Alligator Alcatraz: El experimento carcelario de DeSantis que enfrenta demandas por abusos y negligencia

El surgimiento de Alligator Alcatraz: un símbolo de la política migratoria radical

En medio de los Everglades, en un rincón remoto del sur de Florida, se erige uno de los proyectos más polémicos del último tiempo en política migratoria: el centro de detención apodado Alligator Alcatraz. Inaugurado en julio de 2025 bajo el impulso del gobernador Ron DeSantis, esta instalación ha sido presentada por el expresidente Donald Trump como un “modelo nacional” para futuras cárceles migratorias. Pero detrás de esa imagen de orden, disciplina y eficacia, se esconde una realidad diametralmente opuesta: condiciones deplorables, presuntas violaciones de derechos humanos y una batería de demandas legales que podrían obligar a su cierre permanente.

Una instalación polémica desde su construcción

La creación de este centro ha sido, desde el inicio, un acto marcado por el conflicto. Construido en un aeródromo abandonado dentro de una reserva natural sin pasar por las evaluaciones del impacto ambiental requeridas, Alligator Alcatraz fue objeto inmediato de juicios presentados por grupos ambientalistas y de derechos civiles. Una juez federal en Miami ordenó en agosto de 2025 su cierre en un plazo de dos meses, considerando que su apertura fue ilegal. Sin embargo, una corte de apelaciones suspendió esa orden en septiembre, permitiendo que el centro continúe funcionando mientras sigue el proceso legal.

Control desmedido sobre los detenidos

Uno de los elementos más alarmantes es lo descrito en el manual interno para detenidos presentado como evidencia judicial. Según el documento, a los inmigrantes se les asignan uniformes con códigos de color y brazaletes según su historial penal y nivel de “riesgo de fuga”. Esta clasificación determina también qué acceso tendrán a actividades, visitas y defensas legales. Los detenidos:

• Deben mantener sus camisas puestas incluso en los dormitorios.
• No pueden colocar las manos dentro del pantalón, incluso si hace frío.
• No pueden moverse ni hablar durante los conteos de cabeza diarios.
• Son penalizados colectivamente si alguno rompe las reglas.

Las comidas se sirven estrictamente en horarios asignados, no está permitido llevar nada fuera del comedor, y los detenidos segregados reciben los alimentos en sus celdas individuales.

“Rutina” de derechos que no se cumple

El mismo manual asegura que a cada persona se le proporciona:

• Artículos de higiene personal.
• Acceso al barbero y a la biblioteca legal hasta cinco horas por semana.
• Una presentación en video con las reglas del lugar a su llegada.

Incluso se menciona un protocolo estricto contra las agresiones sexuales, con un investigador a tiempo completo y recomendaciones de “cómo evitar ser víctima”, entre las que está “no parecer emocionalmente débil”. Sin embargo, varios testigos han denunciado lo contrario: “Los baños no funcionan, hay residuos fecales en el suelo y pasamos días sin ducharnos”, declaró un inmigrante anónimo al medio local Florida Human Watch.

Sin acceso legal adecuado, denuncian abogados

Uno de los puntos más conflictivos ha sido el derecho al debido proceso legal. De acuerdo con organizaciones de derechos civiles, en el centro se vulnera continuamente el acceso confidencial a abogados:

“Los detenidos desaparecen del sistema de rastreo. Algunos están semanas ahí sin que haya cargos formales. No se permite privacidad en las comunicaciones con los abogados. El Gobierno estatal está violando leyes federales”, explicaron los abogados en su demanda presentada en Fort Myers.

Sin embargo, Mark Saunders, funcionario del contratista privado Nakamoto Group, que supervisa las relaciones legales en el centro, declaró ante la corte que existen cuatro salas privadas designadas para encuentros abogado-cliente, y que no se han negado solicitudes. Dijo también que la administración respeta la confidencialidad de los documentos legales.

¿Un modelo federal de detención?

El 1 de julio de 2025, el expresidente Trump realizó una visita televisada al centro, acompañado por DeSantis y la entonces Secretaria de Seguridad Nacional interina Kristi Noem. Durante el recorrido, Trump afirmó:

“Este lugar es la próxima frontera de nuestra política migratoria. Orden, control, disciplina. Vamos a replicarlo en todo el país para detener esta invasión ilegal”.

Estas declaraciones encendieron las alarmas entre sectores progresistas y académicos que defendieron la inmigración legal y un trato humanitario conforme a la Constitución. Analistas políticos han observado que, bajo esta visión, se transgrede el principio básico de que sólo agencias federales, no gobiernos estatales, tienen autoridad sobre la materia migratoria.

Un laboratorio de detención fuera de la ley

Para grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Alligator Alcatraz representa un experimento peligroso donde la ley se dobla bajo intereses políticos. En un comunicado conjunto enviado en septiembre, demandaron:

“Este centro funciona por fuera del sistema legal establecido. Es una cárcel pública operada como prisión militar, en tierra ambientalmente protegida, sin supervisión federal ni estándares básicos de vigilancia civil”.

Un déjà-vu legal e ideológico

El caso recuerda otros episodios de tensión entre gobiernos estatales y federales en materia de derechos civiles, como las detenciones en Arizona bajo la ley SB1070 en 2010 o las políticas de “ciudades santuario” en los años de Trump. El profesor Manuel Rojas, catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad Internacional de Florida, comentó para el medio Justicia y Debate:

“Alligator Alcatraz ilustra la colisión entre federalismo y aspiraciones autoritarias. Aquí, Florida crea estructuras legales paralelas, pretendiendo sustituir responsabilidades del Gobierno federal sin rendición de cuentas.”

¿Futuro incierto o precedente histórico?

Con varias demandas aún abiertas, apelaciones en curso y la opinión pública indignada tras los múltiples reportes, la existencia de Alligator Alcatraz como instalación institucional sigue en riesgo. Aunque su simbolismo para algunos sectores conservadores es fuerte, su operación se ve cada vez más insostenible ante los embates judiciales y mediáticos. Esta batalla por el control migratorio a nivel estatal no solo refleja una estrategia conservadora extrema, sino que pone sobre la mesa el debate nacional sobre hasta qué punto un gobierno puede abandonar los estándares humanitarios y legales en nombre del “orden” fronterizo. Mientras tanto, los detenidos siguen enfrentando condiciones cuestionables, sin certezas jurídicas ni calendarios definidos, atrapados en una estructura que podría ser recordada como el experimento carcelario más controversial de la década.