La diócesis católica de Vermont en bancarrota: Legalidad, abuso y el coste silencioso de la fe

Una diócesis bajo asedio

En septiembre de 2024, la Diócesis Católica Romana de Vermont se declaró oficialmente en bancarrota bajo el Capítulo 11. Este movimiento fue el resultado directo de varias demandas por abuso sexual cometido por sacerdotes, un oscuro legado que ha dejado cicatrices profundas en sus víctimas... y ahora también en las finanzas de la Iglesia.

Con un patrimonio que, tras múltiples acuerdos judiciales, fue reducido a la mitad —pasando de $70 millones a unos $35 millones—, la diócesis enfrenta una serie de desafíos económicos que van más allá del simple pago de compensaciones. A sólo un año de su declaración de bancarrota, ya ha gastado cerca del 5% de su activo restante en honorarios legales.

¿Quién paga la factura?

En virtud de la ley federal sobre protección por bancarrota, cualquier institución que solicite esta protección debe cubrir no solo los honorarios legales de su propia defensa, sino también los de sus acreedores reconocidos oficialmente. En este caso, los más de 100 demandantes que alegan haber sido abusados por clérigos forman parte de dichos acreedores.

Hasta el 31 de agosto de 2025, la diócesis ha gastado:

• $582,932 en abogados de bancarrota propios, incluidos $491,999 para la firma Fredrikson & Byron, y $47,369 y $43,563 respectivamente para apoyo jurídico local en Vermont.
• $843,089 en honorarios para los abogados y asesores de los demandantes, entre ellos Pachulski Stang Ziehl & Jones ($564,670), Berkeley Research Group ($257,140), y Lemery Greisler ($21,278).

Un precio por la verdad

La Iglesia Católica en Estados Unidos lleva años enfrentando casos legales por abusos sexuales. Según datos del Bishop Accountability Project, desde 1950 la Iglesia ha pagado más de $3 mil millones en acuerdos legales en todo el país. Vermont es ahora parte de esta sombría estadística, tras haber pagado $34.5 millones para resolver 67 casos, y con 118 más por enfrentar.

El obispo John McDermott advirtió en una carta a los feligreses que todos estos gastos han obligado a reducir la jornada laboral del personal de la sede en South Burlington a 30 horas semanales y a sugerirles que busquen empleo alternativo.

“Hemos agotado nuestras inversiones no restringidas”, escribió McDermott. “Los gastos operativos y del caso de bancarrota actualmente se cubren con los $3 millones recaudados anualmente mediante la apelación del obispo y un impuesto sobre los ingresos de las 63 parroquias”.

¿Y los bienes eclesiásticos?

Los demandantes exigen información detallada sobre los bienes que pertenecen a la diócesis, incluyendo un estimado de $35 millones en propiedades de sede central y más de $500 millones en propiedades distribuidas entre sus 63 parroquias. La falta de transparencia sobre estos activos podría convertirse en un punto clave de conflicto en los tribunales durante los próximos meses.

El caso recuerda al de la Diócesis de Rockville Centre en Long Island, Nueva York, que antes de alcanzar un acuerdo récord de $323 millones gastó $70 millones solo en honorarios legales durante cuatro años.

Los costos reales de la justicia

Los secretos y abusos que las instituciones religiosas callaron durante décadas ahora están saliendo a la luz, al igual que la complejidad legal de responsabilizar a entidades que combinan espiritualidad, tradición y poder económico.

Los honorarios cobrados por las firmas legales involucradas son altos. Por ejemplo, Fredrikson & Byron cobra:

• $235 por hora para paralegales
• $485 por hora para abogados asociados
• Entre $565 y $975 por hora para abogados principales

Pachulski Stang Ziehl & Jones llegó a cobrar hasta $2,250 por hora, aunque pactó un tope de $950 para este caso durante 2025.

Intervención judicial y controles

La juez Heather Cooper, encargada del tribunal de bancarrota de Vermont, está tratando de contener los gastos, solicitó incluso una reducción de $4,208 en los costes del primer trimestre por un error de facturación vinculado al uso de una plataforma de búsqueda legal.

Pero incluso con tales medidas, la montaña de honorarios legales sigue creciendo a alturas que resultan paradójicas: miles y miles de dólares gastados en tribunales mientras la Iglesia dice no poder costear mantener a sus empleados o conservar sus templos.

¿Qué sigue?

Según McDermott, la diócesis y los representantes legales de las víctimas esperan llegar a un plan de mediación preliminar para el 31 de diciembre. Esta será una fecha crítica, puesto que cualquier plan de reorganización deberá ser aprobado tanto por el tribunal como por los acreedores.

¿Se hace justicia o se administra la culpa?

Casos como el de Vermont son reflejo de un fenómeno sistémico, en el cual el coste de los abusos no solo se mide en dólares, sino en fe erosionada, confianza perdida y décadas de silencio institucionalizado.

Para muchos feligreses, ver a su diócesis colapsar financieramente puede resultar tan doloroso como conocer los abusos que la llevaron allí. Y para las víctimas, cada nuevo litigio representa, al mismo tiempo, una esperanza de justicia y una reapertura de heridas.

Así, la Iglesia Católica se ve atrapada entre dos realidades: una lucha inédita por mantener sus operaciones, y una demanda continua y legítima por justicia y reparación por parte de aquellos a quienes un día prometió cuidar.