Choque de prioridades en Washington: ¿culpa compartida o táctica estratégica?

La cuenta regresiva hacia el abismo

En las cercanías de un nuevo año fiscal, Estados Unidos se encuentra nuevamente al borde de un cierre del gobierno federal, una amenaza que resurge cada vez con mayor frecuencia en el panorama político estadounidense. Esta vez, el enfrentamiento consiste en demandas demócratas centradas en la salud pública, y una negativa rotunda del bloque republicano, liderado por el presidente Donald Trump, a hacer concesiones en una propuesta de financiación gubernamental a corto plazo.

El reloj avanza sin pausa hacia las 12:01 a.m. del miércoles. Si para entonces no se aprueba una ley presupuestaria, el gobierno entrará en su primer cierre en casi siete años, afectando a cientos de miles de trabajadores, a la economía nacional y al sistema de salud, tan crucial tras la pandemia.

¿Qué exige cada parte?

La Cámara de Representantes, con mayoría republicana, ha enviado al Senado un proyecto de ley que busca extender el financiamiento federal por siete semanas. Los demócratas, sin embargo, se niegan a apoyarlo sin una cláusula que extienda los subsidios de salud del Obamacare, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre. Se trata de créditos fiscales que benefician a millones de estadounidenses, especialmente aquellos de ingresos bajos o medios.

Estos subsidios han sido considerados por analistas como una piedra angular para sostener la cobertura sanitaria en tiempos postpandémicos. Su eliminación implicaría un aumento inmediato de los costos de los seguros médicos, un golpe difícil para muchos estadounidenses que ya enfrentan una inflación persistente en productos esenciales.

Un Senado dividido y en tensión

Aunque los republicanos tienen mayoría (53-47), se requieren 60 votos para evitar un filibusterismo. Con el conservador senador Rand Paul anunciando su voto en contra, se vuelven imprescindibles al menos ocho votos de los demócratas, algo que parece inalcanzable dada la posición del partido.

“No vamos a apoyar un proyecto de ley republicano que siga destruyendo el sistema de salud de los estadounidenses comunes”, advirtió Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes.

Trump apuesta por la indiferencia

El presidente Trump, lejos de mostrarse conciliador, calificó la propuesta demócrata como “ideas muy malas” y, según fuentes internas, incluso desconocía las posibles consecuencias económicas del vencimiento de los subsidios de salud. Tras una reunión con los líderes del Congreso, Trump publicó en redes sociales un video burlesco con imágenes manipuladas de los demócratas Schumer y Jeffries, lo que incrementó aún más las tensiones.

La respuesta de Jeffries fue tajante: “El fanatismo no los llevará a ninguna parte. No vamos a retroceder.”

¿Una táctica de presión o secuestro legislativo?

Russ Vought, director de presupuesto de Trump, acusó a los demócratas de “tomar como rehenes a los estadounidenses” al negarse a apoyar la ley de gastos sin cláusulas adicionales. Sin embargo, la misma estrategia ha sido utilizada anteriormente por los republicanos, incluso bajo la dirección del propio Vought al asesorar a congresistas conservadores.

Una encuesta de Pew Research reveló que el 68% de los estadounidenses rechazan los cierres de gobierno como táctica política. Sin embargo, para muchos activistas progresistas, lo que está en juego hoy justifica la confrontación. Tras la drástica reducción de Medicaid con la ley fiscal de Trump, consideran que los subsidios de ACA son una última barrera que debe protegerse a toda costa.

¿Qué pasa durante un cierre de gobierno?

Cuando el Congreso no aprueba una ley de financiamiento, la ley obliga a cerrar las agencias federales y a suspender a los empleados no esenciales. Durante el cierre de 35 días en el primer mandato de Trump, unos 340,000 empleados fueron suspendidos sin sueldo, mientras que cerca de 460,000 trabajaron sin recibir pago completo.

Servicios como correo, seguridad, salud y defensa continúan. Los pagos de Seguridad Social y Medicare siguen activos, al igual que los centros médicos de Asuntos de Veteranos. Pero instituciones claves como el Departamento de Educación, la FDA y la Smithsonian Institution ven cerradas varias operaciones.

Por ejemplo:

• El CDC seguirá monitoreando brotes infecciosos, pero su capacidad de comunicación pública se verá afectada dramáticamente.
• La FDA no aceptará nuevas solicitudes de medicamentos ni dispositivos médicos que requieran aportación de tarifas.
• Los zoológicos de la Smithsonian y los museos estarán cerrados.

Impacto económico: ¿grave o manejable?

Desde una perspectiva puramente económica, el impacto a corto plazo es acotado. Según Goldman Sachs Research, el PIB de EE.UU. cae en torno a 0.15 a 0.2 puntos porcentuales por semana de cierre completo, y se recupera en el siguiente trimestre cuando se reabre el gobierno. Pero el daño a la imagen de EE.UU. y sobre todo la incertidumbre para empleados y beneficiarios, no tiene precio.

El director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Phillip Swagel, fue más allá al afirmar: “Si bien el impacto no es inmediato, a largo plazo, las repetidas crisis debilitan la credibilidad institucional y reducen la eficacia del gobierno federal.”

¿Qué se podría perder realmente?

Un cierre, según advierte incluso la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, podría no solo llevar a ausencias temporales. Se está considerando una “reducción de fuerza” en áreas no financiadas por la nueva ley fiscal de Trump. Es decir, despidos permanentes aún más profundos en medio de una guerra de recortes a la burocracia federal aplicada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Este escenario haría de este cierre probablemente el más agresivo institucionalmente de la historia moderna de EE.UU.

Una oposición inusual

Paradójicamente, son los demócratas —quienes históricamente criticaron los cierres como destructivos— los que hoy parecen dispuestos a forzarlo. Tras las críticas a Chuck Schumer en marzo por aprobar una ley presupuestaria respaldada por Trump, sectores progresistas presionan para que ahora tomen una postura firme.

En palabras del senador Gary Peters (D-Mich.): “Todavía hay tiempo antes del miércoles. En este lugar, todo puede cambiar en horas.”

El factor militar: una incógnita adicional

En medio del caos presupuestario, una acción de Hegseth, el secretario de Defensa, ha despertado inquietudes adicionales: convocó de improviso a los principales comandantes del ejército en Quantico, Virginia. Se rumorea que se discutirá una reorientación estratégica del aparato militar hacia roles más nacionalistas y menos globales.

La información ha sido escasa, lo que alimenta teorías sobre prácticas cada vez más centralizadas y autoritarias dentro del aparato federal, bajo una administración que ha impulsado acciones militares en ciudades estadounidenses y una creciente participación del ejército en la frontera sur.

¿Quién pierde más?

En definitiva, si bien ambos partidos destacan su postura como una lucha por principios —salud pública para los demócratas, eficacia presupuestaria para los republicanos—, quienes más perderán serán los trabajadores, las familias vulnerables y la confianza en la democracia estadounidense.

La última palabra aún no está escrita. Pero la historia reciente sugiere que ningún cierre ha terminado en victoria política total para ninguna de las partes. Solo desgaste, rabia ciudadana y otro parche temporal hasta el próximo diciembre.