El puente incendiado: cómo la intervención federal de Trump redefine el orden interno en las ciudades de EE. UU.

¿Defender la ley o militarizar las ciudades?

En los últimos días, el panorama político y social de Estados Unidos ha vuelto a encenderse, tras la orden del expresidente Donald Trump de enviar tropas y agentes federales a varias ciudades bajo el argumento de proteger instalaciones gubernamentales y responder a protestas que, según él, se han tornado violentas. Portland, Chicago y Memphis son los nombres que resuenan como foco de esta ofensiva federal. ¿Qué hay detrás de esta estrategia? ¿Es legítima? ¿O estamos ante una peligrosa escalada en la militarización del mantenimiento del orden público? Este artículo es un análisis profundo que busca entender no solo los hechos concretos, sino el mensaje político y las implicancias constitucionales de una medida que ha polarizado al país.

Portland: el eterno campo de pruebas federales

Desde mediados de la década de 2010, Portland, Oregón ha sido un escenario recurrente para movilizaciones ciudadanas de izquierda, antirracistas y anticapitalistas. Este carácter contestatario ha hecho que Trump, ya en su mandato anterior, fijara la mirada en la ciudad para demostrar la supuesta inacción de gobiernos demócratas en el control del orden público. Trump anunció recientemente que proporcionará “todas las tropas necesarias para proteger el Portland devastado por la guerra”, en clara alusión a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), blanco frecuente de las protestas. La gobernadora demócrata Tina Kotek reaccionó de inmediato, denunciando el “abuso de autoridad” de Trump: “No hay insurrección. No hay amenaza a la seguridad nacional”. Según datos del Departamento de Policía de Portland y del FBI, los enfrentamientos recientes se mantienen menores en comparación con los disturbios de 2020. Sin embargo, los agentes federales ya han intervenido de forma violenta, dejando heridos tanto en sus filas como en los manifestantes.

Chicago: las calles de Broadview en el ojo del huracán

En Broadview, suburbio al oeste de Chicago, se producían desde inicios de mes protestas contra operativos del ICE. El viernes, una escena preocupante envolvió a unas 100 personas que manifestaban pacíficamente: gases lacrimógenos y balas de pimienta fueron disparadas por agentes federales tras el intento de los manifestantes de bloquear el paso de vehículos oficiales. La alcaldesa de Broadview denunció ante medios locales que la actuación de los agentes puso en grave riesgo a la policía local, bomberos y residentes. Activistas han sostenido que el edificio del ICE en Broadview opera como centro de detención informal con condiciones cuestionables. Estas escenas son parte de un conflicto más amplio sobre el trato a los inmigrantes que tiene resonancia nacional, especialmente con una administración republicana que ha endosado política de “tolerancia cero”. No es la primera vez que Trump amenaza con enviar la Guardia Nacional a Chicago. Ya lo hizo en su presidencia anterior tras el aumento de la violencia local, una estrategia que busca usar el crimen como justificación de presencia militar.

Memphis: ¿intervención preventiva o politización del crimen?

Memphis, Tennessee, presenta una situación diferente pero no menos complicada. Con recientes mejoras en sus índices de criminalidad —incluyendo menores niveles de homicidio y robo—, aún arrastra reputación como una de las ciudades más peligrosas del país. Trump anunció que se creará un grupo federal especial para combatir el crimen en Memphis, que incluirá a miembros de la Guardia Nacional y de agencias como ICE y DEA. El gobernador republicano Bill Lee ha dicho que, si bien espera la presencia de 150 soldados, estos no estarán armados ni harán detenciones sin aprobación local. El anuncio genera tensión dentro de la comunidad latina de la ciudad: “Nos preocupa que utilicen esto como una excusa para perseguir legalmente a personas simplemente por su aspecto o por hablar español”, expresó María González, activista local.

La Constitución en juego: ¿Qué tan legal es enviar tropas federales?

La medida de enviar tropas sin la solicitud de autoridades estatales o locales ha generado un electrizante debate constitucional. La Enmienda X limita el poder federal sobre los estados, y la Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe el uso del Ejército para tareas policiales internas sin la debida autorización. Aunque Trump intenta escudarse en la protección de instalaciones federales, el uso de tropas para controlar protestas civiles se acerca peligrosamente a terrenos autoritarios, según observadores legales. El Departamento de Defensa aún no ha emitido detalles claros, lo cual aumenta la incertidumbre.

¿Qué dicen los números?

Algunas estadísticas nacionales pintan un cuadro más matizado:

• Portland ha reducido en un 18% sus crímenes violentos respecto al año pasado, según el FBI.
• En Memphis, los homicidios descendieron un 12% en comparación con el mismo período de 2023, de acuerdo con la Policía local.
• Chicago logró una baja del 7% en crímenes violentos en el último trimestre, según cifras estatales.

Estas cifras contradicen parte de la narrativa promovida por Trump sobre un país “arrasado” y sumido en el caos. Más bien, refuerzan la perspectiva de que cada ciudad está experimentando procesos locales particulares que no ameritan intervenciones de tipo militar sin consenso.

¿Estrategia electoral?

El telón de fondo de estas decisiones federales parece ser electoral. Trump ha cimentado su imagen como el “presidente de la ley y el orden” desde su primera campaña y no ha dejado de explotar la narrativa de que las ciudades gobernadas por demócratas viven en el caos. Esta nueva ofensiva podría ser una estrategia para reactivar su base electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, expertos como el politólogo Charles Kupchan de la Universidad de Georgetown advierten: “Está usando la fuerza federal como herramienta propagandística. Es riesgoso, innecesario y políticamente divisivo”.

Reacciones en las calles: manifestaciones y resistencia

En Memphis, decenas de ciudadanos se reunieron frente al Ayuntamiento con pancartas como “Menos tanques, más libros” y “Ni una tropa más en mi ciudad”. En Portland, uno de los principales lemas ha sido “La ciudad no está en guerra”. En Broadview, familiares de detenidos en ICE exigieron transparencia y respeto a los derechos humanos. Líderes comunitarios en las tres ciudades coinciden en que lo que se necesita no son operativos militares, sino más inversión en servicios sociales, salud, educación y programas juveniles.

Un precedente peligroso

Durante su presidencia, Trump ya había utilizado esta táctica. En 2020, durante las protestas por la muerte de George Floyd, el gobierno federal desplegó el operativo “LeGend”, que colocó agentes del FBI, DEA y ATF en ciudades como Kansas City y Albuquerque. En ese entonces, los gobernadores también protestaron formalmente. La actual repetición de estrategia apunta a consolidar una doctrina autoritaria de manejo del orden interno basada en fuerza bruta antes que negociación política.

El silencio del Departamento de Defensa

Hasta el momento, el Pentágono se ha limitado a decir que “proporcionará información en cuanto esté disponible”. La portavoz de la Guardia Nacional de Oregón dejó claro que cualquier despliegue necesita estar solicitado y coordinado con las autoridades estatales. La falta de transparencia alimenta temores en organizaciones como ACLU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, todas las cuales han emitido comunicados expresando su “preocupación extrema por el posible uso excesivo de fuerza y violaciones de derechos civiles”.

Una nación dividida

La situación ilustra con claridad la división ideológica que atraviesa EE. UU.: de un lado, quienes creen en la intervención federal como respuesta a problemas locales; del otro, quienes ven en esas acciones un grave atropello al federalismo y a la autonomía municipal. Lo cierto es que, en medio de elecciones, protestas y estrategias de seguridad, los derechos civiles vuelven a estar en la cuerda floja. Y la pregunta ya no es si Trump puede enviar tropas, sino si puede seguir haciéndolo sin consecuencias más profundas para el sistema democrático estadounidense.