Estados Unidos en punto muerto: ¿una nueva era de paralización política permanente?

Un nuevo cierre, la misma historia

Estados Unidos ha entrado en un nuevo cierre del gobierno federal, el tercero bajo el mandato de Donald Trump, en un sombrío reflejo de la incapacidad política para alcanzar acuerdos presupuestarios. Las consecuencias se sienten en todos los rincones del país, desde los empleados federales hasta los ciudadanos que dependen de programas gubernamentales esenciales.

Según el Center for American Progress, unos 750,000 empleados federales serán puestos en licencia sin goce de sueldo y podrían enfrentar despidos. Las repercusiones ya no son hipotéticas: el Departamento de Educación, por ejemplo, ha anunciado que el 87% de sus trabajadores serán despedidos temporalmente, deteniendo investigaciones por derechos civiles y paralizando nuevos programas escolares.

¿Una estrategia deliberada?

Donald Trump, fiel a su estilo confrontativo, no solo ha sostenido el cierre, sino que ha insinuado acciones “irreversibles” como forma de castigo político. “Vamos a hacer cosas malas, cosas que no se pueden revertir”, declaró recientemente. Atrás quedaron las negociaciones bipartidistas. En su lugar, una política donde la obstrucción se convierte en carta negociadora.

Este cierre, sin señales claras de resolución cercana, parece ser más que un simple punto muerto legislativo: refleja una estrategia de debilitamiento sistemático del aparato estatal, apoyado por voces conservadoras que promueven la reducción del tamaño del gobierno federal. El Centro de Política Bipartidista advierte: “Los cierres solo infunden miedo, confusión y costos económicos innecesarios”.

El contexto político: una nación dividida

El cierre expone una grieta que ya lleva años profundizándose. Los Demócratas exigen financiamiento renovado para los subsidios de salud que benefician a millones bajo el Obamacare, cuyo colapso aumentaría aún más el costo de los seguros médicos. Por su parte, los Republicanos se niegan siquiera a sentarse en la mesa de negociación si ese tema forma parte de las discusiones.

Esto sitúa el enfrentamiento dentro del marco más amplio de las guerras culturales y políticas americanas: entre una visión regresiva centrada en la fuerza, la seguridad y la autoridad; y otra, que busca avanzar en derechos, equidad y acceso a servicios públicos. Pero, como siempre, los principales afectados son los ciudadanos comunes.

El colapso del Departamento de Educación

El Departamento de Educación ya venía arrastrando recortes desde la administración previa de Trump. De tener 4,100 empleados en 2017, hoy apenas cuenta con 2,500 trabajadores. La Corte Suprema incluso avaló despidos masivos este mismo año, con el argumento de eliminar “grasa burocrática”.

• Las investigaciones por derechos civiles están suspendidas.
• No se emitirán nuevas subvenciones escolares.
• Los estudiantes con discapacidades o en situación de pobreza pueden enfrentar interrupciones en los servicios que reciben.
• A pesar del cierre, Pell Grants y otros préstamos estudiantiles federales seguirán activos, aunque los empleados que gestionan apelaciones o quejas han sido licencias.

“A veces, cuando recortas demasiado, te das cuenta de que también cortaste músculo”, reconoció Linda McMahon, secretaria de Educación, al regresar a algunos empleados despedidos anteriormente.

Impacto económico inminente

Los cierres anteriores ofrecieron lecciones importantes. El más largo de la historia, de 35 días en 2018-2019, dejó a miles de hogares sin ingresos, canceló pagos de beneficios y paralizó operaciones claves, desde Tribunales hasta la NASA. Hoy, las condiciones no son mejores, y la imprevisibilidad del entorno económico actual podría hacer que este cierre sea aún más costoso.

La firma financiera Goldman Sachs ya alertó que “este cierre no tiene buenos paralelos con casos anteriores”, por la falta absoluta de negociaciones visibles. Agregaron que, a diferencia del pasado, esta parálisis llega con una inflación alta y una recuperación económica estancada en algunas regiones.

Rubio, Cuba y Venezuela: la otra tormenta diplomática

Mientras el gobierno federal se apaga por dentro, otro foco de tensión resurge en la política exterior. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó esta semana al secretario de Estado, Marco Rubio, de imponer una agenda “personal” contra la isla y de manipular la política exterior de EE. UU. hacia América Latina.

“Hay una agenda extremista y corrupta que sacrifica los intereses de Estados Unidos por odio personal”, declaró Rodríguez. Recordó que Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, se ha posicionado como enemigo acérrimo del comunismo latinoamericano, desde Cuba hasta Venezuela. De hecho, muchos lo acusan de haber promovido la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo el mismo día de la segunda investidura de Trump.

En los últimos meses, EE. UU. ha enviado buques de guerra a las aguas frente a Venezuela, y ha renovado sanciones a Cuba durante la segunda administración de Trump. Para Rodríguez, estas acciones pueden tener consecuencias “catatróficas e imprevisibles”.

La política como espectáculo y guerra cultural

Uno de los gestos más ilustrativos del estado actual del gobierno fue un video burlesco sobre líderes demócratas publicado por Trump tras una fallida reunión con el Congreso. Lejos de buscar puentes, el lenguaje del presidente parece inspirar a los sectores más duros de su base política más que generar acuerdos.

La misma Cámara liderada por republicanos se fue a receso, sin cerrar acuerdos, mientras los costos de salud siguen en aumento. “Los estadounidenses están sufriendo por los altos costos”, lamentó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. Por su parte, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, zanjó: “Ellos solo quieren pelear contra Trump”.

Un modelo de gobierno bajo asedio

Más allá del debate entre partidos, lo que está en juego es el papel mismo del gobierno federal. Con una administración que se declara enemiga del “Estado grande” y una estrategia que prioriza la privatización, los despidos masivos, y la eliminación de programas sociales, Estados Unidos se encuentra en una bifurcación histórica: avanzar hacia una república funcional o ceder ante el cinismo institucionalizado.

Como expresó Rachel Snyderman del Bipartisan Policy Center: “Lo que el gobierno financia demuestra nuestras prioridades”. Si el gobierno no puede mantenerse abierto por falta de diálogo, ¿qué dice eso sobre las prioridades actuales de sus líderes?

En conclusión, el cierre del gobierno de Trump en 2025 no es una anomalía, sino la cristalización de una tendencia peligrosa: la erosión sistemática de la política como espacio de consenso democrático, sustituida por una lucha tribal donde ganar lo es todo, incluso si el país pierde.