El estilo ‘retributivo’ de Trump: ¿justicia o abuso de poder presidencial?
Del caso Comey a la presión sobre Venezuela y sindicatos federales: un análisis del uso del poder por parte de Donald Trump en su segundo mandato
El regreso de un presidente decidido a imponer justicia ... a su manera
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump ha vuelto con una estrategia de gobierno más agresiva y determinada. En discursos recientes ha dejado claro su lema actualizado: “Soy su guerrero. Soy su justicia. Soy su retribución”. Pero, ¿estamos ante una cruzada legítima contra la corrupción, o frente a un peligroso uso excesivo del poder presidencial?
El caso del exdirector del FBI James Comey y las recientes acusaciones de Trump hacia grupos liberales, sumado a iniciativas militares contra Venezuela, plantean una escalada preocupante. Esta estrategia intensificada de enfrentar y eliminar a sus opositores -reales o percibidos- ha comenzado a tomar tintes autoritarios según expertos y líderes políticos de diversas corrientes.
James Comey, el archienemigo político
Uno de los eventos más llamativos fue la imputación formal del exdirector del FBI, James Comey, por supuestamente mentir al Congreso en 2020. Comey ha sido un blanco constante de Trump desde que éste fue despedido durante su primer mandato. Pero esta vez, las circunstancias rodean la acusación de un ambiente de venganza personal más que de legalidad.
Según informes internos del Departamento de Justicia, varios fiscales de carrera expresaron dudas sobre seguir adelante con la imputación al no considerar sólidos los fundamentos legales. A pesar de ello, una gran parte del aparato legal ha sido reestructurado por el presidente, incluyendo la remoción del fiscal federal en Virginia y su sustitución por Lindsey Halligan, una abogada y leal colaboradora de Trump.
"Donald Trump ha dejado claro que transformará el sistema de justicia en un arma para castigar y silenciar a sus críticos”, dijo el senador Mark Warner (D-VA).
Antifa y organizaciones liberales: ¿terroristas domésticos?
En una jugada sin precedentes, Trump firmó un memorando que busca catalogar a grupos afines a movimientos progresistas como “organizaciones terroristas internas”. Aunque ya en su primer mandato había intentado declarar a Antifa como tal, ahora amplía el enfoque para incluir a ONGs y donantes relacionados.
La activista Caitlin Legacki, portavoz de Americans Against Government Censorship, denunció: “Esto representa un abuso significativo de poder, una reforma legal camuflada para poder investigar y castigar opositores políticos”.
El caso venezolano: amenazas, barcos de guerra y retórica incendiaria
A la par, Trump ha desplegado una flota de guerra frente a las costas de Venezuela, declarando que el gobierno de Nicolás Maduro actúa como puente del narcotráfico hacia EE. UU. Según el presidente:
“Estamos usando el poder supremo de nuestras fuerzas armadas para destruir redes de narcoterrorismo dirigidas por Maduro”.
Esta acción ha sido interpretada como una intimidación militar. El propio Maduro ha respondido con la “activación” de una milicia civil —la cual, asegura, cuenta con 6 millones de miembros— para responder a una posible intervención.
¿Real amenaza o espectáculo mediático?
Expertos como Brian Finucane, del International Crisis Group, aseguran que el número de buques y soldados desplegados no representa una amenaza suficiente como para ejecutar una invasión completa. Por otro lado, Mark Cancian, ex coronel del Cuerpo de Marines y ahora asesor en el CSIS, opina:
“Un ataque quirúrgico al ministerio de defensa venezolano no ayuda. Solo genera caos y un conflicto mayor innecesario.”
Lo alarmante son las declaraciones de Trump, como cuando amenazó a Caracas con un “precio incalculable” si no aceptan la repatriación de venezolanos desde EE. UU., incluyendo personas con historial penal o patologías mentales.
La campaña contra el Departamento de Justicia y otras instituciones
El patrón de acciones represivas no se limita a enemigos externos o adversarios políticos. También incluye represalias institucionales internas. El presidente tomó control de aspectos clave del Bureau of Prisons —la mayor agencia dentro del Departamento de Justicia— al eliminar unilateralmente el contrato colectivo con su sindicato, dejando a los trabajadores sin protección gremial.
El sindicato, que representaba a unos 35,000 empleados, ha sido descrito por la dirección como “un obstáculo para el progreso”. No obstante, esta decisión ignora el contexto real de sus labores: condiciones precarias, agresiones frecuentes e incluso el asesinato en 2023 de un supervisor luego de manipular correspondencia supuestamente contaminada con fentanilo.
Silenciar críticos y exfuncionarios: diplomacia vengativa
Trump también ha retirado la protección del Servicio Secreto a importantes figuras políticas, entre ellas su rival demócrata, Kamala Harris, y miembros de la familia Biden. A esto se suma la revocación de autorizaciones de seguridad legal a bufetes desfavorables y demandas millonarias contra medios de comunicación críticos.
Un caso simbólico fue la destitución de Maurene Comey —hija de James Comey— de su cargo como fiscal. La Fiscalía justificó su despido alegando “ajustes internos”, pero Maurene presentó una demanda alegando persecución política.
¿Hacia dónde está yendo el sistema judicial estadounidense?
En paralelo a su discurso nacionalista, Trump busca consolidar un poder judicial alineado con su visión. Eso implica presionar para investigar a figuras como Letitia James, fiscal general de Nueva York, o al senador Adam Schiff, ambos protagonistas de litigios pasados contra él. Incluso ha coqueteado con la idea de restablecer prisiones federales clausuradas como Alcatraz para albergar a “enemigos del estado”.
La línea que separa la justicia de la venganza parece cada vez más difusa. Mientras tanto, organizaciones como la American Civil Liberties Union y varios exfiscales federales advierten que el país podría estar al borde de una peligrosa transformación institucional si se normaliza el uso de las agencias federales como armas políticas.
¿Una repetición histórica?
Podríamos estar asistiendo a una repetición peligrosa de hechos del pasado. En la década de 1970, Richard Nixon fue forzado a renunciar por escándalos de abuso de poder (Watergate). Hoy, se teme que esas lecciones estén siendo ignoradas por muchos seguidores que ven en Trump a un “salvador” en medio del caos político y social.
Y, sin embargo, su base parece más motivada que nunca. A pesar de haber sido condenado por falsificar registros contables en su anterior mandato, y con múltiples procesos abiertos, su narrativa de “víctima del sistema” conecta de forma emocional con millones de votantes.
En palabras del propio Trump en 2023:
“Yo soy su voz. Yo soy su justicia. Para los traicionados, yo soy su retribución.”
Y ese —más que un eslogan electoral— parece ser un manifiesto de acciones.
