA: Las iniciativas de seguridad alimentaria solo abordarían amenazas inminentes. Prevención de enfermedades como la salmonella o el E. coli quedaría suspendida.

Una cultura institucional al borde del colapso

Con crecientes amenazas de reducciones de personal, cambios de prioridades presidenciales y recortes presupuestarios, la burocracia estadounidense corre el riesgo de desintegrarse sistemáticamente. El problema no es solo coyuntural: la tensión permanente hace que el gobierno sea menos atractivo para profesionales jóvenes, incrementando la brecha generacional dentro del servicio público.

Además, los cierres reiterados erosionan la moral institucional. Como señaló Paul Light, experto en administración pública de NYU, “el gobierno necesita estabilidad para funcionar. Cada cierre es un recordatorio de nuestra incapacidad de colaborar”.

¿Y ahora qué?

Con los partidos alejados de una solución común y negociaciones prácticamente estancadas, la posibilidad de otro shutdown se incrementa. La pregunta no es si habrá uno, sino cuánto durará y cuántas consecuencias dejará tras de sí.

Mientras tanto, millones de familias estadounidenses quedarán en un limbo laboral, programadores y científicos verán sus investigaciones paralizadas, y viajeros podrán enfrentarse a retrasos en aeropuertos o cierres de parques icónicos.

El cierre del gobierno no es solo un impasse político. Es una muestra tangible de un país dividido, donde el juego de poder ha reemplazado a la responsabilidad institucional.