El caso Kilmar Abrego García: ¿Justicia criminal o teatro político migratorio en EE.UU.?

El rostro humano de una guerra política

El drama de Kilmar Abrego García ha dejado de ser simplemente un caso migratorio para convertirse en el reflejo de una batalla política que explora los límites del poder judicial, el uso del aparato estatal para castigar disidentes y los efectos destructivos que puede tener la criminalización sistemática del inmigrante latino en Estados Unidos. Este salvadoreño, arrestado por agentes de inmigración en 2019 y deportado por error bajo la administración Trump, representa ahora una especie de chivo expiatorio para lo que se ha convertido en una lucha por el alma de la política migratoria estadounidense. A través de él, se debaten visiones ideológicas radicalmente diferentes sobre qué significa hacer justicia, otorgar asilo y proteger los derechos humanos.

¿Quién es Kilmar Abrego García?

Abrego García llegó a Estados Unidos siendo adolescente, más de una década atrás, huyendo de El Salvador, un país plagado de violencia de pandillas. Con el paso de los años, formó una familia: esposa estadounidense e hijos nacidos en EE.UU., y residió en el estado de Maryland. A pesar de su historial familiar y comunitario, fue arrestado en 2019 por agentes de inmigración y pidió asilo, pero se le negó por haber permanecido en el país sin solicitar el amparo dentro del plazo requerido de un año.

Sin embargo, el juez determinó que no podía ser deportado a El Salvador, al considerar que su vida correría peligro por amenazas específicas de pandillas contra su familia. Aun así, fue deportado por error en marzo de ese mismo año como parte de una política de deportación acelerada durante el gobierno de Donald Trump.

El error, la cárcel y el regreso

Una vez en El Salvador, Kilmar fue recluido en una prisión conocida por su infraestructura inhumana y por albergar a miles de supuestos miembros de pandillas. Su caso atrajo la atención pública y se convirtió en símbolo de las políticas migratorias agresivas establecidas por la administración Trump. La presión política, junto con la posibilidad de enfrentar consecuencias legales en tribunales federales, llevó a la administración a readmitirlo en EE.UU. en junio. Pero su retorno trajo consecuencias aún más graves: fue acusado inmediatamente de tráfico humano.

La acusación no solo generó controversia, sino que también alimentó la percepción de que se trataba de una persecución política. Según sus abogados, la imputación fue un intento claro de castigar a Abrego por haber desafiado públicamente al sistema migratorio.

¿Un montaje político?

En Tennessee, donde enfrenta cargos penales derivados de una parada de tráfico en 2022, Kilmar también lucha contra un nuevo intento de deportación. Pero esta vez, el gobierno estadounidense ha sugerido enviarlo no a El Salvador, sino a un «tercer país seguro»: primero Uganda y luego Eswatini. Esta decisión ha sido duramente criticada por sus abogados, ya que ninguno de estos países tiene relación formal con su historia personal o tiene marcos legales de protección suficientes para refugiados. Además, Eswatini –antigua Suazilandia– sigue siendo una monarquía absoluta, lo que plantea serias preocupaciones sobre los derechos humanos.

Criminalización sin juicio justo

El caso de Abrego García no ha terminado. En enero de este año, un juez de inmigración en Baltimore rechazó su solicitud de reabrir el caso de asilo. Pero aún tiene la posibilidad de apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. El problema, según sus defensores legales, es que difícilmente podrá obtener un juicio justo debido a la intensa campaña pública emprendida por agencias federales que lo vinculan con la mara MS-13, a pesar de que nunca ha sido condenado por pertenecer a dicho grupo.

Esta campaña incluye publicaciones en redes sociales por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), calificándolo de manera reiterada como una “amenaza nacional”, y describiéndolo con epítetos usados comúnmente para criminales violentos.

Pregunta clave: ¿Dónde está la justicia?

“Una cosa es clara: este salvadoreño no se quedará en nuestro país”, dice una publicación del DHS en X (antes Twitter). La frase revela una postura hostil orientada al objetivo político de excluir a determinadas figuras a cualquier costo, aún entrando en zonas moral y legalmente grises. En paralelo, los abogados de organización han solicitado una orden mordaza (gag order) para evitar que declaraciones inflamatorias continúen condicionando la percepción pública y la imparcialidad del juicio penal que enfrenta en Tennessee.

El caso Kilmar como termómetro político

El contexto del caso de Abrego García se entrelaza de manera directa con el resurgimiento de políticas migratorias más duras por parte de sectores republicanos, que desean retomar el control de la agenda federal. La narrativa de la amenaza extranjera, encarnada en el estereotipo del inmigrante pandillero, ha sido central en ese discurso. En este sentido, el caso de Kilmar ha servido como punto de convergencia para este relato.

Pero el impacto no es solo político, sino también institucional. El uso de acusaciones sin condena, la manipulación de medios de difusión oficiales (como cuentas estatales) e incluso la sugerencia de deportar a alguien a países aleatorios sin vínculos lingüísticos, culturales o familiares, plantea serias dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con los principios de justicia y derechos humanos universales.

Datos que revelan la tendencia

• Desde 2017, el número de deportaciones por año ha superado las 250,000 en varias ocasiones, muchas veces tras procesos sumarios sin garantías adecuadas (TRAC, Syracuse University).
• En 2023, Human Rights Watch reportó que más de 30,000 personas fueron deportadas a países donde enfrentaban amenazas creíbles, pese a recomendaciones de organismos internacionales.
• Solo en el primer trimestre de 2023, la administración estadounidense intentó deportar al menos 128 personas a países considerados "no seguros" por Naciones Unidas.

¿Qué viene ahora?

Es evidente que el caso tiene implicaciones que superan a Kilmar como individuo. Desde decisiones judiciales, intervenciones legislativas, hasta el papel mediático de las agencias estatales, todo apunta a que este juicio se convertirá en un símbolo de cuál será el camino que seguirá Estados Unidos en materia de derechos migratorios.

¿Será EE.UU. un país que garantiza el debido proceso, incluso para quienes llegaron sin documentos y piden protección? ¿O avanzará hacia una política de castigo ejemplarizante para quienes desafíen al aparato estatal, aún cuando ello signifique poner sus vidas en riesgo?

Lo cierto es que muchos ojos estarán puestos en la decisión de la Junta de Apelaciones, pero más allá de eso, Kilmar Abrego García representa a cientos de miles de migrantes cuya situación legal pende del humor político del momento. Y eso, más que justicia, es arbitrariedad institucionalizada.