EES Coke Battery: El lado oscuro del acero en Michigan
Análisis de la batalla judicial que enfrenta a la planta de coque de Zug Island y a la EPA por causas de contaminación, salud pública y sostenibilidad ambiental
Una planta en el corazón del conflicto
En el corazón industrial de Michigan se libra una batalla que enfrenta a la planta EES Coke Battery, propiedad de DTE Energy, con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Construida en Zug Island, una zona históricamente contaminada, esta planta ha sido señalada como uno de los mayores emisores de dióxido de azufre (SO2) del estado. Pero más allá del debate técnico-legal, lo que realmente está en juego es la salud de miles de personas, el cumplimiento de la ley ambiental y el futuro de una comunidad.
¿Qué es EES Coke Battery y por qué está en la mira?
EES Coke Battery produce coque, una materia prima esencial para la fabricación del acero. En términos industriales, se trata de un combustible obtenido mediante la destilación del carbón a alta temperatura, cuyo uso es básico para alimentar altos hornos. Pero este proceso también genera grandes volúmenes de emisiones contaminantes, entre las cuales el dióxido de azufre es una de las más peligrosas por sus efectos sobre la salud respiratoria y cardiovascular.
Según documentos judiciales, la planta realizó una "modificación importante" en 2014 sin los permisos correspondientes bajo el programa New Source Review de la Ley de Aire Limpio. Para la EPA, esto representa una violación grave:
“Una vez que se realiza una modificación importante, la ley entra en vigor”, dijo el fiscal Tom Benson. “La Ley de Aire Limpio ha hablado: deben instalar la mejor tecnología disponible y alcanzar la menor tasa de emisiones posibles”.
Una disputa multimillonaria
La EPA solicita a la planta una multa civil de 140 millones de dólares, un permiso actualizado que cumpla con la legislación vigente y la instalación de tecnologías de desulfurización completas en un plazo de tres años. El objetivo es reducir considerablemente las emisiones nocivas y colocar el bienestar público por encima del lucro empresarial.
Por su parte, los abogados de EES Coke Battery argumentan que esta medida es, en la práctica, una orden de cierre camuflada:
“La propuesta del gobierno es inasequible e irrealizable en el plazo establecido”, dijo Michael Hindelang, abogado de DTE. “No caben físicamente las instalaciones que quieren que construyamos, y suponen un gasto masivo.”
Proponen, en su lugar, pagar una multa de 5 millones de dólares y aplicar un plan de reducción de emisiones del 33% mediante tecnologías menos exigentes.
¿Qué está en juego?
Más allá de lo que digan los abogados, lo más alarmante salió a la luz gracias al testimonio de expertos en salud pública en el juicio federal. El profesor Joel Schwartz, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, afirmó:
“Se estima que la contaminación de EES Coke Battery durante el período de 2019 a 2022 ha causado 26 muertes prematuras, 3.8 ataques cardíacos no fatales y 14.5 nuevos casos de asma.”
Además, según el testimonio de Lyle Chinkin, experto en calidad del aire, los contaminantes emitidos desde Zug Island han viajado por la atmósfera hasta lugares tan lejanos como Maine, Missouri y Carolina del Norte:
“Es una de las mayores fuentes de partículas contaminantes que haya visto en mis 40 años de carrera.”
El dilema de la desulfurización
La tecnología más avanzada para controlar estas emisiones es el reactor Claus, un dispositivo usado para la extracción de azufre. Aunque EES Coke Battery admite que podría instalar estos sistemas, insiste en que la EPA quiere algo más caro e inabordable:
“Nos piden pasar de bueno a excelente, y ‘excelente’ en este caso equivale a cerrar la planta”, dijo Hindelang.
¿Pero es válida esta defensa? Según la EPA, su demanda es proporcional a la gravedad de la situación, y los culpables están siendo indulgentes consigo mismos:
“No se trata de cerrar, sino de cumplir la ley. Ellos pueden afrontar este gasto y seguir operando,” replicó Tom Benson. “El costo social de esta contaminación ya supera los mil millones de dólares.”
El impacto económico vs. salud pública
El peso económico de la planta es significativo. Según los cálculos presentados por la defensa, un cierre obligaría a reducir la producción en 2.5 millones de toneladas de acero al año, generando:
- Una pérdida directa de 450 millones de dólares en producción económica local
- 2,700 empleos en riesgo en todo el estado
- Un impacto de hasta 900 millones de dólares en la economía de Michigan
En contraste, los defensores de la salud pública insisten en que el costo en vidas humanas y enfermedades crónicas es inaceptable:
“Las decisiones tomadas por esta planta costaron vidas, miles sufren enfermedades respiratorias, cardíacas e incluso Alzheimer prematuro”, sostuvo Benson.
¿Es esto parte de un patrón?
Zug Island tiene un largo historial de contaminación. En su zona se encuentra el código postal 48217, considerado el más contaminado del estado de Michigan. Muchas de las personas que testificaron en la corte son residentes de este lugar, afectados por un aire cargado de partículas y gases tóxicos.
El Sierra Club, organización ambientalista que intervino en el juicio, ha denunciado durante años los graves efectos en la salud de los habitantes:
“Las historias de cielos rojos y olores metálicos están documentadas desde mucho antes de abrir esta planta. Pero lo cierto es que ha empeorado la ya precaria situación.”
Una pregunta moral
Este caso coloca sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿Deben las ganancias de la industria estar por encima del derecho a respirar aire limpio? ¿Dónde debe establecerse la línea entre sostenibilidad económica y justicia ambiental?
El veredicto que emita la corte federal será decisivo no solo para EES Coke Battery sino como precedente para otras industrias del país. El proceso judicial aún está en curso, con fecha límite para la presentación de conclusiones hasta el 9 de octubre. Las decisiones que se tomen influirán en cómo se interpretan las reglas de la Ley de Aire Limpio en los años por venir.
El futuro de Zug Island
La gran incógnita es si la planta podrá adoptar la tecnología necesaria para reducir sus emisiones sin cesar actividades, o si una decisión judicial la obligará a replantear toda su operación.
Mientras tanto, los expertos reiteran la urgencia de actuar. Inhalamos aire cada segundo. No podemos darnos el lujo de seguir apostando por la negligencia. En un país que valora la innovación tecnológica y el estado de derecho, el cumplimiento de las normativas ambientales no debería ser negociable.
Como dijo el fiscal Benson en una de las frases más resonantes del proceso:
“La comunidad no eligió tirar los dados, pero perdió igual.”
Habrá que ver si el sistema judicial devuelve la justicia a quienes nunca deberían haberla perdido en primer lugar.
