La censura disfrazada: el retiro forzoso de la Asociación de Periodistas de El Salvador

Una decisión histórica bajo presión estatal

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), fundada en 1936, anunció recientemente que trasladará su estatus jurídico fuera del país. Esta medida responde a la aplicación de una polémica ley de agentes extranjeros instaurada por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Dicha ley no solo exige que organizaciones con financiamiento internacional se registren como ‘agentes extranjeros’, sino que además impone un gravoso impuesto del 30% sobre los fondos que reciben del exterior.

Lejos de ser un hecho aislado, este evento marca un momento crítico para la libertad de prensa en El Salvador. El éxodo legal de APES, motivado por la necesidad de operar sin restricciones ni amenazas, nos plantea preguntas profundas sobre el verdadero estado de la democracia en el país centroamericano.

¿Qué dice la ley de agentes extranjeros?

Aprobada en mayo de 2023, la ley obliga a organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento extranjero a inscribirse en un registro especial y pagar un impuesto del 30% sobre esos fondos. Según declaraciones del gobierno, la normativa busca “garantizar la soberanía y evitar la injerencia extranjera en asuntos internos del país”.

No obstante, críticos locales e internacionales acusan al presidente Bukele de utilizar esta legislación como método para silenciar voces disidentes. Organizaciones de derechos humanos, medios independientes y periodistas han sido blanco de inspecciones, bloqueos de cuentas y campañas de desprestigio.

Un patrón cada vez más autoritario

Desde su llegada al poder en 2019 y especialmente tras su reelección por abrumadora mayoría, Bukele ha emprendido una campaña sistemática para centralizar el poder. Algunas de las acciones más visibles han sido:

• La destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2021.
• El reemplazo del fiscal general con un aliado político.
• El uso intensivo del estado de excepción desde 2022.
• La persecución judicial y administrativa contra medios independientes como El Faro.

El Gobierno justifica su actuar en base a los resultados obtenidos en materia de seguridad: la captación masiva de miembros de pandillas y una reducción significativa en los homicidios. Sin embargo, organismos como Human Rights Watch han señalado que estas medidas han derivado en detenciones arbitrarias y represión de libertades fundamentales.

El peligro de confundir crítica con traición

Una de las estrategias discursivas más recurrentes del presidente Bukele es tildar a las organizaciones y periodistas que critican su gestión de “aliados de las pandillas”. Esta táctica, aunque eficaz para movilizar respaldo entre su base política, siembra un clima de miedo y criminalización injustificada del trabajo periodístico.

En su comunicado, la APES explicó: “Fue una decisión difícil, tomada tras evaluar la urgente necesidad de trabajar sin limitaciones ni presiones”. Además, revelaron que han registrado la salida del país de 43 periodistas entre marzo y junio de 2023, muchos de ellos vinculados a medios digitales independientes. Una gran parte de estos profesionales ha expresado temor de regresar, debido al riesgo de ser detenidos o acusados de colaborar con grupos criminales.

Cristosal y otras organizaciones también en exilio

La APES no está sola. La prestigiosa organización de derechos humanos Cristosal también ha trasladado sus operaciones al exterior. El patrón de expulsión ‘voluntaria’ de entidades civiles recuerda a prácticas autoritarias registradas en la Venezuela de Nicolás Maduro o la Nicaragua de Daniel Ortega, donde la sociedad civil ha sido diezmada mediante leyes similares.

En tan solo dos años, más de 270 ONG han perdido su registro en Nicaragua —según datos de la OEA— bajo acusaciones de “terrorismo”, “blanqueo de capitales” o “servilismo extranjero”. ¿Está El Salvador caminando por ese mismo sendero?

La censura como política de Estado

El impacto real de la ley de agentes extranjeros trasciende el ámbito financiero. Más allá de los impuestos, el verdadero efecto radica en criminalizar el trabajo legítimo de las ONGs y medios que se dedican a la supervisión del poder. La penalización de fondos externos fuerza a tales organizaciones a escoger entre cerrar, autocensurarse o abandonar el país.

El objetivo es claro: reducir el margen operativo de quienes fiscalizan al gobierno. El mensaje implícito es igual de contundente: “O están conmigo o están contra mí”.

La libertad de prensa en cifras

El fenómeno no es exclusivo de El Salvador, pero sus síntomas son notorios. Según el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2023 publicado por Reporteros Sin Fronteras (RSF):

• El Salvador ocupa el puesto 115 de 180 países.
• Ha descendido 30 posiciones desde el año 2020.
• RSF denuncia vigilancia estatal, acoso judicial y restricciones arbitrarias sobre medios.

En su informe más reciente, la organización destaca que “los periodistas salvadoreños enfrentan una combinación de ataques digitales, leyes cada vez más punitivas y una narrativa estatal que los presenta como enemigos del progreso”.

¿Adónde va la prensa independiente?

La salida de APES representa una pérdida simbólica enorme, pero también una reubicación estratégica. Fuera del alcance de la legislación salvadoreña, la organización espera seguir capacitando periodistas, documentando abusos y litigando por la libertad de prensa. Todo esto indica que la batalla por la verdad y la transparencia no ha concluido ni aún en el exilio.

En palabras de Jorge Beltrán, periodista salvadoreño exiliado en México: “El periodismo libre ha sobrevivido dictaduras, guerras civiles y persecuciones. Esta etapa autoritaria no será la excepción”.

Una historia que se repite

En Latinoamérica no son nuevos los ataques sistemáticos contra la prensa. Desde el chavismo venezolano hasta el sandinismo nicaragüense, pasando por episodios en Honduras, Guatemala y Bolivia, las democracias malheridas han compartido una receta común: demonizar al mensajero para invisibilizar el mensaje.

La diferencia ahora en El Salvador es que se realiza bajo una apariencia de modernización, con una narrativa eficaz en redes sociales, respaldo popular y una realidad compleja donde los logros en seguridad funcionan como cortina de humo para el debilitamiento del Estado de derecho.

Una advertencia para la región

El caso salvadoreño debería servir de alerta para otras democracias latinoamericanas. Cuando las leyes diseñadas para proteger la soberanía nacional se convierten en herramientas para destruir la crítica, la línea entre gobierno y autoritarismo se vuelve cada vez más difusa.

La legitimidad democrática no se mide solo por votos o popularidad, sino por el grado de apertura, tolerancia y respeto a las libertades básicas. Y entre ellas, la libertad de prensa es esencial.

Hoy más que nunca, defender el periodismo es proteger la verdad, la información y el derecho de todos a cuestionar el poder.