La ofensiva de Trump contra los derechos civiles: el nuevo campo de batalla de la equidad en EE.UU.

Por qué importa: Bajo el mandato de Donald Trump, varias agencias federales de Estados Unidos emprendieron una reconfiguración significativa del enfoque civil y antidiscriminatorio del país. A través de una serie de medidas, su administración limitó protecciones fundamentales que habían garantizado durante décadas a mujeres, personas trans, minorías raciales y comunidades históricamente marginadas el acceso equitativo a espacios educativos, laborales y deportivos.

Un ataque frontal a la inclusión de personas trans en deportes femeninos

En uno de los casos más sonados, el Departamento de Educación, junto con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, acusó al estado de Minnesota y a su Liga de Escuelas Secundarias de violar el Título IX de la Ley de Educación al permitir que estudiantes transgénero participaran en deportes femeninos. La ley, que prohíbe la discriminación por razones de sexo en instituciones educativas que reciben fondos federales, fue reinterpretada por la administración Trump para excluir a jóvenes trans de espacios femeninos.

Según la investigación federal, en disciplinas como esquí alpino, esquí nórdico, lacrosse, atletismo, voleibol y sóftbol, adolescentes trans fueron permitidas a competir como mujeres. Para Craig Trainor, funcionario de Derechos Civiles del Departamento de Educación bajo Trump, esta política supuso una amenaza a la "seguridad, trato justo y dignidad de las estudiantes femeninas".

La postura de Trump contrastó con la de gobiernos anteriores —incluido el de Barack Obama— que habían promovido una interpretación más inclusiva del Título IX. La UE y diversas organizaciones internacionales han reconocido el derecho de personas trans a participar en actividades deportivas conforme a su identidad de género.

Una ofensiva legislativa que trasciende los deportes

Este no fue un caso aislado. La ofensiva política y legal continuó con una orden ejecutiva emitida en febrero de ese mismo año, la cual autorizó al gobierno federal a retirar fondos a cualquier entidad que, según su criterio, eliminara oportunidades deportivas justas para mujeres cisgénero al admitir a competidoras trans.

El impacto va más allá del deporte. En agosto, el Departamento de Educación cuestionó la existencia de baños inclusivos en una escuela de Denver, aduciendo que dicha política también violaba el Título IX, a pesar de la falta de evidencia de daños materiales o discriminación efectiva en el entorno escolar.

Disparate impact: el concepto jurídico que también fue desmantelado

Otro golpe estratégico fue la decisión de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de dejar de investigar casos basados en el concepto legal de “disparate impact”. Esta doctrina sostiene que aun políticas aparentemente neutrales pueden ser discriminatorias si afectan desproporcionadamente a ciertos grupos, como mujeres, personas racializadas o con discapacidad.

Este enfoque había sido clave en litigios laborales e incluso financieros desde los años 70, y fue respaldado en precedentes legales como Griggs v. Duke Power Co. (1971). Sin embargo, la administración Trump argumentó que el "impacto dispar" fomentaba el igualitarismo forzado y socavaba la meritocracia.

Más allá del papel: desigualdades reproducidas por algoritmos

En una era de creciente uso de inteligencia artificial para procesos de contratación, la eliminación del análisis de impacto dispar adquiere una connotación aún más alarmante. Como explicó Christine Webber, abogada especializada en derechos civiles:

“El impacto dispar es indispensable para detectar prácticas invisibles de discriminación en algoritmos que parecen objetivos, pero que replican sesgos históricos si se alimentan de datos contaminados.”

Un caso notorio fue el de Amazon, que abandonó un sistema automatizado de selección de personal tras descubrir que favorecía sistemáticamente a candidatos masculinos para puestos técnicos.

La tendencia preocupa aún más sabiendo que muchas instituciones adoptan tecnologías basadas en grandes volúmenes de datos históricos, lo que puede amplificar las desigualdades existentes. Expertos advierten que es precisamente imposible garantizar una IA “imparcial” si no se cuenta con marcos normativos sólidos como el de impacto dispar.

Impacto en el acceso a la justicia y la equidad laboral

La decisión de la EEOC también implica menor acceso a justicia para trabajadores con recursos limitados. Históricamente, la EEOC ha funcionado como una entidad pública con facultades únicas —como exigir información a empresas— que muchos abogados particulares carecen.

Karla Gilbride, exconsejera general de la EEOC despedida por Trump, calificó la decisión como “perturbadora”, ya que deja sin respaldo a quienes más necesitan protección institucional frente a sistemas empresariales discriminatorios.

Además, al tratarse muchas veces de políticas organizacionales, más que actos individuales de discriminación, las consecuencias pueden afectar a miles de empleados en todo el país.

Florida: la elección universitaria que refleja otra lógica política

El caso del nombramiento de Moez Limayem como rector de la Universidad del Sur de Florida exhibe otro ángulo de la reestructuración institucional durante el trumpismo. Aunque Limayem no es figura política, su designación se dio tras una reforma que permitió procesos cerrados y sin revisión pública en la elección de autoridades universitarias.

Desde 2022, los concursos públicos dejaron de ser obligatorios para estos cargos, lo que abrió la puerta a múltiples nombramientos de políticos republicanos en rectorías estatales. Aunque Limayem ostenta credenciales académicas respetables, el secretismo del proceso preocupa a entidades educativas y docentes.

“Parece un sistema de premios para políticos afines. Esto erosiona la confianza pública en las instituciones educativas,”

señaló uno de los críticos del proceso, en referencia a la tendencia creciente en Florida.

Reacciones divididas: enfrentamientos culturales e ideológicos

En el fondo, todos estos casos reflejan una guerra cultural que ha marcado buena parte del discurso público de Estados Unidos en los últimos años. Para Trump y sus seguidores, se trata de restaurar valores tradicionales supuestamente amenazados por los movimientos de justicia social.

Para activistas y expertos en derechos humanos, sin embargo, lo que está en juego es mucho más profundo: la posibilidad de vivir en un país donde identidad, género, raza, capacidades físicas o nivel socioeconómico no impidan el acceso a oportunidades justas.

En palabras de Chai Feldblum, una de las comisionadas más destacadas de la EEOC durante gobiernos anteriores:

“Las decisiones del gobierno de Trump han comprometido décadas de lucha por la equidad. Desde los baños de escuelas hasta las entrevistas laborales, todo está siendo rediseñado bajo una lógica que normaliza la exclusión.”

¿Hacia dónde vamos?

La pregunta que persiste es si estas políticas y cambios institucionales sobrevivirán a futuros gobiernos. Muchos estados y empresas privadas han optado por ignorar ciertas directrices federales, reafirmando su compromiso con prácticas inclusivas.

Mientras tanto, grupos civiles continúan haciendo presión mediante litigios, campañas informativas y capacitación organizacional. La lucha por los derechos civiles en Estados Unidos entra en una nueva etapa, donde la tecnología, el deporte, la educación y el entorno laboral se han convertido en tableros de una partida ideológica cuyo resultado afectará a generaciones enteras.

Para algunos, esto es un retorno. Para muchos otros, es una regresión.