La justicia detrás del velo: El caso Isabella Kalua y el giro histórico en la transparencia judicial en Hawái

Isabella Kalua, antes conocida como Ariel Sellers, fue una niña de tan solo seis años cuya desaparición y posterior muerte conmocionaron al estado de Hawái y al país entero. En 2021, bajo la apariencia de lo que parecía una adopción común por parte de una familia de acogida, este caso se convirtió en uno de los más sombríos ejemplos del fracaso institucional para proteger a los menores bajo tutela estatal.

Sin embargo, ahora hay un rayo de esperanza que representa un avance histórico en la transparencia judicial. En una decisión sin precedentes, la Corte Suprema de Hawái ha ordenado la liberación de los documentos judiciales sobre cómo Isabella fue colocada y adoptada por Lehua y Isaac Kalua, quienes hoy enfrentan cargos por asesinato en segundo grado. Esta decisión rompe con décadas de jurisprudencia que habían blindado el acceso a este tipo de expedientes.

El caso Isabella Kalua: una tragedia anunciada

La historia de Isabella Kalua tiene ecos de negligencia institucional, secretos judiciales y violencia intrafamiliar. Adoptada por los Kalua bajo recomendación del Departamento de Servicios Humanos (DHS) del estado, Isabella desapareció en 2021. Dos meses después, sus padres adoptivos fueron arrestados acusados de matarla, luego de revelarse que supuestamente fue encerrada en una jaula para perros con la boca sellada con cinta adhesiva durante la noche.

Tras el escándalo, el DHS se negó reiteradamente a liberar información sobre el caso, aludiendo a tecnicismos legales como la falta de una declaración oficial de muerte por abuso. Esta postura generó una fuerte reacción pública y movilizó a organizaciones civiles como Public First Law Center, que llevó el caso a la Corte Suprema del estado.

Un precedente que se derrumba: Adiós al caso Kema v. Gaddis (1999)

Durante más de 20 años, la forma en que se trataban los archivos judiciales en casos de maltrato infantil estuvo marcada por uno de los fallos más polémicos en Hawaii: Kema v. Gaddis. En aquel entonces, la Corte Suprema había sentenciado que el interés superior del menor era razón suficiente para bloquear el acceso público a registros judiciales relacionados con muertes infantiles bajo cuidado gubernamental.

Según este principio, los expedientes relacionados con la trágica muerte de Peter “Peter Boy” Kema Jr., otro caso de abuso infantil de alto perfil, fueron sellados. Esto creó una cultura de opacidad judicial, donde la falta de rendición de cuentas impedía que la opinión pública y los medios visibilizaran errores sistemáticos en la protección infantil.

Esto cambió el pasado martes, cuando la Corte Suprema de Hawái reconoció que existen otros intereses legítimos —como la fe pública en la justicia y la necesidad de evaluar fallos estructurales— que justifican la apertura de estos documentos.

975 páginas al descubierto

Gracias al dictamen judicial, 975 páginas sobre el proceso de acogida y adopción de Isabella Kalua están ahora sujetas a ser divulgadas. Aunque se han eliminado datos personales como los nombres de sus hermanos y abusos sufridos por ellos, el contenido principal ofrecerá respuestas clave:

• ¿Cómo fue que el DHS aprobó a los Kalua como padres adoptivos?
• ¿Qué información tenía el tribunal de familia sobre ellos antes de otorgar la custodia?
• ¿Fueron ignoradas o minimizadas señales de alerta?

Estas respuestas son fundamentales no solo como una vía de justicia para Isabella, sino también para reforzar los mecanismos de protección infantil.

La importancia de la transparencia en casos de abuso infantil

Brian Black, director ejecutivo de Public First Law Center, describió esta sentencia como “un hito hacia una cultura judicial más abierta”. El fallo pone de manifiesto que la opacidad no protege a los niños… la expone.

Numerosos estudios han señalado que la falta de supervisión pública ha sido uno de los principales factores de reincidencia en muertes de menores bajo cuidado institucional. Tal es el caso de estudios realizados por el U.S. Children's Bureau, que indican que en más del 25% de los casos de muerte infantil por abuso, hubo una intervención previa del sistema de bienestar infantil.

En palabras del propio fallo:

“La muerte de cualquier menor, una vez recomendado por el DHS, merece estar bajo el escrutinio público más severo para entender qué falló y cómo repararlo.”

¿Se avecina un cambio legislativo?

Además de la liberación de los documentos, la Corte Suprema ha pedido formalmente al comité del Tribunal de Familia que redacte una enmienda para regular cómo deben revelarse los registros cuando hay un menor muerto, gravemente herido o desaparecido.

Este llamado es un paso determinante hacia una reforma estructural del sistema judicial de menores en Estados Unidos, dado que los estados deben aplicar estándares federales, pero tienen autonomía en cómo interpretarlos.

Contexto nacional: Una ventana a los archivos sellados

La obligación de liberar información ante muertes infantiles está respaldada por la Ley Federal de Prevención y Tratamiento de Abuso Infantil (CAPTA, por sus siglas en inglés). Pero muchos estados suelen usar lagunas legislativas para no acatar esa premisa.

Hawái ha sido señalado históricamente como uno de los estados más restrictivos en términos de Family Court openness. En 2023, el propio DHS entregó solo resúmenes breves de casos de muertes infantiles, sin incluir el de Isabella bajo excusas técnicas. Era una práctica legalizada bajo la sombra del fallo Kema… hasta este nuevo veredicto judicial.

¿Puede una sola decisión cambiar un sistema?

Aunque la decisión del tribunal hawaiano es aplicable solo dentro del estado, sienta un precedente importante. Si bien los fallos judiciales no son vinculantes para otras jurisdicciones, sí generan presión social y política, especialmente en tiempos de mayor activismo por la niñez y los derechos humanos.

Casos similares como el de Gabriel Fernández en California también desataron indignación colectiva y reformas como crear juntas ciudadanas de revisión. Es probable que el fallo sobre Isabella Kalua impulse iniciativas similares en otros estados.

Recordando a Isabella: una víctima convertida en símbolo

Lo más trágico de esta historia reside en que Isabella no solamente perdió la vida, también fue olvidada por las mismas instituciones que debieron protegerla. En 2023, su caso ni siquiera fue reportado dentro de los requerimientos federales mientras el DHS buscaba formas de excusarse.

La justicia para Isabella no reside solamente en el juicio penal contra los Kalua —que empezará en febrero de 2025—, sino en crear un entorno donde ningún niño vuelva a ser víctima de negligencia estatal encubierta por el secretismo judicial.

Una lección perdurable

Hawaiʻi ha recibido una dura lección, una que costó la vida de una niña. Mientras el resto del país observa con atención, lo ocurrido con Isabella Kalua puede ser el inicio de una nueva era de rendición de cuentas y protección real para los niños adoptados o en custodia del Estado.

Que su historia no sea olvidada. Que su nombre represente no solo una tragedia, sino un cambio necesario.