La guerra por la información: el enfrentamiento entre el Pentágono y la prensa estadounidense

Un nuevo frente de batalla: el acceso a la verdad

Desde que Pete Hegseth asumió como Secretario de Defensa de los Estados Unidos, la relación entre el Pentágono y los medios de comunicación ha atravesado una de sus etapas más conflictivas en décadas. Cambios en las políticas de acceso para periodistas, condiciones restrictivas para mantener acreditaciones y señales preocupantes de censura han encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa en todo el país.

El detonante más reciente es una carta remitida a los periodistas acreditados en el Pentágono el 19 de septiembre. En ella, se les exigen nuevas condiciones para conservar su acreditación, incluyendo la firma de una declaración que los obliga a aceptar ciertas limitaciones en el tratamiento de información, incluso no clasificada. Aquellos que no firmen, advierte la carta, "verán revocado su permiso de entrada".

¿Protección nacional o censura a la prensa?

Los portavoces del Departamento de Defensa han intentado justificar estas medidas como una respuesta “a la necesidad de proteger la seguridad nacional y la integridad del personal que trabaja en el edificio”. Pero para la mayoría de los periodistas —y buena parte del público informado— esto no es más que un nuevo intento de ejercer control sobre la narrativa oficial y evitar la divulgación de historias que podrían resultar embarazosas para la administración actual.

Charles Stadtlander, vocero de The New York Times, fue tajante: “Pedir a periodistas independientes que se sometan a este tipo de restricciones contradice de forma flagrante las protecciones constitucionales de una prensa libre”. En la misma línea se pronunció el Reporters Committee for Freedom of the Press, quienes buscaron aclaraciones formales mediante una carta, alertando sobre la confusión y posible intimidación que esta política podría provocar.

Entre líneas: ¿qué dicen realmente las nuevas reglas?

Sean Parnell, asesor de Hegseth, intentó apaciguar el escándalo mediático señalando que la prohibición de publicar información no clasificada solo aplicaba a funcionarios del Pentágono, no a periodistas. “Los medios están tergiversando las reglas”, declaró en su cuenta de X, antes Twitter. Sin embargo, el documento oficial insinúa lo contrario: los periodistas que alienten a funcionarios a compartir información sin autorización podrían perder su acceso al edificio.

Este matiz ha generado confusión incluso entre abogados especializados en derechos de prensa. Grayson Clary, representante legal del Reporters Committee, sugirió la necesidad urgente de una reunión para esclarecer los límites y posibles implicancias legales de las nuevas reglas.

Una historia repetida: control versus transparencia

El actual enfrentamiento no es aislado ni sorpresivo. Ya en años anteriores, el Pentágono, bajo administraciones sensibles al escrutinio, ha limitado el acceso de ciertos medios y evitado conferencias de prensa frecuentes. Dana Priest, veterana reportera de The Washington Post, recordó que los pasillos del Pentágono solían ser como los del Congreso: espacios donde los periodistas "atrapaban" a funcionarios para consultarles sobre decisiones clave.

“Hoy, sin escolta, no podemos movernos por los pasillos. Antes incluso esperábamos a generales fuera del baño”, comentó entre risas. “Pero eran métodos válidos para obtener respuestas sin pasar por comunicados diluidos.”

El caso 'Signalgate': cuando filtrar proviene de arriba

Uno de los momentos más tensos se vivió durante lo que se conoció como “Signalgate”, un escándalo desatado tras un error en una conversación grupal por Signal, en la que Pete Hegseth y otros líderes del Pentágono discutían los tiempos de un ataque a los hutíes en Yemen. El editor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, fue incluido accidentalmente en dicha conversación.

Lejos de divulgar la información inmediatamente, Goldberg optó por verificar con miembros de la administración si su publicación comprometería la seguridad nacional. “El único intento serio de poner en peligro a las tropas provenía de quienes tenían poder y usaban apps comerciales para discutir operaciones militares”, reflexionó con tono crítico.

Trump, el Pentágono y la batalla por el mensaje

El presidente Donald Trump, aunque públicamente se muestra accesible a la prensa, también ha emprendido pleitos judiciales contra los principales medios estadounidenses cuando sus coberturas lo han perjudicado. Ha demandado a CBS News, ABC News, The Wall Street Journal y The New York Times. Aun así, cuando se le preguntó si el Pentágono debería controlar qué reportan los periodistas, respondió con un simple “No, no lo creo. Nada detiene a los periodistas, eso ya lo sabemos”.

Sin embargo, hay disonancia entre sus palabras y las acciones de su administración, como los recortes masivos de personal en Voice of America (VOA), un organismo estatal diseñado como canal de información confiable y sin propaganda hacia el exterior, cuyo mandato se remonta a la Segunda Guerra Mundial.

Voice of America: atacada desde casa

El recorte de 532 empleados —una drástica reducción del equipo completo de la Agencia para Medios Globales de EE.UU.— fue bloqueado temporalmente por el juez federal Royce Lamberth, quien criticó a la administración por mostrar “un preocupante desprecio” por las órdenes judiciales anteriores que defendían la misión editorial del medio.

“VOA debe permanecer como una fuente confiable y autorizada de noticias”, escribió el juez, y advirtió que no aceptará manipulaciones burocráticas ni violaciones del mandato legal de la agencia. Estas reducciones de personal coincidieron con un momento en que el medio dejó de emitir su señal por primera vez en 83 años.

Una prensa libre, base de una democracia sana

El mensaje parece claro: cualquier intento de restringir el acceso de los medios, ya sea por vía de condiciones contractuales o mediante represalias burocráticas, genera sospechas en una democracia que presume de valores como la transparencia y la rendición de cuentas.

Las organizaciones de noticias luchan no solo por el derecho a informar, sino también por su papel como válvula de control frente al poder. Como dijo Goldberg: “El pueblo estadounidense tiene derecho a saber lo que hace el ejército más poderoso del mundo en su nombre y con su dinero”.

Más allá de disputas políticas, la incógnita central persiste: ¿Puede sobrevivir una república democrática sin un flujo libre, responsable y plural de la información? El juicio aún sigue en curso, tanto en los tribunales como ante la opinión pública.