¿Dónde termina el derecho a saber? Controversia por liberar imágenes gráficas del caso Kohberger

Un crimen que estremeció a Estados Unidos

En noviembre de 2022, cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho —Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle y Ethan Chapin— fueron brutalmente asesinados en una casa compartida fuera del campus en la ciudad de Moscow, Idaho. Este crimen, que rápidamente captó la atención nacional e internacional, culminó en un juicio en el que Bryan Kohberger fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en julio de 2025.

Con el cierre del caso, comenzó otro frente de polémica: la divulgación de algunas imágenes y grabaciones recolectadas durante la investigación. ¿Debe la sociedad tener acceso irrestricto a estos materiales en nombre de la transparencia, o existen límites éticos que protejan la dignidad de las víctimas y el dolor de sus familias?

La decisión judicial: privacidad ante todo

La jueza del Segundo Distrito de Idaho, Megan Marshall, emitió una decisión rotunda el pasado miércoles: bloquear la publicación de imágenes que muestran cuerpos o rastros sangrientos relacionados directamente con el crimen. Su argumento fue contundente: la divulgación de estas fotografías representa "una invasión de la privacidad sin justificación" y pueden causar un "daño emocional profundo e irreparable" a los familiares de las víctimas.

En palabras de la jueza Marshall:

“Poco se gana con la exposición pública de los cuerpos de los fallecidos, las sábanas empapadas en sangre, la sangre salpicada o cualquier otra representación gráfica de la escena de la muerte.”

Sin embargo, también reconoció el derecho del público a conocer los detalles de una investigación criminal, por lo que autorizó la publicación de otros documentos, imágenes y videos, siempre y cuando se preservara la identidad y condición de los cuerpos, así como de los testigos.

El dolor de las familias: una segunda tragedia

Las familias de Madison Mogen y Ethan Chapin fueron especialmente claras en sus súplicas al tribunal: mantener esas imágenes lejos de la esfera pública. Denunciaron que algunas ya circulaban en redes sociales y foros en línea, generando lo que calificaron como una revictimización constante.

“No se trata solo de proteger a nuestros hijos en la muerte, sino de protegernos a nosotros mismos de este sufrimiento eterno,” afirmaron en una carta conjunta presentada ante el tribunal.

La aparición de teorías conspirativas sin fundamento y la obsesiva fijación de algunos sectores del público con detalles macabros del caso ha sido otro factor alarmante. Tal como resaltó la jueza Marshall, la difusión de estos materiales puede alimentar narrativas infundadas y profundizar el trauma social.

El rol de los medios y la cultura de la morbosidad

En la era de la información inmediata, los medios enfrentan un dilema ético constante: ¿hasta dónde llegar para informar? Si bien el acceso a registros públicos garantiza la transparencia del sistema judicial, también expone la posibilidad de convertir la tragedia en espectáculo.

Robert P. George, profesor de Derecho en Princeton, lo resumió en una frase: “Hay una línea ética que algunos cruzan con demasiada facilidad. Informar no es lo mismo que explotar.”

El caso Kohberger no es el primero que plantea esta discusión. En otros crímenes de alto perfil, como los asesinatos de Jeffrey Dahmer o el tiroteo en la Escuela Primaria Sandy Hook, las familias han suplicado que no se publiquen imágenes del horror. En Sandy Hook, una ley estatal aprobada en Connecticut en 2013 prohibió explícitamente la divulgación de fotos post-mortem de menores de edad sin el consentimiento de los padres.

¿Transparencia o sensacionalismo?

Los defensores del acceso a documentación completa argumentan que el conocimiento total del proceso penal es esencial para la democracia. Argumentan que ocultar aspectos del expediente puede generar desconfianza pública, especialmente en casos que han despertado atención mundial.

Sin embargo, existen precedentes legales y morales que señalan lo contrario. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha establecido límites sobre lo que puede considerarse interés público legítimo, especialmente cuando hay derechos fundamentales como la intimidad y la dignidad humana en juego.

Un documento de la Corte Suprema en National Archives v. Favish (2004) apoyó el derecho de la familia de Vincent Foster (abogado de la Casa Blanca) a bloquear la divulgación de fotos de su cuerpo tras su presunto suicidio. La Corte afirmó que los familiares tienen derecho a “protegerse contra el sufrimiento emocional causado por la exhibición gratuita del cadáver de un ser querido”.

El crimen que obsesionó al internet

El caso Kohberger fue, y sigue siendo, objeto de intensa especulación en comunidades en línea como Reddit, TikTok y foros de true crime. Algunos internautas llegaron incluso a autoproclamarse detectives, generando teorías tan imaginativas como infundadas, e incluso persiguieron a supuestos sospechosos inocentes antes del arresto de Kohberger.

Esta fascinación colectiva por el crimen violento ha dado lugar a una “cultura del true crime” con millones de seguidores. Series documentales, pódcasts, y creadores de contenido generan constantemente material sobre los casos más impactantes, a veces sin considerar el impacto negativo en los directamente involucrados.

¿Qué límites debería tener la transparencia judicial?

• El consentimiento de las familias: Es éticamente imprescindible priorizar la voluntad de quienes han perdido a sus seres queridos.
• Naturaleza del material: Hay diferencia entre divulgar un informe forense y mostrar imágenes gráficas de una escena sangrienta. El contexto importa.
• Peligro de difusión masiva: Internet garantiza que cualquier imagen publicada pueda ser replicada, alterada o reinterpretada infinitamente, prolongando el trauma.

Un precedente crucial para futuros casos

El fallo de la jueza Marshall sienta un precedente relevante para futuros crímenes de alto perfil. Reconoce que mientras el acceso a la información pública es un pilar democrático, el daño emocional y psicológico de tal exposición puede justificar restricciones.

En este sentido, Idaho se une a otras jurisdicciones que han empezado a revisar sus políticas de divulgación, en una era donde lo viral y lo morboso ganan alcance más rápido que la justicia misma.

¿Quién debe tener la última palabra?

En última instancia, el debate gira en torno a una pregunta fundamental: ¿quién debe decidir qué es del interés público y qué es simplemente una intrusión? La respuesta, quizás, no sea binaria. La solución ideal exige equilibrio: permitir la supervisión ciudadana del sistema de justicia sin cosificar el dolor humano.

Casos como el de Bryan Kohberger no solo dejan cicatrices legales o personales, sino también sociales. Nos hacen cuestionar hasta qué punto hemos normalizado la exposición del horror ajeno en nombre del acceso a la información.

Y tú, lector, ¿te sentirías cómodo si la última imagen de un ser querido estuviera disponible con un solo clic? Tal vez sea momento de preguntarnos si necesitamos ver para comprender, o si tal vez podamos comenzar a respetar para sanar.