Choque de Estados: cómo las pastillas abortivas desataron una nueva Guerra Fría legal en Estados Unidos
Las disputas legales entre estados conservadores y progresistas han convertido a la salud reproductiva en un campo de batalla interestatal. La persecución de médicos, el uso de leyes escudo y la guerra contra la telemedicina están marcando un parteaguas en los derechos de las mujeres.
Un país dividido por una píldora
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló Roe v. Wade en 2022, dejando la regulación del aborto en manos de cada estado, ha surgido una nueva y feroz batalla jurídica entre gobiernos estatales. Pero no es solo sobre principios morales o religiosos: es también una pelea legal sobre medicamentos, jurisdicciones e incluso extradiciones. El último frente de esta guerra se libra en torno al acceso a las pastillas abortivas por medios de telemedicina, y tiene implicaciones legales sin precedentes.
La historia más reciente involucra al estado de Louisiana y a un médico de California, el Dr. Remy Coeytaux, contra quien se ha emitido una orden de arresto tras haber presuntamente enviado pastillas abortivas por correo a una paciente en Louisiana—donde el aborto está prácticamente prohibido en todas sus etapas.
Aborto por telemedicina: el epicentro de la polémica
El aborto por medicamento—específicamente mediante la combinación de mifepristona y misoprostol—se ha convertido en el método más común en Estados Unidos. La Guttmacher Institute reportó que alrededor del 54% de todos los abortos en EE.UU. en 2022 se realizaron mediante esta modalidad.
Esta práctica ha ganado terreno por su accesibilidad en estados donde aún es legal y también en aquellos donde, pese a las restricciones, las mujeres logran adquirir los medicamentos mediante servicios de telehealth. Justo esto es lo que ha motivado iniciativas legales por parte de fiscales y legisladores conservadores: detener el acceso cruzado a los medicamentos abortivos entre estados.
El caso Rosalie Markezich y la narrativa del abuso
En Louisiana, el detonante del nuevo caso fue la experiencia de Rosalie Markezich, quien afirmó que su entonces pareja ordenó pastillas abortivas a través de su correo electrónico y la presionó para tomarlas, dejándola marcada emocionalmente. El Dr. Coeytaux ha sido señalado como quien habría facilitado estos medicamentos desde California sin haber tenido contacto directo con la paciente.
“El trauma de mi aborto químico aún me persigue”, declaró Markezich en documentos judiciales, argumentando que si las recetas por telemedicina no estuvieran disponibles, jamás habría pasado por esa experiencia.
Esta acusación ha sido aún más amplificada por la Fiscal General de Louisiana, Liz Murrill, quien aseguró: “Rosalie representa valientemente a muchas mujeres que son victimizadas por traficantes de drogas ilegales, inmorales y antiéticos”.
Al presentar cargos penales contra Coeytaux, el estado de Louisiana podría imponer penas de hasta 15 años de prisión y multas de 200,000 dólares, de acuerdo con su legislación actual sobre aborto.
Los estados liberales contraatacan: leyes escudo y resistencia institucional
Lo que vuelve todavía más complejo este asunto es que el Dr. Coeytaux no está solo. Otros médicos en estados como Nueva York también están siendo perseguidos por fiscales conservadores. Sin embargo, las autoridades de estos estados se han negado firmemente a cooperar.
Un ejemplo emblemático es el de la Dra. Margaret Carpenter, una médica de Nueva York acusada en casos similares y que también enfrenta demandas civiles provenientes de Texas. Pero las autoridades de Nueva York se niegan a extraditarla o hacer cumplir sentencias judiciales provenientes de otros estados conservadores.
Esto es posible gracias a las denominadas “leyes escudo”, aprobadas por al menos ocho estados, incluidos Nueva York y California, que buscan proteger a proveedores de salud reproductiva que ayudan a pacientes en jurisdicciones con leyes prohibicionistas.
Nuevas legislaciones, nuevas armas
En respuesta, estados como Texas y Louisiana han adoptado normativas cada vez más agresivas. La nueva ley de Louisiana permite a pacientes demandar directamente a médicos y quienes participen en la cadena de suministro del aborto. Mientras tanto, en Texas, una legislación permite a cualquier persona interponer demandas civiles contra quienes hayan facilitado un aborto con pastillas dentro del estado.
Como resultado, los médicos en estados protegidos ahora deben considerar no solo las necesidades de sus pacientes, sino también el riesgo de ser criminalizados a distancia por legislar o practicar medicina dentro del marco de sus propias leyes estatales.
¿Una guerra jurídica sin precedentes?
Algunos expertos legales consideran estos conflictos como una nueva Guerra Fría domesticada donde cada estado busca expandir o rechazar sus visiones sociales mediante herramientas legales. “Esto rompe con la tradición federalista estadounidense, donde cada estado mantenía cierta soberanía sin unilateralmente castigar a otros”, asegura Laurence Tribe, profesor emérito de Derecho Constitucional en Harvard.
La controversia también escala a instancias federales: Louisiana, Florida y Texas buscan sumarse a una demanda anterior impulsada por Idaho, Kansas y Missouri cuyo objetivo es forzar a la FDA a revertir la aprobación de la mifepristona. De lograrlo, afectaría a miles de mujeres en estados donde el aborto aún es legal, forzando un retroceso sin precedentes.
Implicaciones para la telemedicina y el futuro del acceso a medicamentos
Más allá del tema del aborto, este tipo de procesos podría sentar peligrosos precedentes. ¿Podrá un estado controlar remotamente la práctica médica en otro? ¿Veremos médicos juzgados desde otras jurisdicciones por brindar servicios legales en su estado?
La práctica de la medicina se encuentra bajo paradigmas cambiantes gracias al auge de la telemedicina. Según el American Journal of Medicine, el uso de telehealth aumentó más de 3000% durante la pandemia, y sigue siendo clave para muchas áreas rurales e identidades marginadas. Si las políticas de la era pos-Roe se extienden más allá del aborto, podrían afectar tratamientos hormonales, servicios de salud mental o incluso el acceso a anticonceptivos.
El futuro inmediato: tribunales, votos y activismo
Mientras se esperan decisiones judiciales clave, muchas decisiones se están trasladando a las urnas. Estados como Ohio y Michigan han aprobado referéndums protegiendo el derecho al aborto en sus constituciones estatales. Del lado contrario, Tennessee y Arkansas han introducido leyes que equiparan la conducta de médicos que recetan mifepristona con tráfico de estupefacientes.
Organizaciones por los derechos reproductivos, como Planned Parenthood, y grupos legales como ACLU, están redoblando sus esfuerzos tanto en litigios como en movilización política.
Mientras tanto, médicos como el Dr. Coeytaux enfrentan realidades absurdas: ser criminalizados por ayudar a mujeres en nombre de un derecho reconocido durante casi medio siglo.
¿La solución llegará desde el Congreso? ¿O deberemos esperar al próximo giro del Tribunal Supremo? Por ahora, miles de mujeres siguen atrapadas en un juego legal entre líneas estatales, mientras los derechos conquistados se debaten entre sobres postales, videollamadas y mandamientos de arresto.
