¿Está EE.UU. condenado a vivir en la cuerda floja? El drama cíclico de los cierres de gobierno

La política estadounidense ha normalizado lo impensable: cerrar el gobierno federal. Casi como si fuera una tradición anual, demócratas y republicanos se enfrentan sistemáticamente en una lucha de poder que tiene como rehenes a los trabajadores públicos y a la ciudadanía. Y si bien los cierres de gobierno son descritos una y otra vez como 'ruinosos' e 'inútiles', pareciera que pocos están dispuestos a evitar que ocurran.

Un patrón destructivo en la política estadounidense

Desde los años 70, Estados Unidos ha sufrido múltiples cierres del gobierno ― más de 20 en total. Estos ocurren cuando el Congreso no logra aprobar un paquete de gastos o cuando el presidente no lo firma. Pero más allá del tecnicismo, representan el fracaso total del sistema para cumplir con su función básica: financiar al gobierno federal.

El primer cierre técnico que realmente paralizó la actividad gubernamental se produjo en 1980, luego de una opinión legal del entonces fiscal general Benjamin Civiletti, quien estableció que ningún organismo podía operar sin aprobación presupuestaria. Desde entonces, cada cierre ha tenido consecuencias más graves y trágicas, pues afecta directamente a millones.

Cierres emblemáticos: una historia de dolor político

• 1995-1996: Bajo la presidencia de Bill Clinton y con Newt Gingrich liderando a los republicanos en la Cámara de Representantes, se vivió un cierre de 21 días. El intento de forzar un presupuesto balanceado terminó perjudicando al Partido Republicano, y Clinton salió fortalecido rumbo a su reelección.
• 2013: Los republicanos, liderados por franjas ultraconservadoras como el Tea Party, detuvieron el gobierno por 16 días exigiendo la eliminación del Obamacare. Barack Obama resistió la presión. El resultado: nada cambió en la ley sanitaria.
• 2018-2019: La insistencia de Donald Trump por financiar un muro en la frontera con México desembocó en el cierre más largo en la historia estadounidense: 35 días. El impacto fue tan profundo que afectó a aeropuertos, pagos salariales y permitió vislumbrar el poder destructivo de estos conflictos.

¿Le sirve esto a alguien?

Como describió el líder de la mayoría del Senado John Thune (R-Dakota del Sur): "No creo que los cierres beneficien a nadie, mucho menos al pueblo estadounidense". Y sin embargo, el juego estratégico se repite. Algunos partidos creen que en determinados contextos pueden capitalizar políticamente un cierre si lo atribuyen a la inflexibilidad del adversario.

Pero los datos históricos no avalan esta estrategia con frecuencia. En la mayoría de los casos, el partido percibido como responsable sufre en las encuestas y elecciones posteriores. El cierre de 1995 ayudó a Clinton; el de 2013 golpeó a los republicanos; y el de 2018 dañó sustancialmente a Trump.

El daño a los trabajadores federales: peones de un juego cruel

Cada cierre sumerge en la incertidumbre a más de 2 millones de trabajadores federales. Muchos son enviados a casa sin sueldo ("furloughed"), y aunque la ley establece compensación retroactiva después de la reapertura, el daño inmediato a su economía es devastador. Desde pagos hipotecarios atrasados hasta enfermedades mentales asociadas al estrés financiero, los efectos colaterales son reales y cuantificables.

En el cierre de 2019, por ejemplo, la organización sin fines de lucro National Treasury Employees Union reportó que más de 800.000 empleados dejaron de cobrar su salario durante más de un mes.

Y ahora, 2024: ¿la historia se repite?

Con el 1 de octubre marcando otro posible abismo, los líderes demócratas Chuck Schumer y Hakeem Jeffries exigen que se incluyan subsidios sanitarios en la legislación de emergencia para continuar financiando el gobierno. Mientras tanto, los republicanos insisten en una propuesta "limpia" sin añadidos.

Schumer afirma que no cederá: “No vamos a aceptar recortes que afecten a la salud de millones de estadounidenses”. Esta postura refleja que, a menudo, el desacuerdo no es meramente técnico, sino profundamente ideológico: el tamaño del estado, el papel del gobierno en la vida pública y la redistribución del gasto social.

El efecto en los servicios esenciales

Los cierres paralizan múltiples aspectos de la vida cotidiana. Algunos de los impactos inmediatos incluyen:

• Cierre de parques nacionales y monumentos.
• Retrasos en pagos de reembolsos de impuestos.
• Suspensión de programas de inspección alimentaria.
• Congelación de servicios en agencias clave como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la FDA.

Y en esta ronda, la Casa Blanca ha ido más allá: ya elaboró un plan de despidos masivos que se aparta del patrón habitual de suspensiones temporales con goce retroactivo de sueldo. Así lo anunció una portavoz del Ejecutivo, anticipando una mayor dureza en las consecuencias del enfrentamiento político.

¿Es la polarización el nuevo normal?

Estados Unidos parece vivir atrapado en una espiral de polarización constante. Cada proyecto presupuestario se convierte en una batalla por valores fundamentales. Mejores tiempos existía cuando el diálogo en el Congreso permitía aprobar presupuestos sin que el enfrentamiento se tradujera en caos.

Hoy, los sectores más extremos de ambos partidos dictan el ritmo. La política de concesiones ha sido reemplazada por una estrategia de maximalismo, que prioriza las bases ideológicas antes que el bienestar común. En ese clima, los cierres son casi inevitables.

¿Qué piensa la ciudadanía?

De acuerdo con Pew Research Center, más del 65% de los estadounidenses considera que el gobierno debería cumplir un rol activo en garantizar servicios básicos, y casi el 75% cree que los cierres afectan negativamente la economía y el prestigio del país.

Sin embargo, la frustración popular no parece traducirse en un castigo efectivo a los responsables, en parte porque los medios y las narrativas partidistas se encargan de repartir culpas según la audiencia.

Una democracia en juego

Los cierres de gobierno no son meras anécdotas burocráticas. Representan una crisis cíclica de gobernabilidad. Alimentan el cinismo ciudadano y degradan la credibilidad institucional. Pero sobre todo, desnudan las grandes falencias del sistema político estadounidense: la falta de incentivos para el consenso, la manipulación partidista de lo público y la radicalización de los discursos.

Si esta tendencia continúa, y cada presupuesto se convierte en un pulso ideológico, las consecuencias serán cada vez más disruptivas. No sólo para EE.UU., sino para un mundo que aún ve a Washington como el corazón de la estabilidad democrática global.