Libertad de expresión y acceso a la educación: ¿una batalla de ideologías en Estados Unidos?

Estados Unidos se encuentra nuevamente en el centro de un debate que pone a prueba los pilares de su democracia: la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el rol del Estado en el acceso a la educación. En los últimos días, dos eventos aparentemente distintos pero profundamente conectados han sacudido el panorama político y social del país: un fallo judicial que declara inconstitucional la deportación de personas por sus opiniones políticas y la polémica expansión del uso de fondos públicos en Nebraska para financiar matrículas escolares privadas.

La sentencia federal contra las deportaciones “ideológicas”

Un juez de distrito de Boston, William Young, emitió una sentencia contundente: el intento del gobierno de Donald Trump de deportar a no ciudadanos que protestan contra la guerra en Gaza viola la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y el derecho a la protesta política en Estados Unidos.

Este fallo surge tras una demanda presentada por asociaciones universitarias que alegaban que la administración Trump había llevado a cabo una campaña coordinada para silenciar, mediante la revocación de visas, a estudiantes y académicos que criticaban al gobierno de Israel o mostraban simpatía por el pueblo palestino. Según testificaron varios expertos y testigos:

• El criterio para revocar visas parecía tener una motivación ideológica.
• Los activistas blancos o proisraelíes no fueron perseguidos con la misma intensidad.
• Los casos incluían a estudiantes internacionales destacados como Rumeysa Ozturk y Mahmoud Khalil, cuyos permisos fueron revocados pese a no existir denuncia penal contra ellos.

Ramya Krishnan, abogada del Knight First Amendment Institute, comparó esta política con la era del macartismo, cuando personas fueron perseguidas por supuestas afiliaciones comunistas: “No se ha visto una represión tan severa contra los inmigrantes por discurso político legal desde los años 50”.

La respuesta del gobierno de Trump

Los representantes del gobierno Trump negaron que existiera una política de deportación por ideas políticas. Victoria Santora, abogada del Departamento de Seguridad Nacional, defendió que las revocaciones se enmarcan en leyes migratorias vigentes y que la discrecionalidad se aplica caso por caso.

Pero en el proceso legal salieron a la luz memos internos que vinculaban la actividad ideológica de individuos con la justificación migratoria. John Armstrong, alto funcionario del Buró de Asuntos Consulares, reconoció haber protagonizado procesos de revocación de visas a activistas visibles.

¿Un precedente peligroso?

Este fallo judicial no solo representa un revés simbólico para la administración Trump, sino también un precedente jurídico con implicaciones mayores:

• Reafirma el alcance constitucional de la Primera Enmienda para no ciudadanos. Muchos asumen que la Constitución solo protege a ciudadanos, pero esta decisión refuerza la idea de que todo individuo en suelo estadounidense goza de protecciones fundamentales.
• Alerta sobre el uso del sistema migratorio como herramienta ideológica. La posibilidad de “castigar” con procesos migratorios a quienes se expresan políticamente genera un efecto de autocensura peligroso.

Nebraska y la controvertida apuesta por los vales escolares

Mientras el poder judicial federal transitaba deliberaciones de peso constitucional, en Nebraska otro acontecimiento agitaba el debate entre la voluntad popular y la agenda legislativa conservadora. El gobernador republicano Jim Pillen firmó una orden ejecutiva que integra al estado en un nuevo programa federal de elección escolar, contenido en una ley aprobada bajo la administración Trump.

El gobernador fue claro en su postura: "No estoy simplemente optando por este programa, lo estoy lanzando de cabeza", declaró durante un evento en una escuela católica. Acompañado por legisladores federales republicanos, justificó la decisión alegando que el programa no resta fondos a las escuelas públicas.

¿Cómo funciona este nuevo esquema de financiación?

Este plan permite que padres desvíen hasta $1,700 USD del impuesto federal sobre la renta hacia organizaciones sin fines de lucro. Estas, a su vez, otorgan becas para la matrícula de estudiantes en escuelas privadas, muchas de ellas religiosas.

A diferencia de programas anteriores, esta medida:

• Incluye a hogares con ingresos significativamente altos (hasta el 300% del ingreso medio del área).
• No requiere justificación educativa ni académica para el cambio de escuela.
• Reduce el ingreso fiscal federal neto, pero el gobernador arguye que no afecta el presupuesto estatal.

El presidente de la Asociación de Educación del Estado de Nebraska (NSEA), Tim Royers, expresó con fuerza su rechazo: “Familias que ganan más de $200,000 al año están recibiendo cupones financiados con dinero público”, lo que va -según él- en contra del objetivo original de ayudar a las familias con menos recursos.

El rechazo del pueblo… y el contraataque político

Este avance del programa federal escolar se produce a pesar de que en 2023 el electorado de Nebraska se pronunció en contra de una medida estatal similar. Con más firmas que las requeridas, los ciudadanos lograron derogar una ley local que financiaba escuelas privadas con fondos del estado.

Y, sin embargo, los legisladores aprobaron posteriormente un nuevo proyecto de ley. El movimiento del gobernador es visto por muchos como una estrategia para evadir la voluntad de los votantes, apelando directamente a una ley federal.

Patrones similares se han visto en otros estados como Missouri o Kentucky, donde se intenta modificar o suprimir iniciativas ciudadanas aprobadas en referéndum. ¿Significa esto una erosión del poder ciudadano?

Un conflicto ideológico de fondo

Ambos hechos -el fallo sobre deportaciones por opiniones políticas y la política escolar de Nebraska- parecen distantes en la superficie. Pero conectan en un nivel profundo: la politización de derechos fundamentales como la educación y la libre expresión.

El control del discurso, y el acceso desigual a oportunidades educativas, se erigen hoy como herramientas de poder. En el primer caso, se trata de silenciar a la disidencia; en el segundo, de fortalecer ciertos modelos educativos, muchas veces religiosos, a costa del sistema público.

El gobierno federal tiene responsabilidades cuando permite que leyes o políticas originen desigualdad bajo el disfraz de elección. La Constitución estadounidense no solo protege el derecho de hablar, sino también el de no ser castigado por hacerlo; no solo promueve la libertad de educarse, sino la de hacerlo sin que el privilegio económico sea el factor determinante.

¿Qué sigue para los ciudadanos?

En este contexto, la participación ciudadana se vuelve más importante que nunca. Votar, demandar, protestar, acudir a los tribunales: todo sirve cuando la maquinaria institucional se aleja de los valores democráticos.

Enfrentamos una época donde más que nunca está en juego el significado de ser estadounidense, de estudiar, de protestar, de pertenecer. La pregunta ya no es si estas políticas ahorran dinero o satisfacen demandas ideológicas, sino: ¿qué tipo de sociedad queremos ser?