Once años sin justicia: Ayotzinapa, una herida abierta en la memoria de México

Ayotzinapa es más que un nombre o un lugar. En México, representa una herida que no cicatriza, una lucha constante por la verdad y la justicia y, sobre todo, un símbolo del sufrimiento de las víctimas de la impunidad estatal. En septiembre de 2025, se cumplieron once años desde la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un caso que ha generado una ola constante de indignación, protestas y reclamos tanto dentro como fuera del país.

La noche que cambió México

La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes fueron secuestrados mientras se dirigían en autobuses que habían tomado para asistir a una manifestación en la Ciudad de México con motivo del aniversario de la masacre estudiantil de 1968. Aquella noche, en Iguala, Guerrero, se perpetró uno de los crímenes más inexplicables y oscuros en la historia reciente del país.

Según la versión oficial inicialmente promovida por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto —conocida como la “verdad histórica”—, los estudiantes habrían sido entregados por la policía municipal al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes supuestamente los confundieron con miembros de un cartel rival. Esta narrativa fue cuestionada y finalmente refutada por múltiples organismos y expertos internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes identificaron manipulación de pruebas, tortura de testigos y desaparición de evidencia clave.

Las protestas del aniversario: rabia, fuego y exigencia

El 25 de septiembre de 2025, en vísperas del aniversario, manifestantes incluyendo familiares, estudiantes y colectivos sociales, realizaron una protesta frente a un campo militar en la Ciudad de México. Esta vez, a diferencia de marchas anteriores, la acción fue más contundente: un camión fue embestido contra las puertas del complejo militar y posteriormente incendiado tras lanzar fuegos artificiales hacia su interior.

Aunque no se reportaron heridos, el mensaje fue claro: la paciencia se agota. Las víctimas exigen resultados concretos del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia tras la salida de Andrés Manuel López Obrador. Si bien se ha removido al fiscal encargado y se han anunciado nuevas líneas de investigación, los familiares aseguran que no ha habido avances reales.

¿Crimen de Estado?

La gravedad de este caso quedó reflejada en las conclusiones de la llamada Comisión de la Verdad instaurada en 2022, que declaró oficialmente al caso Ayotzinapa como un “crimen de Estado”. En uno de sus informes más contundentes, se señaló que la desaparición, muerte y ocultación de los estudiantes fue orquestada con conocimiento y participación de autoridades locales, estatales y federales, incluyendo al Ejército Mexicano.

Esta afirmación no solo minó aún más la credibilidad de las instituciones, sino que fortaleció el argumento de los familiares: el encubrimiento ha sido sistemático y deliberado. Hasta la fecha, hay múltiples funcionarios militares y civiles detenidos, incluido un exprocurador general de la República, pero ninguna condena firme.

El papel del Ejército: entre la opacidad y las responsabilidades

Uno de los puntos más denunciados en los últimos años ha sido la reticencia del Ejército Mexicano a colaborar plenamente con las investigaciones. Familias y organizaciones denuncian que las Fuerzas Armadas no han entregado decenas de documentos clave ni han permitido entrevistas con oficiales señalados en el caso. Esto, sumado a la implicación directa que sugiere el informe del GIEI, ha desencadenado una ola de desconfianza hacia la institución castrense.

“Desde hace años estamos aquí parados, suplicando por información. Ellos (el Ejército) lo saben todo. Eso lo sabemos nosotros, y lo sabe todo México”, dijo Melitón Ortega, vocero de los padres de los estudiantes, durante la protesta del aniversario.

Restos encontrados y verdades parciales

De los 43 estudiantes, solo se han identificado científicamente los restos de tres de ellos: Alexander Mora, Christian Alfonso Rodríguez y Jhosivani Guerrero. La identificación se logró gracias al equipo argentino de antropología forense. Pero el paradero del resto continúa siendo una incógnita. Las fosas comunes halladas en los alrededores de Iguala solo han añadido más horror al caso.

El GIEI afirmó en su último informe —antes de abandonar el país por la falta de cooperación del gobierno— que hay evidencia de manipulaciones en las escenas de los crímenes y destrucción de archivos digitales. Muchos de estos archivos están en poder de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), que a día de hoy aún no los ha hecho públicos.

Un caso que no se olvida en la sociedad mexicana

Ayotzinapa no solo está presente en las calles —en grafitis, en mantas, en murales—, también lo está en las universidades, en las comunidades indígenas, en los foros de derechos humanos, en las redes sociales y en el arte. Documentales, canciones y producciones teatrales se han inspirado en este caso para mantener viva la memoria de los desaparecidos.

• Organismos como Amnistía Internacional y la ONU han exigido al gobierno mexicano que brinde acceso total a la información.
• Colectivos de madres buscadoras han incorporado el caso a su lucha nacional contra las desapariciones, que ya superan 110,000 personas desaparecidas según cifras oficiales.
• La presión internacional ha sido clave para mantener el tema en la agenda del gobierno, evitando su olvido total.

Once años después: ¿qué esperan las familias?

Después de más de una década, las familias no piden venganza. Piden verdad, justicia y reparación. Y, sobre todo, piden poder abrazar a sus hijos, aunque sea solo a través de la verdad sobre su paradero.

“Nosotros vamos a seguir, así pasen otros 11 años. Porque ellos siguen desaparecidos y seguimos sin respuestas”, expresó Doña Cristina Bautista Salvador, madre de uno de los estudiantes desaparecidos.

La presión parece crecer en lugar de disminuir, y el enojo de la sociedad mexicana con sus instituciones se profundiza. La actuación del nuevo gobierno será clave: o se toma un rumbo definitivo hacia la transparencia, o Ayotzinapa se convertirá en un monstruo más del pasado, como Tlatelolco, como Acteal, como tantas otras tragedias que la historia mexicana arrastra como losa.

La pregunta persiste, y cada año que pasa la hace aún más urgente: ¿Dónde están los 43?