¿Policía secreta en campus universitarios? El caso de Brown y la transparencia que no llega

El velo de la discreción en campus privados

En Estados Unidos, muchas universidades privadas emplean fuerzas policiales propias con autoridad total para arrestar, detener y, en ciertos casos, hasta utilizar fuerza. Sin embargo, a diferencia de los departamentos de policía municipales y estatales, estas entidades universitarias están exentas en la mayoría de los estados de rendir cuentas a través de leyes de acceso a la información pública. El caso más reciente que ha traído este tema de vuelta a la agenda pública tiene como protagonista a la prestigiosa Universidad Brown en Providence, Rhode Island.

La demanda que podría cambiarlo todo

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Rhode Island ha interpuesto una demanda que podría sentar precedente. Representando a dos periodistas —incluido un exalumno que escribía para el periódico estudiantil y un reportero de Motif Magazine— la ACLU argumenta que al tener poderes de arresto autorizados por el estado, el Departamento de Policía de la Universidad de Brown debería estar sujeto a las mismas leyes de transparencia que cualquier cuerpo policial estatal o municipal.

"Estos oficiales universitarios tienen los mismos poderes que cualquier otro oficial de policía de Rhode Island", afirma Steven Brown, director ejecutivo de la ACLU en ese estado. "Por lo tanto, deben ser tratados igual bajo la ley".

Una negativa institucional

La universidad no ha ofrecido declaraciones públicas significativas sobre la demanda y, por el contrario, ha presentado una moción para desestimarla. Mientras tanto, la oficina del Fiscal General del estado respaldó la posición de la institución, denegando las solicitudes de acceso a registros presentadas por los reporteros.

Michael Bilow, uno de los periodistas involucrados, lo resume de manera elocuente: "Si el público y la prensa no pueden saber qué hacen los policías en nombre de la ley, lo que acabas teniendo es una policía secreta".

El problema nacional de la opacidad

Rhode Island no está solo. Según el Student Press Law Center, solo seis estados (Connecticut, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Texas y Virginia) obligan a que las fuerzas policiales de universidades privadas estén regidas por leyes de acceso público. La vasta mayoría de estados opera bajo una zona gris legal que concede a estas fuerzas poderosas funciones sin rendición de cuentas pública.

En Massachusetts, por ejemplo, la Corte Suprema estatal corroboró en un fallo que los departamentos de policía universitarios en universidades privadas como Harvard no están sujetos a leyes de registros abiertos. Esto crea una contradicción funcional: policías que realizan arrestos, investigan crímenes y detienen ciudadanos usando poderes otorgados por el estado, pero cuyas acciones no están sujetas a escrutinio público.

El alcance del Acta Clery y sus limitaciones

Lo cierto es que sí existe una norma federal que obliga a ciertas universidades a dar informes sobre delitos: el Clery Act. Adoptado en 1990, tras el asesinato de una estudiante en Lehigh University, obliga a todas las instituciones de educación superior que reciben fondos federales a:

• Emitir reportes anuales con estadísticas de crímenes en el campus.
• Notificar amenazas relevantes a la comunidad de manera oportuna.
• Implementar políticas y procedimientos enfocadas en seguridad.

Sin embargo, el Acta Clery ofrece datos estadísticos, no información concreta como reportes de arrestos o detalles de incidentes individuales. Esto significa que el grueso del comportamiento policial —lo que se documenta a diario en informes confidenciales— puede permanecer oculto.

En 2023, la Universidad Liberty fue multada con $14 millones por el Departamento de Educación por no cumplir adecuadamente con los requisitos del Clery Act, incluyendo la omisión deliberada de reportes sobre crímenes sexuales. Un precedente que ilustra el alcance limitado (y la fragilidad) de la transparencia federal.

El silencio institucional: testimonio desde adentro

Michael Greco, exoficial con 18 años de servicio en la policía de Brown, denuncia una cultura institucional de encubrimiento y prioridades cuestionables. "Al departamento lo llamaban 'el ejército de la reina'; estaba dedicado a proteger la imagen pública de la universidad a toda costa", cuenta.

En una ocasión en 2021, durante una amenaza de bomba y un aviso de posible atacante armado, se les ordenó no utilizar los radios de comunicación para evitar que la policía de Providence —que monitorea frecuencias— interviniera. Aunque resultó ser una falsa alarma, Greco sufrió un episodio de estrés postraumático que, según alega en una demanda laboral, marcó el inicio de su declive mental y eventual salida del puesto.

"Podían convertir un documento público en privado aprovechando un vacío legal. Esa era nuestra función principal, y eso no puede ser", denuncia Greco, quien también ha testificado frente a legisladores en apoyo de nuevas leyes estatales.

Estudiantes, activismo y vigilancia mutua

En medio de este escenario lleno de tensiones, estudiantes como Audrey Gmerek expresan su preocupación. "Hay un déficit de transparencia, justo cuando el país entero está cuestionando el rol de la educación superior", opina. Protestas en campus, políticas polarizadas impulsadas desde Washington y debates sobre libertad de expresión han puesto aún más presión sobre estos organismos universitarios, que administran justicia interna con muy poca supervisión externa.

La lógica dominante durante décadas ha sido la de proteger la reputación institucional. Sin embargo, esto va en contra de los principios democráticos de transparencia y rendición de cuentas públicas. Como explica la ACLU, cuando se da poder estatal a una institución privada, debe exigirse responsabilidad al mismo nivel que a cualquier organismo público.

¿Hacia un cambio legislativo real?

La clave parece estar en que se modifiquen las leyes estatales, una a una, para incluir a las universidades privadas con fuerzas de seguridad bajo las leyes de registros públicos. Ejemplos como Texas o Virginia han mostrado que es legal y posible someter a estas fuerzas duales a la transparencia.

La demanda contra la Universidad Brown puede resultar un punto de inflexión. No solo podría abrir las puertas a más demandas similares en otros estados, sino también impulsar reformas legislativas que alineen las prácticas policiales con los valores de una democracia informada.

Y como bien dijo Nancy Altman, defensora de derechos sociales: “Si no se maneja bien, la falta de transparencia puede ser devastadora para la confianza pública, no solo en las universidades, sino en el sistema en general”.

El debate apenas comienza.