El centro migratorio invisible de Broadview: una crisis de derechos humanos en suelo estadounidense

Una fachada abandonada, un infierno activo

En la apacible localidad de Broadview, un suburbio de apenas 8,000 habitantes situado a las afueras de Chicago, se levanta un edificio de ladrillo que, a simple vista, parece estar fuera de uso. Tablas de madera cubren las ventanas y no hay carteles visibles que indiquen alguna actividad oficial. Sin embargo, este inmueble es actualmente el epicentro de una creciente polémica: el centro de procesamiento migratorio operado por ICE (Immigration and Customs Enforcement), que, bajo la administración de Donald Trump, ha sido clave en una ofensiva federal de detención y deportación masiva.

Según activistas, familiares y políticos locales, lo que debería ser un centro temporal de procesamiento se ha convertido en un centro de detención de facto. No existen reportes oficiales sobre cuántas personas son retenidas allí, ni aparecen registros en las listas federales de centros de detención. Los testimonios, no obstante, describen condiciones inhumanas: espacio insuficiente para dormir, falta de comida, agua, atención médica, y la presencia de luces encendidas todo el tiempo que impiden el descanso.

Un “agujero negro” para los derechos civiles

Erendira Rendón, directora de The Resurrection Project, organización de ayuda legal a inmigrantes, lo define claramente: “Es un agujero negro. No puedes llamar ni hablar con nadie”. Han recibido solicitudes de ayuda de casi 250 personas detenidas únicamente en las últimas semanas. Algunas de ellas han permanecido en el centro hasta cinco días, a pesar de que la ley establece que la permanencia máxima debería ser limitada y solo para procesos administrativos.

Illinois presume de tener una de las legislaciones más estrictas de “santuario” en Estados Unidos. Desde 2019, el estado prohibió los centros de detención privados para inmigrantes, y en 2021 finalizó los acuerdos de cooperación entre cárceles locales y el gobierno federal. Por ello, ICE ha tenido que recurrir a estructuras como la de Broadview, que oficialmente no se reconoce como centro de detención, pero en la práctica está siendo utilizada como tal.

Políticos locales en pie de lucha

El congresista Jesús “Chuy” García, junto a otros demócratas de Illinois, intentó en junio realizar una inspección en el centro. No se les permitió el ingreso. “Nos dijeron que era un centro de procesamiento, pero hemos confirmado —por quienes han estado ahí— que es en realidad un centro de detención”, dijo García. “No es adecuado bajo ningún estándar legal ni humanitario”.

Las restricciones al acceso también han alcanzado a la alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, quien asegura que las actividades del centro sólo generan “miedo e incertidumbre” entre residentes. Peor aún, ICE instaló recientemente una valla metálica en la vía pública sin permisos municipales, en un intento por aislar el edificio de los manifestantes que protestan regularmente fuera del inmueble.

Detenciones, sufrimiento y deportaciones aceleradas

Detrás de los discursos políticos y las cifras está el drama humano. Brenda Pérez relató entre lágrimas cómo su esposo fue detenido por ICE cuando se dirigía a su trabajo como mecánico. Tardó días en saber que estaba en Broadview, al verlo de forma fortuita en un video difundido en redes sociales fuera del centro. Durante su breve comunicación telefónica, le contó que no podía dormir por el hacinamiento, y pasó 24 horas sin comer, recibiendo solo una botella de agua. Finalmente, fue trasladado a una cárcel en Michigan.

Giselle Maldonado, de 23 años, asegura que sus dos tíos fueron retenidos durante dos días en condiciones deplorables antes de ser deportados a Tijuana, México. “No los alimentaban bien, las luces estaban encendidas todo el tiempo, y no les daban agua si pedían. Firmaron sus papeles de deportación solo para salir de ahí”, aseguró.

Este tipo de prácticas ha hecho que activistas sugieran que el gobierno está convirtiendo estos centros en lugares deliberadamente hostiles, a fin de aplicar una política de "autodeportación,” donde el maltrato psicológico y físico lleva al detenido a desistir de su defensa legal.

Una comunidad en tensión constante

El pequeño cuerpo policial de Broadview, con apenas 25 agentes, ha tenido que asistir regularmente a ICE para controlar protestas. Manifestantes han bloqueado vehículos, y, en respuesta, agentes federales han utilizado gas pimienta y fuerza física. Guardias armados patrullan el techo del centro, mientras que los residentes miran atónitos cómo su pueblo se ha convertido en una zona de tensión federal.

La respuesta comunitaria ha sido clara: miedo, repudio y una creciente movilización. El Consulado General de México en Chicago ha intervenido en algunas ocasiones para proporcionar medicinas y facilitar ayudas legales, pero incluso su acceso es restringido. La cónsul Reyna Torres Mendívil confirmó que la situación se ha vuelto “sin precedentes y dolorosa para nuestra comunidad.”

Falta de transparencia y resistencia legal

Lo más preocupante es la opacidad del caso: ICE no ha permitido visitas ni ha respondido a múltiples solicitudes oficiales de información. El número de personas detenidas varía según reportes orales, y aunque federalmente existen controles sobre los centros de detención, Broadview no aparece en registros públicos como tal.

Se han comenzado a registrar acciones legales y revisiones de códigos de construcción por parte del municipio. La oficina del congresista García, al igual que múltiples ONGs legales, están documentando los testimonios en busca de demandar colectivamente al gobierno federal por violación a los derechos humanos y quebrantamiento de leyes estatales.

¿Una política diseñada para la invisibilidad?

Lo más grave es que este fenómeno no es aislado. Mientras Illinois no permite legalmente centros de detención migratoria, ICE ha buscado otros estados vecinos —como Wisconsin, Indiana o Kentucky— para ampliar su capacidad mediante acuerdos con cárceles locales. Esta estrategia deja en el limbo a inmigrantes que, sin haber cometido delitos, quedan atrapados en una red legal sin garantías constitucionales plenas.

Los activistas advierten que ocultar estas detenciones masivas en edificios sin identificación, con acceso restringido y ausencia total de supervisión, es un intento sistemático de invisibilizar una política destinada al miedo y a la presión psicológica. No hay mecanismos adecuados ni para rendición de cuentas ni para la atención de derechos básicos.

Un país dividido entre leyes estatales y poder federal

El caso Broadview evidencia la gran fisura entre estados que buscan proteger a sus habitantes inmigrantes y una autoridad federal que prioriza la deportación sobre el debido proceso. Las leyes santuarios, que buscan desacoplar la política penal estatal de la persecución migratoria, siguen siendo socavadas por prácticas extraoficiales que operan, literalmente, en las sombras.

Mientras tanto, cientos de personas —padres, madres, trabajadores, gente sin antecedentes criminales— son encerradas, invisibilizadas y expulsadas de un país que se autoproclama defensor global de los derechos humanos.

“No hay lugar para la indiferencia cuando se violan derechos humanos en nuestro propio territorio”, dijo Emily Shapiro, miembro de la coalición Mujeres Prisioneras de California, citando paralelismos entre Broadview y otros centros federales con historias de abusos sistemáticos.

Hoy Broadview no es solo un punto en el mapa. Se ha convertido en espejo de una nación que enfrenta su propio reflejo migratorio, y la pregunta que queda flotando es: ¿hasta cuándo?