Florida, inmigración y la mano dura: ¿modelo nacional o ejemplo de discriminación?

Una política sin precedentes: la Florida de DeSantis y la era post-Trump

Desde hace cinco meses, el estado de Florida ha arrestado a más de 6,000 personas sospechosas de estar en el país sin autorización legal, convirtiéndose en una punta de lanza del enfoque agresivo de cumplimiento migratorio del expresidente Donald Trump —una política que parece continuar con entusiasmo bajo la administración estatal actual dirigida por el gobernador Ron DeSantis.

Este número supera incluso las cifras en ciudades con mayores concentraciones de población inmigrante, como Los Ángeles (5,000 detenciones en tres meses) o Washington D.C. (940 arrestos en un mes). La clave detrás de este aumento está en el uso ampliado de los contratos conocidos como acuerdos 287(g), que permiten a las policías locales colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Qué es el programa 287(g)?

El programa 287(g), parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996, había caído en desuso, pero fue reactivado durante la administración Trump. Permite que autoridades estatales y locales ejerzan funciones de agentes migratorios tras un proceso de capacitación.

Florida lidera la lista de estados con más entidades suscritas al programa, incluyendo agencias sorprendentes como el Departamento de Servicios de Lotería de Florida. Esta expansión ha motivado críticas por su aparente falta de relación con la seguridad migratoria y por la potencial criminalización arbitraria de personas basándose en perfiles raciales.

Operativos masivos y colaboración estatal

Recientemente, una operación conjunta entre autoridades locales, estatales y federales resultó en más de 350 arrestos en el centro de Florida durante solo cuatro días. Jeff Dinise, agente jefe del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza, calificó a Florida como el socio principal del gobierno federal en materia de migración: "Florida y nuestros alguaciles están incrustados en cada faceta de la seguridad nacional", afirmó.

No obstante, en un estado donde más del 23% de los residentes son nacidos en el extranjero y las industrias del turismo, la agricultura y la hospitalidad dependen significativamente de esa mano de obra, esta política plantea preguntas fundamentales: ¿Es una estrategia sostenible? ¿O está minando los cimientos económicos y sociales del estado?

Política polémica en terreno frágil

Los defensores de los derechos de los inmigrantes han condenado esta estrategia, argumentando que crea un clima de miedo y aumenta el riesgo de detenciones erróneas. De hecho, en múltiples ocasiones las autoridades en Florida han arrestado a ciudadanos estadounidenses por error durante paradas de tráfico destinadas a identificar trabajadores indocumentados.

Además, se han invertido cantidades significativas de fondos estatales en el desarrollo de centros de detención migratoria. Uno de ellos, ubicado en los Everglades de Florida y apodado “Alcatraz del caimán”, ha sido objeto de varias demandas federales por sus condiciones carcelarias precarias y su aislamiento geográfico.

El estado abrió recientemente un segundo centro de detención en una prisión estatal al este de Jacksonville, con un enfoque similar: albergar a los detenidos mientras enfrentan procesos de deportación o apelaciones.

Impacto humano: más allá de los números

Sara Rodríguez, abogada de inmigración en Miami, lamenta las implicaciones de estas estadísticas: "Estamos hablando de familias separadas, padres que no regresan a casa, niños traumatizados porque sus progenitores fueron detenidos camino al trabajo", asegura.

Ejemplos como el de María, una madre sin papeles que fue detenida en un operativo mientras llevaba a su hijo al pediatra, se han vuelto alarmantemente comunes. "Nos tratan como criminales, cuando lo único que queremos es trabajar y aportar", dijo en una entrevista para un medio local.

¿Qué dice la ley federal?

Legalmente, el gobierno federal es el único con autoridad plena para ejecutar leyes migratorias. Sin embargo, mediante los acuerdos 287(g), cede partes de esa autoridad a los gobiernos locales, lo que ha generado preocupación sobre la falta de supervisión y los posibles abusos.

Un informe del Southern Poverty Law Center (SPLC) señaló que los oficiales adscritos al programa en otros estados han sido acusados de violaciones de derechos civiles, incluidas prácticas de detención basadas en perfil racial y detención indebida de ciudadanos estadounidenses.

¿Florida como “modelo nacional”?

Algunos oficiales federales elogian a Florida como un modelo a seguir. Sin embargo, organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) insisten en que este modelo está basado en la persecución, no en la justicia. "No es equidad, es miedo lo que se está institucionalizando", dijeron en un comunicado público.

Aunque el gobernador DeSantis ha afirmado que esta política "protege a los floridanos", críticos replican que es una estrategia electoral que apunta a fortalecer su imagen ante las bases más conservadoras, alimentando la narrativa del “estado fuerte” frente a la inmigración irregular.

Implicaciones económicas y sociales

Florida depende, en gran medida, del trabajo inmigrante en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios. Según datos del Pew Research Center, más de 450,000 trabajadores indocumentados participan activamente en la economía del estado.

Organizaciones empresariales han empezado a alzar la voz. La Cámara de Comercio de Florida reportó una caída en la disponibilidad de mano de obra en zonas agrícolas desde la implementación de políticas más estrictas. "Se están podrido cosechas porque no hay suficiente personal para recolectarlas", mencionó Juan Márquez, representante de una asociación de agricultores en el centro de Florida.

Un futuro incierto

Para algunos sectores políticos, la estrategia de Florida podría expandirse a otros estados. Texas y Arizona ya han mostrado señales similares, mientras que estados santuario como California se oponen categóricamente a este enfoque represivo.

Se avecinan batallas legales y políticas. Organizaciones como Florida Immigrant Coalition han prometido enfrentarse legalmente a cualquier expansión del programa 287(g), mientras los tribunales evalúan las demandas por condiciones carcelarias inhumanas en centros de detención estatales.

Lo que está claro es que la inmigración en Florida se ha convertido en un campo de batalla ideológico, legal y humano.

Voces desde el terreno

• Lucía Rodríguez, voluntaria en una clínica legal en Orlando: “Los casos han aumentado 50% desde enero. Lo más duro es cuando vienen niños pequeños buscando ayuda porque no saben dónde está su mamá”.
• José Martínez, trabajador agrícola: “No tengo papeles, pero nunca he hecho daño a nadie. Trabajo, pago, no molesto. Hoy tengo miedo de salir de casa”.
• Marta Gómez, ciudadana estadounidense detenida por error: “Me humillaron frente a mis hijos, y cuando comprobaron que era ciudadana, nadie pidió disculpas”.

El debate continúa

¿Debe un estado asumir funciones federales a tal escala? ¿Cuál es el límite entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos? ¿Está Florida construyendo una política migratoria funcional u operando sobre una base de miedo y discriminación?

Esas son las preguntas que definen esta nueva era migratoria. Una era en la que los números ocultan historias humanas y la legalidad parecería chocar con la ética.

Mientras tanto, miles de familias siguen viviendo en la sombra, temiendo que cualquier llamada a la puerta sea la que cambie su vida para siempre.