El caso sin fin: ¿Puede la justicia tardía reparar el daño irreversible?

Por décadas, la justicia estadounidense ha caminado una línea delgada entre castigar con severidad y errar con consecuencias irreparables. En 2025, Florida impone su liderazgo como estado con más ejecuciones, mientras miles recuerdan el caso de las niñas asesinadas en una heladería en Austin, Texas. Casos como estos reavivan un debate que parece no tener fin: ¿sigue siendo legítima la pena de muerte en una era de avances forenses y exoneraciones tardías?

Florida: implacable con los condenados a muerte

Con la ejecución número 12 realizada el pasado 17 de septiembre —de David Pittman, condenado por un doble asesinato—, Florida marcó un hito inquietante: lidera el país en número de ejecuciones en 2025. Una cifra que supera su récord anterior, ocho ejecuciones en 2014 desde que la Corte Suprema restauró la pena capital en 1976.

El gobernador Ron DeSantis ha programado tres ejecuciones más para este otoño, entre ellas la de Norman Mearle Grim Jr., de 65 años, cuya muerte por inyección letal está prevista para el 28 de octubre. Grim fue condenado por el asesinato de su vecina Cynthia Campbell en 1998. La violencia del crimen —incluyendo 11 puñaladas, múltiples golpes y una agresión sexual—, junto con pruebas de ADN presentadas en juicio, cimentaron una condena que se ha mantenido firme por casi 25 años.

Según datos del Death Penalty Information Center, en lo que va del año se han ejecutado 33 personas en todo EE.UU., superando las 25 del año anterior. A este paso, se espera que 2025 supere o iguale los 35 ajusticiamientos realizados en 2014, el año más activo de las últimas dos décadas.

Un sistema que castiga sin reparar

Mientras Florida acelera ejecuciones, otro caso reabre heridas profundas sobre la justicia imperfecta: el asesinato de cuatro adolescentes en un local de yogur en Austin, Texas en 1991. Durante años, la investigación brilló más por sus errores garrafales que por su eficacia.

Los cuerpos de Amy Ayers (13), Eliza Thomas (17), y las hermanas Jennifer (17) y Sarah Harbison (15) fueron hallados atados, amordazados y con impactos de bala en la cabeza. El local fue incendiado después del crimen, en un claro intento de eliminar pruebas. La brutalidad del acto conmocionó a la ciudad e impulsó una búsqueda desesperada por justicia, aunque ésta no llegaría sino hasta más de tres décadas después.

En 1999, basados en confesiones obtenidas bajo presión, se condenó a Michael Scott y Robert Springsteen, adolescentes al momento del crimen. Ocho años después, ambos fueron exonerados gracias a nuevas pruebas de ADN que descartaban completamente su implicación. En 2009, sus condenas fueron anuladas. Ningún culpable quedaba oficialmente vinculado al caso, hasta ahora.

El giro: un asesino serial desde la tumba

El pasado septiembre de 2025, las autoridades de Austin anunciaron que nueva evidencia genética apuntaba a un nuevo responsable: Robert Eugene Brashers, un violador y asesino serial ya fallecido. Su huella genética, recuperada mediante técnicas de genealogía forense avanzada, ha sido vinculada a múltiples crímenes cometidos entre 1990 y 1998, entre ellos el asesinato de una madre y su hija en Missouri y la violación de una menor en Tennessee.

Brashers murió en 1999 durante un enfrentamiento armado con la policía en un motel de Missouri. Sin embargo, su cadena de crímenes ha sido reconstruida en los últimos años gracias a nuevas tecnologías forenses y bancos de ADN poblacionales.

“Estoy muy apenada con cada familia que mi padre lastimó”, expresó Deborah Brashers-Claunch, hija del asesino, en una entrevista con el canal local KVUE-TV. “Sé que no es mi lugar pedir perdón, pero alguien tiene que decirlo, porque él no lo hizo nunca”.

¿Justicia o venganza?

Los casos de Grim y Brashers son reflejo de un sistema penal estadounidense profundamente polarizado. Por un lado, se ejecuta a criminales condenados con pruebas contundentes. Por otro, se libera con años de retraso a inocentes, mientras se descubren los verdaderos culpables cuando ya es demasiado tarde para imponer justicia.

La ejecución de Grim plantea un dilema moral: aunque su culpabilidad no es cuestionada, ¿debe el Estado consolidarse como el mayor ejecutor de sentencias de muerte si existen precedentes tan sonados de errores judiciales?

Organizaciones como Innocence Project han documentado más de 190 casos de personas condenadas a muerte en EE.UU. que luego fueron exoneradas gracias a pruebas genéticas. Y aunque la tecnología avanza, el sistema judicial parece seguir jugando al error irreparable.

No es justicia si llega tarde

La historia también pesa: desde el restablecimiento de la pena de muerte por la Corte Suprema en 1976, más de 1,500 personas han sido ejecutadas en EE.UU. Pero también más de 190 han sido exoneradas en el corredor de la muerte. Cada caso de condena revertida representa a alguien que pudo haber sido ejecutado injustamente.

La exoneración de Springsteen y Scott en Texas tardó 18 años. Si no fuera por los avances en análisis de ADN, su historia no habría tenido un final diferente al de tantos otros que murieron clamando inocencia.

Justicia del siglo XXI: ¿Punitiva o reparadora?

En medio de todo esto, América observa una paradoja: mientras más avanza la ciencia forense, más se demuestra que los juicios pueden fallar, y mientras más evidencias surgen de errores pasados, más estados reafirman su decisión de seguir ejecutando a quienes han sido juzgados.

¿Acaso hemos confundido justicia con venganza? ¿Qué propósito cumple una ejecución cuando muchas víctimas no reciben respuestas hasta décadas después?

La eficiencia punitiva de Florida debe analizarse junto con las historias de víctimas que nunca vieron justicia, como las familias de las chicas de Austin. Historias que siguen esperando el cierre emocional que nunca llegó cuando el sistema apuntó al inocente.

Quizás la justicia verdadera no sea la que ejecuta rápido, sino la que no se equivoca al hacerlo. Y hasta que eso no sea garantizado, la pena de muerte seguirá siendo una herramienta tan poderosa como peligrosa.