¿Rediseño político o manipulación racial? La batalla legal por el nuevo mapa electoral de Texas

Una guerra legal en el corazón de Texas

Esta semana, el estado de Texas se convirtió nuevamente en el epicentro de un intenso debate sobre derechos civiles, representación política y posibles violaciones constitucionales. En una corte federal en El Paso, comenzó un juicio de nueve días que busca desentrañar uno de los temas más controversiales de la política estadounidense actual: la redistribución de distritos electorales con motivaciones que, según los demandantes, no solo son partidistas, sino también raciales.

¿La causa? Una demanda colectiva presentada por una coalición de individuos y organizaciones defensoras de los derechos de las minorías que acusan al gobierno estatal de Texas de diluir el poder electoral de comunidades negras e hispanas mediante manipulación deliberada del mapa electoral para las elecciones de 2026.

¿Partidismo o racismo? El argumento del estado

En una jugada inesperada, el estado Texano, gobernado por los republicanos, dejó de lado las argumentaciones originales que explicaban el rediseño bajo la luz de preocupaciones por equidad racial. Ahora, los abogados del estado argumentan que simplemente persiguieron ganancias partidistas, algo que, según la Corte Suprema de EE.UU., es legal.

Steven Loomis, asistente del fiscal general del estado, manifestó en la corte que: “Esto fue una estrategia política, no una racial”. Su postura busca esquivar las regulaciones constitucionales que prohíben manipular distritos basados en raza, mientras insiste que las decisiones tomadas sirvieron para solidificar la mayoría del Partido Republicano en el Congreso.

El impacto sobre las comunidades racializadas

Los demandantes presentan un diagnóstico muy diferente. Según el representante estatal Joe Moody, demócrata de El Paso, el proceso se enfocó en rediseñar los llamados “distritos de coalición”, aquellos donde múltiples grupos raciales (como afroamericanos, latinos y asiáticos) constituyen una mayoría unida.

“Cómo llegas a esos resultados importa”, declaró Moody, asegurando que el rediseño redujo la capacidad de los votantes latinos y negros para elegir candidatos que los representen. Otro testimonio importante fue el de la senadora Carol Alvarado, demócrata de Houston, quien enfatizó cómo sus comunidades históricas en Houston quedaron divididas sin justificación válida.

La carta del Departamento de Justicia: ¿chivo expiatorio?

Una pieza central del caso es una carta enviada al estado por el Departamento de Justicia (DOJ) durante el mandato presidencial de Donald Trump. En ese documento, se pedía modificar cuatro distritos “de coalición”.

Sin embargo, expertos legales declararon que esta carta no implicaba necesariamente una orden ni tenía fuerza de ley. A pesar de ello, el gobernador Greg Abbott usó esa carta como justificación para convocar a una sesión especial y redibujar el mapa distrital.

Esto alimenta la teoría de que la carta se utilizó como un “checklist formal”, más que una obligación, permitiendo avanzar una agenda redistrictal que llevaba tiempo cocinándose entre bastidores.

¿Quién realmente trazó el nuevo mapa?

Una pregunta desconcertante que enfrenta la legislatura texana es quién fue el verdadero autor del nuevo mapa electoral. Bajo interrogatorio, legisladores republicanos como el representante Todd Hunter negaron conocer a Adam Kincaid, director de la National Republican Redistricting Trust (NRRT) quien, según múltiples informes y fuentes, trazó el mapa de 2021 y probablemente también el de 2025.

El senador Phil King, presidente del comité de redistribución del Senado, admitió haber conversado con Kincaid en tres ocasiones, aunque aclaró: “Específicamente le pedí que no me dijera nada sobre los mapas”.

Joe Moody calificó el proceso de “juego de conchas legislativo”, mientras que Nina Perales, abogada de MALDEF (Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y la Educación), señaló que esta falta de transparencia hace que se cuestione toda la legalidad del proceso legislativo.

¿Distritos pantalla?

Los defensores de los derechos civiles argumentan que varios de los nuevos distritos rediseñados apenas superan el 50% de representación de una sola raza, lo cual se usó, alegan, como “maquillaje” para parecer inclusivos sin garantizar representación efectiva.

Una táctica que recuerda estrategias de gerrymandering racial, en las cuales una porción de votantes es reubicada para debilitar su fuerza colectiva. Esta forma de redistribución estratégica ha sido históricamente utilizada en múltiples estados, especialmente tras la anulación de partes clave de la Ley de Derecho al Voto por la Corte Suprema en 2013 (Shelby v. Holder).

Precedentes y consecuencias legales

Los mapas de votación de Texas han sido objeto frecuente de disputas legales. En 2011, el estado fue acusado de utilizar criterios racistas para agrupar distritos, una demanda que llegó hasta la Corte Suprema. Aunque no hubo un dictamen contundente, el caso generó jurisprudencia relevante.

Ahora, con una coalición de organizaciones como MALDEF, LULAC y NAACP participando en este nuevo pleito, se vuelve a poner sobre la mesa si el predominio republicano en Texas está cimentado en una manipulación sistemática del mapa electoral o en decisiones legítimamente partidistas.

¿Y qué dicen los republicanos?

El presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Brandon Ler, calificó el pleito como “decepcionante pero predecible”. En su opinión, es otra maniobra de la izquierda para bloquear políticas aprobadas por la mayoría legislativa.

Mientras tanto, la autora del proyecto de ley, la representante Nelly Nicol, desestimó en su momento las críticas por posible perfilamiento racial, asegurando que el mapa “nunca consideró el color de piel, sino la funcionalidad electoral”.

Un espejo para el futuro del país

La redistribución de distritos no solo moldea el mapa político de un estado, también determina qué voces serán escuchadas y cuál será el equilibrio racial en las cámaras legislativas por años. En un estado donde los latinos ya superan en número a los blancos no hispanos, pero aún no proporcionalmente en representación política, este caso se convierte en una batalla crítica por los derechos civiles del siglo XXI.

Y más allá de Texas, lo que ocurra con este caso podría sentar un precedente nacional sobre hasta qué punto los estados pueden usar (o abusar de) la redistribución distrital bajo el paraguas del partidismo, sin caer en una inconstitucional segregación racial modernizada.

¿Es esto una jugada estratégica legítima del partido en el poder... o una violación constitucional que pone en jaque la participación democrática de las minorías? El veredicto no solo lo dictará un tribunal federal, sino también la historia.