El Shutdown como Arma: Cómo Trump Redefinió el Cierre del Gobierno

Un cierre que no es como los anteriores

Lo que comenzó como una simple paralización de funciones gubernamentales —algo que ha ocurrido múltiples veces en la historia de Estados Unidos— ha evolucionado en 2025 en una auténtica herramienta de poder. En lugar de tan solo suspender empleados mediante "furloughs", la administración de Donald Trump ha utilizado el cierre como una oportunidad para reestructurar el aparato federal y ejecutar una purga ideológica sin precedentes.

“He can trim the budget to a level that you couldn’t do any other way”, dijo Trump refiriéndose a su director de Presupuesto, Russ Vought, durante una reunión en la Casa Blanca. Vought es también uno de los principales autores del proyecto ideológico conservador Project 2025, el cual busca reescribir el rol del Estado federal para adecuarlo a las prioridades del movimiento MAGA.

Recortes millonarios y despidos inminentes

El lunes, la Oficina de Presupuesto anunció que ponía en pausa $18 mil millones en fondos para proyectos de infraestructura en Nueva York, incluyendo el Hudson Tunnel y el metro de la ciudad. ¿Coincidencia? Improbable. Se trata del estado natal de los dos principales líderes demócratas en el Congreso: el presidente del Senado Chuck Schumer y el líder de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries.

Además, Vought anunció en una llamada con congresistas republicanos despidos “inminentes” en múltiples agencias. No es casualidad que estos recortes afecten programas apoyados históricamente por los demócratas: Head Start, ayuda exterior, infraestructura de energía limpia, y hasta la radio pública.

“La crueldad es el punto”, afirmó Jeffries, resumiendo el enfoque hostil que la Casa Blanca ha adoptado frente a empleados federales y opositores políticos.

Efectos económicos: más que un dolor de cabeza político

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), en promedio 750,000 empleados federales han sido suspendidos por día desde el inicio del cierre, causando la pérdida de aproximadamente $400 millones diarios en salarios no pagados. Además, el poder adquisitivo de estos trabajadores cae, disminuyendo la demanda agregada y ralentizando el crecimiento económico.

“The longer this goes on, the more pain will be inflicted”, advirtió el presidente de la Cámara, Mike Johnson.

La historia nos dice que los efectos macroeconómicos de estas paralizaciones suelen revertirse una vez que el gobierno reabre. Sin embargo, la estrategia Trumpista apunta a algo más estructural, buscando hacer que estos recortes sean “irreversibles”.

Una larga historia de hipocresía bipartidista

No es la primera vez que el cierre del gobierno se convierte en campo de batalla política. De hecho, Donald Trump mismo en 2013, como empresario, criticó la parálisis del gobierno: “You have to get people in a room, and you have to just make deals”. Hoy, como presidente, adopta la postura opuesta: se rehúsa a negociar con los demócratas y usa el shutdown como escudo y espada.

También hay cambio de scripts en los demócratas. Elizabeth Warren, sénadora por Massachusetts, en 2013 pedía al Congreso que pasasen al menos un proyecto a corto plazo para mantener el gobierno funcionando. En 2025, ha votado dos veces en contra de propuestas similares impulsadas por republicanos, demandando la restauración de subsidios de salud eliminados por la ley fiscal del GOP.

¿Quién gana realmente con un shutdown?

Un análisis histórico revela que los partidos que fuerzan el cierre rara vez obtienen lo que buscan:

• En 2013, los republicanos querían eliminar los fondos del Obamacare. Fracaso total.
• En 2018, los demócratas exigieron protección para los “Dreamers”. Resultado: solo una promesa de voto.
• En 2019, Trump exigió fondos para el muro fronterizo. Tras un cierre de 35 días, declaró emergencia nacional al no conseguirlos por vía legislativa.

Este patrón se repite: lo que inicia como presión política termina diluyéndose en compromisos frágiles o directamente derrotas parlamentarias.

Adelita Grijalva: ¿obstaculizada por política o discriminación?

En medio del caos del shutdown, Adelita Grijalva, hija del fallecido representante Raúl Grijalva, ganó contundentemente una elección especial para asumir el escaño del distrito 7 de Arizona. Sin embargo, su juramentación ha sido inusualmente postergada, dejándola sin oficina, salario ni posibilidad de representar a su distrito.

“No hay quien vote por ellos, no hay servicios para los constituyentes, no hay apoyo,” dijo frustrada Grijalva desde el Capitolio. Su retrasada incorporación es sospechosa. Dos legisladores republicanos fueron juramentados rápidamente este mismo año a pesar de que la Cámara no estaba en sesión.

¿La verdadera razón? Grijalva sería el voto decisivo para forzar una votación que obligue a liberar los archivos judiciales en el caso Epstein. Una combinación explosiva de agenda moral, poder político y obstruccionismo parlamentario se cierne sobre su asunción formal.

Una polarización sin precedentes

El cierre ha puesto de manifiesto la incapacidad del Congreso para legislar de manera funcional. Demócratas y republicanos están más lejos que nunca en cuanto a sus prioridades. Mientras los primeros luchan por preservar subsidios de salud, los segundos priorizan deportaciones, recortes de ayuda internacional y una supuesta “eficiencia del gobierno”.

“¿De qué sirve un gobierno si no funciona?”, cuestionaba el actual vicepresidente JD Vance en 2024. Hoy, defiende que no es “razonable” usar fondos de salud como moneda de cambio. Un cambio no solo de discurso, sino de principios.

Una herramienta para reordenar el Estado

La administración Trump ha utilizado lo que se ha llamado el “One Big Beautiful Bill” —una ley presupuestaria omnibus firmada el verano pasado— para redirigir fondos a agencias como el Departamento de Defensa y Seguridad Nacional. El resultado: las políticas antiinmigrantes, deportaciones y vigilancia fronteriza siguen funcionando a toda máquina mientras departamentos como Educación, EPA o NIH se paralizan.

Incluso el GAO (Oficina de Responsabilidad del Gobierno), organismo no partidista, ha emitido múltiples informes indicando que el gobierno ha violado leyes al intentar “rescatar” fondos ya aprobados por el Congreso. Sin embargo, una reciente sentencia de la Corte Suprema ha permitido rescindir $5 mil millones en ayuda extranjera, validando una peligrosa tendencia ejecutiva: gobernar por decreto presupuestario.

¿Quién pierde más?

Aunque el discurso oficial pueda mostrar fortaleza, los efectos reales del shutdown los sufren los ciudadanos. Desde la cancelación de beneficios como Head Start hasta el posible aumento en las primas de seguros para millones bajo Obamacare —la Fundación Kaiser estima que podrían más que duplicarse—, el ciudadano común empieza a pagar los platos rotos de maniobras palaciegas.

¿Un nuevo estilo de gobernar?

Esta nueva versión del shutdown no es un accidente. Es estrategia. Está siendo usada para redibujar el papel del Estado, eliminar programas sociales, purgar burócratas no afines, debilitar al Congreso y transferir poder al Ejecutivo. El proyecto 2025 de Russ Vought puede estar logrando más durante el cierre que en cualquier sesión legislativa.

“Este cierre no será recordado por su duración, sino por lo que significó: la transformación activa de la maquinaria estatal en función de una ideología”, sintetizó el analista político Ezra Klein.

Quizá lo más preocupante es precisamente eso: que el cierre del gobierno ya no sea solo una disputa temporaria, sino un mecanismo regular de gobierno bajo presidencias autoritarias.