El pulso por el cierre del gobierno: ¿Jugando al límite de la democracia?

Una cuenta regresiva que sacude a Washington

El reloj no se detiene. En la capital de Estados Unidos, las tensiones políticas alcanzan nuevamente un nivel preocupante. A escasas horas de que se venza el plazo legal para financiar al gobierno federal, la posibilidad de un cierre administrativo se transforma en una amenaza inminente. El presidente Donald Trump ha convocado a los líderes del Congreso para una reunión de alto impacto, pero las discrepancias programáticas y la rivalidad entre partidos parecen alejar la posibilidad de un acuerdo.

¿Qué está en juego?

Mucho más que la continuidad institucional: millones de empleos federales, servicios esenciales y la percepción global sobre la estabilidad de la democracia estadounidense entran en la balanza. En el centro del conflicto se encuentran las demandas demócratas de ampliar subsidios de salud y revertir recortes a Medicaid que fueron aprobados en la reforma fiscal republicana anterior.

Los republicanos, por su parte, piden un simple parche temporal: extender la financiación actual por siete semanas, sin cambios ni añadiduras. «Esto no es el momento para negociar reformas sanitarias», advierten una y otra vez los líderes conservadores.

La salud como campo de batalla

Uno de los puntos álgidos del conflicto lo constituye el Affordable Care Act (también conocido como “Obamacare”). Los demócratas exigen una extensión inmediata de los subsidios que permiten a las familias de bajos y medianos ingresos comprar seguros de salud. Dichos subsidios expiran a finales de este año y, sin una prórroga, millones quedarían sin cobertura.

El líder del Senado Chuck Schumer declaró en PBS: «Este presidente no está capacitado si ni siquiera puede sentarse a negociar». Mientras tanto, Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, fue más enfático: «No vamos a doblegarnos solo para complacer».

Trump, Comey y una acusación con sabor político

En medio del caos presupuestario, otra bomba política estalló en Washington: la acusación penal contra James Comey, exdirector del FBI. El Departamento de Justicia lo ha imputado por perjurio y obstrucción, al supuestamente mentir ante el Congreso sobre su participación en filtraciones a los medios durante la investigación sobre Hillary Clinton y la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

«Sabemos desde hace años que oponerse a Donald Trump tiene costos», escribió Comey en redes sociales tras conocer la acusación. Lo que debiera ser un proceso judicial sereno, ya genera especulaciones sobre su uso político.

Una historia de tensiones no resueltas

Trump y Comey mantienen una disputa pública desde 2017, cuando el presidente lo destituyó de la dirección del FBI. Desde entonces, el exmandatario ha calificado a Comey como traidor, acusándolo de iniciar la “farsa rusa”: la investigación sobre posibles vínculos ilegales entre su campaña y el Kremlin.

Cabe recordar que el investigador especial Robert Mueller no halló pruebas suficientes para acusar a Trump de colusión criminal, aunque sí expresó que su campaña había «dado la bienvenida» a la ayuda rusa. Para los republicanos, esto confirma la tesis de una cacería de brujas; para los demócratas, fue una oportunidad desperdiciada.

¿Una jugada electoral?

El momento de la imputación reaviva sospechas sobre interferencia política en el sistema judicial. Justo días antes, el expresidente Trump instó a la fiscal general Pam Bondi a actuar contra Comey y otros opositores políticos. Poco después se conoció la acusación formal. ¿Coincidencia o estrategia?

El propio Trump celebró en redes sociales con un mensaje triunfante: «¡JUSTICIA EN AMÉRICA! Uno de los peores seres humanos que ha tenido este país es James Comey».

Un Congreso paralizado por las diferencias

A nivel legislativo, la polarización es total. Mientras Johnson y Thune, líderes republicanos en la Cámara y el Senado respectivamente, piden unidad para evitar el cierre, se niegan a incluir las reformas sanitarias que los demócratas consideran innegociables.

En contraste, Schumer insiste en que los recortes a Medicaid hechos en la reforma fiscal republicana no pueden dejarse pasar sin consecuencias. «Este país se deteriora con o sin el cierre, porque Trump actúa sin ley», afirmó.

Los riesgos de un cierre

En juego no solo están las políticas de salud. Un cierre federal significaría:

• Suspensión del salario para más de 800,000 empleados públicos.
• Cierre de parques nacionales y museos.
• Interrupción en pagos a contratistas y proveedores federales.
• Retrasos en trámites migratorios, fiscales y judiciales.

No es la primera vez que ocurre. Durante la administración Trump, en 2018-2019, el país vivió su cierro más prolongado de la historia, durando 35 días. Todo por la disputa sobre el financiamiento del muro en la frontera con México.

La presión desde las bases

Grupos activistas como MoveOn y Progressive Change Campaign Committee presionan abiertamente a los demócratas para que no cedan ante Trump. La directora ejecutiva de MoveOn, Katie Bethell, dijo: «La resistencia vibrante y pública del partido es necesaria para sobrevivir a este momento».

Sydney Register, del Progressive Change Campaign Committee, comparó ceder con «darle tu dinero del almuerzo al matón del colegio». Los votantes progresistas exigen líderes que luchen y no que negocien a costa de los más vulnerables.

¿Y ahora qué?

Mientras que los republicanos requieren al menos 60 votos en el Senado para aprobar una resolución de financiación sin modificaciones, los demócratas han anunciado su negativa a cooperar si sus demandas sobre salud no son escuchadas.

Algunos senadores como John Fetterman (D-Pa) podrían romper filas, pero la mayoría del bloque azul prefiere pagar el costo político a aceptar, como dicen, “el chantaje de Trump”.

Una democracia en juego

Más allá de la pugna partidaria, esta nueva crisis pone en relieve la fragilidad del sistema político estadounidense, donde ni siquiera un presupuesto básico puede negociarse sin amenazas, ataques y desgastes institucionales.

La democracia, coinciden analistas, no se mide únicamente con elecciones libres. También se mide con la capacidad de gobiernos funcionales para garantizar derechos, servicios y estabilidad. Si eso desaparece, lo que queda es el espectáculo del caos.

¿Será esta la pelea clave antes de las elecciones 2026?, ¿o simplemente otro capítulo más en la guerra sin tregua entre Trump y el “Estado profundo” que tanto ha demonizado?