El juicio contra James Comey: ¿Justicia o venganza política?

Una bomba política que agita Washington

El reciente anuncio de la imputación de James Comey, exdirector del FBI, ha sacudido los cimientos políticos de Estados Unidos. Acusado de obstrucción de procedimiento criminal y de mentir al Congreso, la Fiscalía ha dado un paso histórico al iniciar un proceso legal contra un alto exfuncionario que fue pieza clave durante la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. ¿Se trata de la aplicación imparcial de la ley o estamos ante una vendetta política impulsada por Donald Trump?

El fiscal general, Pamela Bondi, fue tajante: “Nadie está por encima de la ley”. Y aunque en términos legales el caso gira alrededor de una supuesta mentira durante su testimonio en el Senado en 2020, lo cierto es que esta es solo la superficie visible de un conflicto mucho más profundo.

La enemistad Trump-Comey: una crónica de odios acumulados

Es imposible entender esta imputación sin observar los últimos siete años de confrontación personal entre Donald Trump y James Comey. El primero, en su calidad de presidente, despidió al segundo en mayo de 2017 en medio de la investigación sobre la interferencia rusa y su posible colusión con la campaña republicana. Desde entonces, las hostilidades mutuas no han cesado.

Comey plasmó su desprecio hacia Trump en “A Higher Loyalty”, su libro de memorias de 2018, en el que lo describe como un líder autocrático, impulsado por el ego y carente de valores institucionales. Trump, por su parte, no lo ha bajado de “slime ball” (imbécil repugnante) en redes sociales, además de acusarlo de traición en repetidas ocasiones.

¿Mentir al Congreso o una táctica para silenciarlo?

La acusación formal se centra en una supuesta mentira de Comey en su declaración ante el Senado. Según la imputación, negó haber autorizado que empleados del FBI fueran fuentes anónimas para medios de comunicación sobre investigaciones que involucraban tanto a Trump como a Hillary Clinton. La fiscalía considera que esto representa una obstrucción deliberada de procedimientos legislativos.

Pero ni el documento judicial ni los comentarios oficiales parecen esconder el trasfondo político del asunto. El propio Trump señaló en redes sociales que Comey estaba “al principio de rendir cuentas por sus crímenes contra la nación”.

¿Será este un caso más de justicia selectiva con motivaciones partidistas?

Daños colaterales: una familia bajo fuego cruzado

Los efectos de este caso no se limitan solo a James Comey. Su hija, Maurene Comey, fue despedida sin explicación oficial en julio de este año, luego de trabajar durante 10 años como fiscal federal en la prestigiosa Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. En su demanda contra el gobierno por despido inconstitucional, Maurene argumenta que fue blanco político por su apellido.

“Si se despide a una fiscal de carrera sin motivo, el miedo puede infiltrarse en las decisiones de quienes se quedan”, escribió en una carta a sus colegas.

Por si fuera poco, Troy Edwards, yerno de Comey y hasta hace unos días fiscal federal destacado en casos de seguridad nacional, presentó su renuncia tan solo minutos después de conocerse la imputación. Estaba en la primera fila del tribunal al momento del anuncio.

La figura polémica de James Comey y sus decisiones clave

Figura compleja y polarizadora, James Comey fue nombrado director del FBI en 2013 por Barack Obama. Pero su papel como funcionario se volvió especialmente controvertido durante las elecciones de 2016.

En julio de ese año, anunció que no se presentarían cargos contra Hillary Clinton por el uso de un servidor privado para correos oficiales, aunque criticó su actuación como “extremadamente descuidada”. Semanas antes de las elecciones, reabrió públicamente la investigación, algo que muchos analistas afirman pudo haber inclinado el resultado a favor de Trump.

Y fue justamente con Trump ya en la Casa Blanca, cuando las tensiones explotaron en privado y luego en público. En una tensa reunión en la Oficina Oval, Trump le pidió lealtad absoluta y que abandonara la investigación sobre su asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, según memos que luego Comey reveló a la prensa de manera indirecta.

El papel de la fiscalía: ¿justicia o presión política?

Que la fiscalía haya presentado la acusación justo antes de que venza el plazo de prescripción (cinco años) genera sospechas incluso entre juristas más moderados. Además, la imputación se produjo a los pocos días de que Trump reclamara públicamente la falta de cargos contra “sus enemigos”.

Un detalle relevante es que Lindsey Halligan, recién nombrada fiscal en Virginia del Este y quien firmó la imputación, fue puesta en el cargo tras la salida de su predecesor, que se negó a encausar tanto a Comey como a Letitia James, la fiscal general de Nueva York y otra figura enfrentada con Trump.

El exdirector del FBI, ante la prensa y en un video publicado en Substack, fue categórico: “Tengo fe en el sistema judicial federal... Soy inocente, que haya juicio”.

Mueller, Rusia y una investigación que desató terremotos

El telón de fondo de toda esta novela política es la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta colusión entre la campaña de Trump y el gobierno ruso. Aunque Mueller no halló pruebas concluyentes para cargos criminales por conspiración, sí documentó que el equipo de Trump dio la bienvenida a la interferencia rusa. Además, documentó al menos diez episodios de obstrucción de justicia potencialmente atribuibles al presidente.

Pese a ello, el Departamento de Justicia decidió no procesar a Trump mientras era presidente, amparándose en las políticas internas sobre inmunidad presidencial. Esto ha alimentado el resentimiento de Trump, quien ha buscado revertir los roles de victimario y víctima desde entonces.

Un patrón: castigo político a enemigos de Trump

La imputación de Comey no puede analizarse de forma aislada. Encaja en un patrón creciente de ataques legales contra figuras que han enfrentado públicamente a Trump. Desde fiscales hasta espías retirados, pasando por funcionarios de su gobierno que testificaron en su contra, muchos han sufrido represalias en forma de despidos, juicios o campañas de difamación.

Trump ha sido explícito al respecto. En su plataforma social, Truth Social, ha escrito decenas de mensajes exigiendo la “justicia total contra los traidores” y reclamando que “el pantano debe ser purgado”.

No es casual que este nuevo capítulo se produzca en medio de la campaña electoral hacia 2024, en la que Trump busca regresar a la presidencia bajo la promesa de “vengar la persecución contra los patriotas”.

¿Un punto de quiebre para el Departamento de Justicia?

Hasta ahora, las instituciones judiciales habían logrado mantener un cierto grado de autonomía respecto a los vientos políticos. Pero la imputación de Comey marca un punto delicado. Incluso con pruebas válidas, el marco político contaminado puede restar legitimidad al proceso.

Como advirtió el exfiscal federal Harry Litman en The Washington Post: “Procesar a un exdirector del FBI bajo presión política abre una peligrosa caja de Pandora que será difícil de cerrar”.

Por ahora, Comey se prepara para su juicio, arropado por su familia y por una legión de seguidores que lo ven como mártir institucional, mientras sus detractores celebran su caída como una señal de justicia. La historia dirá si este juicio fue un acto de rendición de cuentas… o la consagración del uso vengativo del poder judicial.