La ley que silencia a Tailandia: el caso Chonthicha y la represión contra la disidencia

Por: Redacción Mundo | Blog de Opinión

¿Un parlamento sin libertad?

En septiembre de 2025, el Tribunal de Apelación de Bangkok confirmó una condena de dos años de prisión contra Chonthicha Jangrew, diputada del progresista Partido del Pueblo, por el delito de difamación a la monarquía tailandesa. Esta decisión judicial no sorprendió a muchos observadores, pero sacó de nuevo a relucir una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto puede Tailandia considerarse una democracia si sigue persiguiendo penalmente las críticas contra una institución hereditaria?

¿Quién es Chonthicha Jangrew?

Popularmente conocida como "Lookkate", Chonthicha es una figura clave del movimiento juvenil pro-democracia que resurgió en Tailandia en 2020, impulsado por estudiantes universitarios que demandaban en las calles reformas estructurales, incluyendo revisar el poder de la monarquía, algo que había sido totalmente tabú durante décadas.

Activista desde joven, fue elegida al Parlamento en 2023 como representante del Partido Avanzar (Move Forward), una agrupación con un programa claro de transformación institucional. Sin embargo, tras ganar las elecciones por mayoría relativa, dicho partido fue disuelto por el hecho de haber propuesto una reforma al artículo 112 del Código Penal, más conocido como la ley de lesa majestad.

¿Qué hizo para ser condenada?

Según la justicia tailandesa, Chonthicha incurrió en delito al mencionar, durante un discurso en un mitin en 2021, que el gobierno del entonces primer ministro Prayuth Chan-ocha había modificado leyes para otorgar más poderes al Rey Maha Vajiralongkorn. En un país donde la difamación, el insulto o cualquier forma de crítica a miembros de la familia real se castigan con hasta 15 años de cárcel por cada infracción, eso equivale a una condena automática.

En realidad, su caso refleja un patrón más amplio: desde el resurgir del movimiento pro-democracia en 2020, más de 280 personas, muchos de ellos estudiantes, han sido acusados de violar el Artículo 112, según la organización Thai Lawyers for Human Rights.

La trampa legal de la lesa majestad

Tailandia es uno de los pocos países del mundo donde criticar a la monarquía no es libertad de expresión, sino delito penal. El artículo 112 del Código Penal establece que "cualquiera que difame, insulte o amenace al Rey, la Reina, al heredero o al Regente, será castigado con entre 3 y 15 años de prisión por cada infracción".

Lo preocupante es que esta ambigua redacción ha permitido que las autoridades interpreten cualquier señal de disenso como una ofensa, incluso publicaciones en redes sociales o comentarios durante manifestaciones.

Ejemplo: hasta finales de 2024, 286 personas habían sido procesadas solamente por delitos relacionados con la lesa majestad desde 2020, señala Human Rights Watch, lo que indica un uso instrumental del sistema legal para amedrentar a opositores.

Un nuevo gobierno, viejas represiones

La llegada al poder de una nueva coalición en 2023, tras los comicios parlamentarios, trajo ciertas esperanzas. El Partido Avanzar fue vetado inicialmente para formar gobierno, y sus miembros fundaron el actual Partido del Pueblo, que también lideró las elecciones, pero debió ceder el poder a una coalición de partidos más tradicionales y monárquicos.

La condena a Chonthicha se suma a otra sentencia reciente de 2 años y 8 meses contra ella en un caso separado, por una publicación de 2020 en redes sociales donde cuestionaba también ciertos privilegios reales.

La continuidad de estas condenas deja claro que el aparato judicial tailandés sigue profundamente alineado con los intereses monárquicos y militares, sin importar el cambio de nombres en el gabinete ministerial.

Del parlamento a la cárcel

Uno de los aspectos más dramáticos del caso Jangrew es que, si no hubiese obtenido la libertad bajo fianza, habría perdido de inmediato su escaño parlamentario. Su caso está ahora en manos del Tribunal Supremo, última instancia posible.

La fianza fue fijada en 150.000 bahts (unos 4.600 dólares), lo cual puede parecer una suma modesta desde el extranjero, pero representa un obstáculo importante para muchos activistas previamente procesados.

Reacción internacional: silencio y realpolitik

A pesar de que Tailandia es signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la libre expresión, la condena contra Chonthicha no ha provocado grandes reacciones diplomáticas.

La mayoría de gobiernos occidentales mantienen intereses comerciales y estratégicos en el Sudeste Asiático y evitan criticar abiertamente al régimen tailandés. Una vez más, los derechos humanos son sacrificados en el altar del pragmatismo geopolítico.

¿Una democracia sin derecho a disentir?

En palabras de la propia Chonthicha antes del juicio: “Este caso es importante porque muestra a Tailandia y al mundo que la ley 112 se utiliza para reprimir la libertad de expresión”. Su sentencia marca un nuevo capítulo en la batalla por democratizar Tailandia, donde los movimientos estudiantiles siguen empujando, a pesar de las amenazas y las cárceles, por un país más abierto y justo.

Pero la pregunta esencial permanece: ¿cómo sostener una democracia verdadera cuando no se permite cuestionar a las instituciones más poderosas?

Chonthicha no está sola, pero sí representa un símbolo en una lucha que aún no ha terminado. Mientras el sistema político tailandés continúe blindando al Palacio con leyes penales e intimidación, el sueño de una democracia plural y moderna en el Reino del Siam seguirá siendo una lucha, no una realidad.

El futuro del Artikel 112

La reforma del artículo de lesa majestad fue una de las principales motivaciones de las protestas del 2020, lideradas por figuras como Panusaya Sithijirawattanakul y Parit Chiwarak. Estas movilizaciones masivas reunieron a miles en Bangkok y otras ciudades, pero también desembocaron en una intensificación de los juicios políticos.

Siguen vivos los llamados de Amnistía Internacional y de ONGs tailandesas para que se derogue o reforme el artículo 112. Entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024, al menos 1.875 protestas reconocidas fueron convocadas para exigir cambios legales o constitucionales.

¿Hay esperanza?

El electorado tailandés ya ha demostrado en las urnas que quiere una Tailandia más moderna. La disolución de partidos como Move Forward no ha hecho sino regenerarlos bajo nuevas siglas. Los jóvenes, conectados y activos, siguen promoviendo una sociedad más informada y menos temerosa.

El desafío sigue siendo grande. Mientras las instituciones guardianas del statu quo sigan empleando leyes coloniales y represivas, los activistas como Chonthicha seguirán resistiendo. Su encarcelamiento, en lugar de intimidar, podría servir de catalizador para cambios más profundos.