El precio de la inclusión: Atlanta pierde millones por mantener programas de equidad

Atlanta, una ciudad reconocida por su legado en los derechos civiles, se encuentra nuevamente en el centro de una controversia nacional, esta vez relacionada con la diversidad e inclusión. La historia comienza en Hartsfield-Jackson International, el aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros en el mundo, cuyo compromiso con los programas de equidad lo ha llevado a perder al menos $37.5 millones en fondos federales.

¿Por qué Atlanta perdió esos fondos?

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), bajo una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, exigió que los contratistas y beneficiarios de fondos federales se desvincularan de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). Esta medida fue impuesta mediante una orden ejecutiva en enero, calificando ciertos enfoques de DEI como discriminatorios para otros grupos.

El 29 de julio, las autoridades del aeropuerto de Atlanta se negaron a firmar un acuerdo que certificara la inexistencia de programas DEI que violen leyes federales antidiscriminatorias. Como resultado, la FAA retuvo $57 millones en subvenciones, de los cuales se estima que $19 millones podrían liberarse el próximo año fiscal si Atlanta acepta la cláusula entonces.

Un legado de inclusión en el aeropuerto

Desde los años 70, Atlanta ha sido un referente en inclusión económica a través de su sistema de contratos gubernamentales. Fue el exalcalde Maynard Jackson, el primer alcalde negro de la ciudad, quien insistió en que se destinara al menos un 25% de los contratos del aeropuerto a firmas propiedad de minorías y un 10% a empresas propiedad de mujeres.

Ese gesto, que inicialmente paralizó un proyecto de expansión de $400 millones, acabó sentando las bases para convertir a Hartsfield-Jackson en el aeropuerto más transitado del mundo. Actualmente, el complejo lleva los nombres de Jackson y del exalcalde William B. Hartsfield.

Gracias a estos programas, Atlanta ha cultivado una reputación de ser una meca donde empresarios afroamericanos y de otras minorías pueden prosperar. En muchos sentidos, la capital de Georgia ha usado sus políticas de adjudicación como herramienta de justicia económica para las comunidades históricamente marginadas.

Millones en juego: ¿qué se pierde?

Los fondos federales bloqueados estaban destinados a renovar áreas claves del aeropuerto, incluyendo el recarpeteo de pistas de taxi y la renovación de baños públicos. Aunque el portavoz del alcalde indicó que menos del 10% del programa de construcción de seis años del aeropuerto depende de fondos federales, esos millones perdidos representan retrasos y ajustes logísticos importantes.

En el año fiscal que terminó en junio de 2024, el aeropuerto generó $989 millones en ingresos y $845 millones en gastos, según un informe financiero de la ciudad. Actualmente, cuenta con casi $1,000 millones en construcciones en curso.

Michael Smith, portavoz del alcalde Andre Dickens, dijo que el aeropuerto “buscará financiamiento alternativo para avanzar en estos proyectos sin afectar a los clientes ni proveedores de servicios”, aunque no especificó de dónde provendría dicho dinero.

¿Qué propone el alcalde de Atlanta?

Andre Dickens, quien es afroamericano y aspira a la reelección, se ha mantenido firme sobre los valores de representación e inclusión. Sin embargo, también expresó que está evaluando ajustes en los programas de DEI para asegurar la conformidad con la ley federal sin renunciar a los valores locales.

“La ciudad está evaluando todas las opciones para garantizar la alineación con nuestros valores consagrados, la política local y la ley federal, y confiamos en que el aeropuerto estará bien posicionado para recibir fondos federales en el futuro”, expresó Smith.

Ciudades que resisten el mandato federal

Atlanta no está sola en su resistencia al mandato federal de Trump. Otras ciudades como New York, San Francisco, Chicago, Boston y Minneapolis presentaron una demanda colectiva en un tribunal de Seattle alegando que dicha orden ejecutiva se extralimitaba, ya que imponía restricciones sobre subvenciones aprobadas por el Congreso.

Hasta ahora, un juez ha bloqueado temporalmente la aplicación de la orden ejecutiva solo para los gobiernos locales involucrados en esa demanda, dejando en el limbo a ciudades como Atlanta, que no forman parte del litigio.

Lo que está en juego: más que dinero

Este conflicto pone en el centro del debate nacional una pregunta fundamental: ¿merece una ciudad renunciar a principios de equidad racial y de género para asegurar fondos federales?

Los críticos de las políticas DEI argumentan que se trata de discriminación inversa o de una imposición ideológica que favorece unas identidades sobre otras. Sin embargo, los defensores sostienen que tales programas son una respuesta necesaria a desigualdades históricas aún vigentes, y que sin estas políticas la representación de minorías en contratos gubernamentales volvería a niveles mínimos.

Según el Brookings Institution, los programas de acción afirmativa en licitaciones públicas han elevado la participación de firmas afroamericanas y latinas entre un 15% y un 30% en diversas ciudades, mostrando un impacto tangible en la equidad económica.

Implicaciones para otras ciudades

La situación de Atlanta representa una posible prueba de fuego para otros gobiernos locales. A medida que el mandato federal se mantenga firme (si no es invalidado por la justicia), muchas ciudades deberán decidir entre seguir sus propios programas de inclusión o priorizar la estabilidad financiera a corto plazo.

En estados gobernados por conservadores, incluso sin la presión de Washington, se están desmantelando programas similares. Esto sugiere que lo que ocurre en ciudades como Atlanta puede marcar la pauta para un nuevo frente en la guerra cultural de Estados Unidos.

¿Hacia una revisión legal?

La batalla jurídica recién comienza. Atlanta podría incorporarse a la demanda que ya está en curso en Seattle o bien buscar una protección legal aparte. En cualquier escenario, las decisiones que se tomen afectarán no sólo el funcionamiento del aeropuerto sino también las políticas económicas y sociales de la ciudad.

Mientras tanto, el legado de Maynard Jackson sigue flotando sobre la ciudad. ¿Qué diría él sobre esta paradoja moderna, en la que defender programas inclusivos puede resultar en pérdidas multimillonarias, pero también en una reafirmación del compromiso de la ciudad con los más vulnerables?

En un tiempo donde la inclusión se ha vuelto una palabra política y polarizada, Atlanta parece haberse decidido: mejor perder millones, que perder el alma.