Justicia o venganza: La politización del Departamento de Justicia en la era Trump

Un nuevo paradigma: juzgar sin buscar justicia

La justicia en Estados Unidos ha sido, durante décadas, un espacio que aspiraba a la imparcialidad, al debido proceso y a una doctrina simple pero poderosa: no se presenta un caso salvo que se esté seguro de poder ganar. Sin embargo, en los últimos años, esta filosofía parece estar cambiando. Bajo la administración de Donald Trump, ha surgido un patrón preocupante: el uso del sistema judicial no tanto para conseguir condenas, sino como medio de castigo extrajudicial —daño reputacional, costos legales, incertidumbre e intimidación— contra los considerados enemigos políticos del expresidente.

El caso más reciente y emblemático es el del exdirector del FBI James Comey. Su imputación, basada en una supuesta declaración falsa ante el Congreso, llegó justo antes de que expirara el plazo de prescripción de cinco años. Más allá del mérito legal, los críticos sostienen que el objetivo principal fue político: cercar a uno de los hombres más criticados públicamente por Trump desde su destitución en 2017.

¿Qué se le imputa a James Comey?

La acusación formal se centra en dos cargos por proporcionar información falsa al Congreso en 2020. Sin embargo, muchos dentro del Departamento de Justicia han expresado dudas sobre la solidez del caso. En un giro inusual, la fiscal Lindsey Halligan —exdefensora de Trump sin experiencia previa como fiscal federal— fue nombrada repentinamente al frente del caso.

Con esta decisión, se marginó a fiscales veteranos que habían estado al mando en investigaciones relacionadas, y se generó un ambiente de presión donde la renuencia a imputar sin causa suficiente puede ser motivo de remoción. Esta movida no solo dejó preguntas serias sobre la independencia del Departamento de Justicia, sino que también refuerza la noción de que se está usando el proceso judicial como un castigo en sí mismo, independientemente del resultado.

Un sistema diseñado para castigar sin condenar

Bruce Green, profesor de leyes en Fordham University y antiguo fiscal federal, lo resumió así: “Por décadas, la tradición ha sido que fiscales federales solo presentan casos cuando creen que pueden ganar. Eso, aparentemente, ha sido descartado”.

Este uso del proceso legal como castigo, incluso sin llegar a juicio o con la expectativa de perder, presenta una peligrosa erosión de los principios fundamentales del sistema judicial estadounidense.

Una doctrina de castigo sin culpa

Miembros del equipo de Trump han sido transparentes sobre su estrategia. Ed Martin, quien lidera el grupo interno de trabajo conocido como “weaponization working group” (grupo de trabajo para la instrumentalización del gobierno), afirmó en mayo: “Si pueden ser acusados, los acusaremos. Si no pueden ser acusados, los nombraremos. En una cultura que respeta la vergüenza, debe haber personas avergonzadas”.

Esta doctrina es particularmente peligrosa en un país cuyo sistema judicial presume la inocencia y cuya fiscalía debe probar, más allá de duda razonable, la culpabilidad de los acusados.

¿Justicia o venganza?

El propio Trump ha dejado en claro su deseo de ver a enemigos políticos enfrentar consecuencias legales. Mencionó que no busca venganza, sino “justicia” por lo que, según él, fue una persecución política durante su presidencia, especialmente con la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Pero sus constantes publicaciones y declaraciones apuntan más a una vendetta personal que a una búsqueda objetiva de justicia.

Peter Keisler, exfuncionario del Departamento de Justicia durante la presidencia de George W. Bush, observa un patrón claro de instrumentalización legal: “Si realmente se buscara condenar a alguien, el presidente no haría declaraciones públicas victimizándose y presumiendo sobre sus enemigos legales. Eso podría poner en riesgo la propia validez del proceso judicial”.

Cameos judiciales en nombre de la política

Comey no es el único en la mira. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el senador Adam Schiff también han sido objeto de investigaciones federales, las cuales no han resultado aún en cargos pero han generado preocupación por la politización del Departamento de Justicia.

Hasta la fecha, ninguno de estos funcionarios ha sido formalmente acusado. Sin embargo, el solo hecho de que estén siendo investigados bajo presión presidencial proyecta una sombra sobre la independencia judicial. Karoline Leavitt, portavoz de Trump, expresó el “legítimo enojo” del exmandatario porque aún no se han presentado más cargos.

El rol del poder judicial y las estrategias de emergencia

La Corte Suprema también ha sido clave para impulsar varios objetivos políticos de la administración Trump. Durante su presidencia, se utilizaron con frecuencia apelaciones de emergencia para obtener resultados favorables, incluyendo el congelamiento de $4.9 mil millones en ayuda exterior sin aprobación del Congreso. Esta acción fue posible gracias a una táctica poco tradicional, conocida como “rescisión de bolsillo”, que permite al presidente dejar expirar la financiación sin que el Congreso pueda actuar a tiempo.

Estas maniobras fortalecen una imagen de poder ejecutivo hipertrofiado, donde el presidente actúa sin contrapesos, cambiando reglas presupuestarias y judiciales según sus intereses políticos.

Una Casa Blanca sin frenos

La elección de fiscales sin experiencia, la presión política para iniciar causas sin base sólida y las declaraciones públicas que buscan minar la credibilidad de los acusados representan, en conjunto, una grave amenaza para el Estado de Derecho. Un sistema donde el proceso se convierte en el castigo mismo abre las puertas a abusos que van mucho más allá del caso Comey.

Keisler concluye con una advertencia: incluso alguien con la posición pública y los recursos de Comey debe enfrentar todo un juicio, con la presión psicológica, emocional y económica que conlleva, tan solo porque cayó en desgracia ante la Casa Blanca. “Y nadie —sabedor de su inocencia o no— puede afrontar un juicio criminal con completa serenidad”.

¿Una tendencia irreversible?

Lo que una vez fue impensable —usar cargos judiciales como armas políticas— se perfila como tendencia. El caso Comey es más que un juicio: es una alerta. Si el sistema legal de una de las democracias más antiguas del planeta es usado para intimidar, castigar y silenciar opositores, ¿qué puede esperar el ciudadano común?

Lo peor es que los procedimientos parecen estar diseñados no para vencer judicialmente, sino para quebrar moralmente. Se busca generar miedo, no justicia; obediencia, no equidad. Cuando funcionarios son removidos por advertir que no hay mérito legal, o se promocionan fiscales por su lealtad más que por su competencia, el Estado de Derecho se convierte en una herramienta peligrosa.

Estas prácticas socavan la confianza en la legalidad y la imparcialidad del sistema —pilares esenciales para cualquier democracia funcional—. Y, si perduran, el daño será profundo y duradero.