Trump, ciudadanía por nacimiento y el poder presidencial: ¿crisis constitucional en marcha?

Un nuevo capítulo en la disputa por la ciudadanía por nacimiento

El expresidente Donald Trump, en su segundo mandato, ha intensificado su guerra institucional con el Congreso y los tribunales al intentar redefinir uno de los pilares históricos de la ciudadanía estadounidense: el derecho de nacimiento. La orden ejecutiva que firmó el primer día de su segundo mandato propone negar la ciudadanía a hijos de padres indocumentados o en situación temporal, contrariando más de 125 años de interpretación judicial de la Decimocuarta Enmienda.

La administración Trump ha solicitado a la Corte Suprema que respalde su intento de modificar el concepto de nacionalidad de forma unilateral, echando por tierra fallos previos que bloquearon su implementación y que reafirmaron la protección constitucional del llamado jus soli.

Esta movida judicial no solo busca revertir decisiones de tribunales inferiores, sino plantea una pregunta crítica para el país: ¿hasta dónde puede llegar el poder presidencial en la reinterpretación de derechos constitucionales fundamentales?

El legado de la Decimocuarta Enmienda

La Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, ratificada en 1868, surgió tras la Guerra Civil para garantizar que todos los nacidos en suelo estadounidense, especialmente los afroamericanos emancipados, tuvieran derecho irrenunciable a la ciudadanía.

Su cláusula más célebre expone: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del Estado en el que residan". Esta disposición ha sido considerada sagrada en la jurisprudencia del país desde entonces.

Trump, sin embargo, argumenta que los hijos de extranjeros ilegales no están "sujetos a la jurisdicción" del Estado, y por tanto no serían ciudadanos automáticos. Esta interpretación ha sido rechazada rotundamente por múltiples tribunales federales.

Implicaciones legales y posibles consecuencias

De ser aceptada la visión de Trump por la Corte Suprema, cientos de miles de niños podrían perder su ciudadanía o nunca obtenerla. Además, sentaría un precedente que permitiría a futuros presidentes alterar por decreto lo que antes requería una reforma constitucional o, al menos, un consenso legislativo.

El abogado de la ACLU (American Civil Liberties Union), Cody Wofsy, ha calificado tajantemente la medida como "claramente inconstitucional, sin lugar a dudas". Mientras tanto, el gobierno argumenta que este cambio fortalecerá la seguridad fronteriza.

Una estrategia más amplia: control presupuestario como arma política

Pero esta orden sobre la ciudadanía no es un caso aislado. Va acompañada de una tendencia creciente en el segundo mandato de Trump: el uso agresivo del poder presidencial para modificar el funcionamiento interno del gobierno federal.

Desde enero, la Casa Blanca ha detenido, reducido o eliminado decenas de programas financiados por el Congreso. Entre los afectados están:

• Programas educativos como Head Start
• Becas para investigación médica del NIH
• Fondos para museos, bibliotecas y proyectos de infraestructura
• Asistencia alimentaria y de emergencia del FEMA

Según estimaciones del Congreso, hay hasta $410 mil millones en juego, en lo que muchos especialistas consideran el mayor desafío al proceso presupuestario desde la presidencia de Nixon.

Viola Trump la ley del presupuesto federal?

La ley que regula el gasto federal, la Ley de Control de Embolsos (Impoundment Control Act), fue promulgada en 1974 precisamente para evitar situaciones como la actual. Esta norma limita la capacidad del Ejecutivo para retener fondos aprobados por el Congreso. Exige al presidente:

• Notificar formalmente al Congreso cualquier intento de anular desembolsos
• Esperar una aprobación legislativa en 45 días

Y sin embargo, Trump ha buscado bordear estas reglas mediante rescinds o programas de recorte exprés que buscan eliminar fondos por inacción congresional (llamadas "rescisión de bolsillo").

“Ahora, por primera vez en 50 años, el presidente está usando su autoridad bajo la Impoundment Control Act para desplegar una rescisión de bolsillo”, dijo el comunicado de la Casa Blanca a finales de septiembre.

Esto ha sido criticado duramente por la senadora Susan Collins, republicana de Maine y presidenta del Comité de Apropiaciones del Senado, quien sentenció que este esfuerzo sería una clara violación de la ley.

El Proyecto 2025 y la “revolución burocrática”

Detrás de gran parte de esta cruzada está Russ Vought, exdirector de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y autor de una visión estratégica conocida como Proyecto 2025, una guía para un gobierno altamente centralizado bajo control presidencial.

Vought cree que el verdadero reto del conservadurismo moderno es “la necesidad existencial de usar agresivamente los vastos poderes del Ejecutivo” para romper con las inercias burocráticas. En un artículo reciente expresó: “Se requiere audacia para doblar o romper la burocracia a la voluntad del presidente”.

Esta filosofía subyace tras las decisiones de paralizar pagos federales, despedir a burócratas e imponer una nueva lógica autoritaria de gobierno centralizado en la figura presidencial.

Tensión internacional: el caso Petro

En paralelo, las políticas de Trump están deteriorando relaciones históricas. La más reciente controversia con Colombia es reveladora. Tras una declaración incendiaria del presidente colombiano Gustavo Petro, pidiendo a los soldados estadounidenses desobedecer órdenes consideradas inmorales, el Departamento de Estado estadounidense revocó su visa.

Petro protestaba en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, repudiando la guerra en Gaza y el rol estadounidense en ella. Su llamado activó una respuesta diplomática sin precedentes para un mandatario en visita oficial.

Petro respondió con desprecio, recordando que es también ciudadano europeo y no necesita visa para ingresar a EE.UU. Aun así, el gesto refleja un giro autoritario y revanchista desde la Casa Blanca hacia aliados históricos. El conflicto sumó tensión a una relación ya golpeada por fricciones sobre deportaciones forzadas, cooperación antidrogas y reducción de ayudas externas.

¿Estamos ante una inflexión presidencialista?

La acumulación de decisiones unilaterales —desde modificar la ciudadanía por nacimiento, detener fondos federales, hasta sancionar mandatarios extranjeros— plantea una pregunta crítica para la democracia estadounidense: ¿está reconfigurándose el equilibrio de poderes a favor de un Ejecutivo hegemónico?

El estudioso Kevin Kosar, del American Enterprise Institute, cree que estamos viviendo “el punto más alto del poder presidencial en el control del gasto público”. A diferencia de otros presidentes que debatían con el Congreso, Trump simplemente bloquea ejecución presupuestaria sin negociar.

“Las reglas ya no aplican como antes”, sintetiza Kosar con alarma.

Si la Corte Suprema termina validando la restricción del derecho de nacimiento, y si se normalizan estos usos del poder ejecutivo sobre los recursos federales, Estados Unidos podría entrar en una era de hiperpresidencialismo donde el Congreso y el poder judicial serían figuras decorativas frente al inquilino de la Casa Blanca.

Las semanas y meses que se avecinan serán decisivos no solo para la política migratoria y presupuestaria del país, sino para la salud de su institucionalidad democrática.