¿Injusticia Alimentaria?: Cómo Kentucky Está Dejando Sin Comida a Miles con Pruebas Dudosas

Una mirada profunda a un sistema que castiga a los más vulnerables, basado en patrones de compras en lugar de evidencias sólidas.

Una madre, un almuerzo, y una acusación de fraude

En 2020, una madre soltera de Salyersville, Kentucky, fue expulsada del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) tras una investigación que concluyó —sin pruebas fehacientes— que había cometido fraude. ¿Su crimen? Hacer múltiples compras en un mismo día, verificar su saldo continuamente y realizar pagos redondos. Todo, según el gabinete estatal, "sospechoso".

Lo que no tuvieron en cuenta fue que ella trabajaba en el supermercado donde compraba. Allí almorzaba y luego hacía sus compras después de su jornada. A veces, incluso, su hijo usaba su tarjeta. Pero nada de eso importó. Un oficial de audiencias administrativas ignoró todo contexto y se limitó a sancionarla basándose en un patrón de consumo dudoso.

La mujer demandó —y ganó. El juez Thomas Wingate sentenció en 2023 que quitarle a una madre soltera los beneficios de SNAP sin pruebas claras de intención de fraude era "draconiano".

Kentucky, campeón nacional en descalificaciones

Kentucky es el segundo estado con más descalificaciones per cápita por presunto fraude con SNAP, solo detrás de Florida, según datos federales de 2023. En solo una década, las expulsiones aumentaron de menos de 100 en 2015 a más de 1,800 en 2023.

¿El problema? En la mayoría de los casos revisados por Kentucky Public Radio, el supuesto fraude se basó únicamente en patrones de compra.

Desde enero de 2024, más de 300 personas han sido acusadas de mal usar o revender sus beneficios. Y al menos 900 fueron expulsadas por acusan de "trafficking" por cantidades menores a $1,000. El monto más bajo alegado fue... ¡14 centavos!

Lo que dicen los expertos legales

“No digo que nadie haya cometido fraude”, explica el profesor Cory Dodds de la Universidad de Kentucky, “pero el gabinete rara vez cumple con la carga de la prueba”.

En el sistema judicial, para demostrar intenciones fraudulentas se necesita mucho más que simples números: testigos, entrevistas, incluso videos. Sin embargo, el gabinete estatal continúa usando solo datos transaccionales como principal herramienta acusatoria.

Otro caso citado por un oficial de audiencias incluyó como “pruebas” el hecho de que una mujer realizó ocho transacciones consecutivas en el mismo día, intentó sacar dinero con saldo insuficiente y erró su PIN en varias ocasiones. Nada ilegal, ni siquiera inusual. Pero perdió sus beneficios por un año.

El impacto real: hambre e inseguridad alimentaria

Casi el 15% de los habitantes de Kentucky sufre inseguridad alimentaria, una cifra similar al promedio nacional, pero más grave en áreas rurales. En esas zonas, la representación legal es escasa y el acceso a recursos es limitado.

“La gente expulsada de estos programas son de las que más necesitan ayuda”, dice Dodds. “Estamos permitiendo que nuestros vecinos pasen hambre basándonos en acusaciones sin fundamento”.

El USDA anunció que dejará de publicar estadísticas de inseguridad alimentaria tras octubre de 2025, alegando que los datos se politizaron demasiado. Esto, sumado a recortes federales, genera aún más vulnerabilidad en estados como Kentucky.

Una cultura basada en sospechas, no en hechos

En 2023, otro juez del Condado de Franklin dictó que el gabinete debía detener las expulsiones basadas exclusivamente en datos transaccionales. Pero desde esa fecha, al menos tres demandas alegan que el organismo ha seguido actuando igual.

Los materiales de entrenamiento del gabinete, obtenidos por medios vía solicitud de acceso a la información, se centran casi exclusivamente en patrones de compra: transacciones grandes, compras en efectivo redondeadas, intentos fallidos de PIN…

La abogada Kristie Goff, de la organización AppalRed en el sureste del estado, ha defendido a decenas de personas acusadas de "trafficking". “Casi todos tenían explicaciones razonables. No hubo fraude. No hay recibos ni videos. Solo números en una hoja”, afirma.

¿Qué tan legal es todo esto?

En 2020, el Tribunal de Apelaciones de Michigan dictó que los datos transaccionales nunca deberían ser la única prueba para acusar a alguien de fraude con beneficios de SNAP. Sin embargo, Kentucky parece no haber recibido el memo.

Dodds está analizando sistemáticamente miles de decisiones administrativas tomadas por el Estado entre 2020 y 2023. Su análisis preliminar indica que apenas en un puñado de casos hubo evidencias reales de fraude, como declaraciones, videos o interceptaciones. La inmensa mayoría se basó exclusivamente en datos de compra.

“Un caso mostraba a una mujer vendiendo sus beneficios por teléfono mientras hablaba con el juez… ese tipo de pruebas sí lo ameritan”, dice Dodds. “Pero son extremadamente raras”.

Una cultura de miedo y presión

Cuando alguien es acusado por el gabinete, se le envía una carta donde se le invita a renunciar voluntariamente a su derecho a una audiencia. Si lo hace, automáticamente recibe una suspensión de un año del programa SNAP y tiene que devolver el total supuestamente mal utilizado.

En 2023, casi una cuarta parte de todas las descalificaciones en Kentucky fueron mediante este tipo de renuncia “voluntaria”. Muchas veces, según las demandas, los acusados no entendían completamente las consecuencias o eran presionados por funcionarios estatales.

Goff comenta que “el sistema está hecho para intimidar. En vez de proteger al ciudadano, parece trabajar activamente para dejarlo sin ayuda”.

El problema trasciende Kentucky

La experta en derecho David Super, de la Universidad de Georgetown, ha estudiado casos de SNAP por décadas. Asegura que el uso excesivo de datos transaccionales como evidencia es un problema sistémico en varios estados.

“Estos datos deberían servir como herramientas de detección, para luego investigar más a fondo”, dice Super. “No deberían ser presentados como pruebas definitivas en juicios o audiencias”.

Super destaca que en muchos casos se está invirtiendo la carga de la prueba: no es el Estado quien demuestra el fraude, sino el acusado quien debe demostrar su inocencia. “Eso es contrario a cualquier principio básico de justicia”.

Un sistema que necesita revisión profunda

En lugar de reforzar sus métodos para buscar pruebas sólidas —testimonios, videos, entrevistas con testigos o cooperantes—, Kentucky se basa en modelos automatizados de comportamiento. Esto puede tener una explicación presupuestaria, pero las consecuencias son humanas: miles de personas —con frecuencia mujeres con hijos, personas mayores o trabajadores pobres— pierden acceso a alimentos básicos sin un juicio justo.

“No puedes presumir culpabilidad basándote en que alguien hizo cinco compras un mismo día”, razona Goff. “Eso puede ser un padre que olvidó pañales en la primera ida al súper”.

Para que haya justicia alimentaria, los estados deben emplear la tecnología como complemento de investigaciones reales, no como única base para castigar.

Quienes más sufren inseguridad alimentaria en EE.UU. deberían ser los más protegidos, no los primeros en ser señalados.