Georgia al borde del autoritarismo: protestas, represión y el futuro europeo en juego

La resistencia cotidiana de un país en crisis

Desde noviembre de 2024, Gota Chanturia, un profesor de educación cívica, ha estado marchando casi todos los días frente al Parlamento de Georgia en Tiflis. No lo hace por una causa personal, sino en defensa de la democracia, la libertad de expresión y, especialmente, del rumbo proeuropeo que su país parecía haber tomado años atrás. Su activismo ha tenido un costo elevado: más de 102.000 dólares en multas, casi 10 veces lo que gana un ciudadano georgiano promedio al año.

Este caso no es aislado. Es parte de una creciente ola de represión por parte del gobierno georgiano liderado por el partido Sueño Georgiano, que ha sido acusado de orquestar un viraje hacia el autoritarismo y alinearse progresivamente con los intereses de Moscú. Lo que se vive hoy en Georgia parece un espejo de lo que se sufre en Rusia, con restricción de libertades, criminalización del disenso y acoso dirigido a quienes se oponen al régimen.

De aspirar a Europa a ser comparado con Rusia

Las protestas comenzaron cuando el gobierno georgiano decidió suspender toda negociación para unirse a la Unión Europea tras unas elecciones consideradas "irregulares" por amplios sectores de la sociedad civil. A esto le siguió la aprobación de leyes que objetivamente reprimen la disidencia: sanciones por manifestarse, etiquetado de ONG como "agentes extranjeros" y cierre de espacios de medios independientes.

La asociación Human Rights Watch ha señalado que Georgia está en medio de una "crisis de derechos humanos” y advirtió que el país podría convertirse en un Estado autoritario.

Detenciones, golpizas y condenas: la criminalización del activismo

Las cifras son escalofriantes. Desde abril de 2024 hasta agosto de 2025, al menos 76 personas fueron procesadas penalmente por participar en protestas. Más del 80% recibió penas de prisión. Además, más de 400 personas fueron arrestadas en tan solo dos semanas de protestas pacíficas en noviembre de 2024, según Amnistía Internacional. De estos detenidos, al menos 300 denunciaron golpizas severas y malos tratos.

El uso de tecnología de reconocimiento facial permite al gobierno automatizar las multas que pueden ascender a miles de dólares. Personas que simplemente caminaban cerca de las protestas han sido sancionadas arbitrariamente.

Como Mariam Nikuradze, periodista cofundadora de OC Media, multada cuatro veces por "bloquear calles" mientras simplemente documentaba los eventos. O Javid Ahmedov, estudiante de periodismo de Azerbaiyán, que fue multado con 10.000 lari (unos $3.700 USD) simplemente por grabar una manifestación. Ahora corre el riesgo de no poder completar su carrera y perder una beca en Estados Unidos.

Disidencia política en la mira: oposición, ONGs y prensa acorraladas

Las autoridades han apresado a ocho líderes opositores por negarse a colaborar con una comisión parlamentaria y posteriormente a otros más por distintos cargos. También congelaron las cuentas bancarias de siete organizaciones de derechos humanos, acusándolas de proveer equipamiento a manifestantes (máscaras antigás, gafas protectoras, etc.). Estas entidades aseguran que dicho material era en realidad para proteger a periodistas que cubrían las concentraciones.

Además, el gobierno lanzó una ofensiva judicial para declarar inconstitucional al principal partido opositor, Movimiento Nacional Unido. El Primer Ministro Irakli Kobakhidze incluso sugirió que los movimientos opositores y las protestas son financiadas desde el extranjero, y promovió una ley similar a la rusa de “agentes extranjeros”, con la que ONG, medios y personas individuales pueden ser marcadas como enemigos del Estado.

“Ningún agente extranjero podrá desestabilizar al país”, dijo Kobakhidze, en una clara alusión a la intención de silenciar cualquier voz crítica.

Una sociedad civil que no cede

En medio de la tormenta política, la sociedad civil georgiana demuestra una resistencia admirable. Los colectivos con fondos congelados aseguraron que usarán todos los mecanismos legales a su alcance para impedir un retorno a las prácticas autoritarias. Insisten en defender el camino democrático y europeo que estipula la Constitución del país.

Desde la congelación de fondos hasta arrestos arbitrarios, el patrón es claro. Como afirma Guram Imnadze, del Social Justice Center:

“El objetivo del gobierno no es solo silenciar el disenso. Es erradicar a los actores independientes del espacio público; asfixiar medios, ONGs y activistas para que no puedan seguir impulsando democracia”.

El precio de darle la espalda a Europa

A pesar del autoritarismo creciente, el gobierno afirma que mantiene sus aspiraciones de ingresar a la Unión Europea hacia 2030. No obstante, la comunidad europea ha tomado nota de la situación. La Comisión Europea señaló que las acciones represivas del gobierno distan mucho de lo que se espera de un país candidato.

“Las acciones represivas están muy lejos de lo esperado de un país candidato”, expresó una fuente de la Comisión.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han solicitado a la UE que utilice herramientas diplomáticas y legales contra funcionarios judiciales, fiscales y legisladores georgianos responsables de persecuciones políticas.

Pero esta presión internacional puede ser aún débil. Mientras tanto, la población georgiana sigue viendo a Europa como una esperanza. Una encuesta de CRRC Georgia en 2023 mostraba que el 82% de los ciudadanos querían integrarse a la UE. El Sueño Georgiano lo sabe, pero juega una doble carta frente a su ciudadanía y sus alianzas externas.

La historia se repite: peligro de otra Rusia

Esta situación remite a las transformaciones vividas por países que se alejaron de la vía democrática, como Rusia, Turquía e incluso Hungría. El patrón incluye desprestigiar el disenso, controlar los medios de comunicación, criminalizar las protestas y crear leyes para suprimir a las ONG.

La diferencia en Georgia es que el pueblo, al menos por ahora, no parece dispuesto a ceder. La pregunta es si el costo humano, económico y político de esta lucha será sostenible, o si la UE y la comunidad internacional ejercerán la presión necesaria para evitar el derrumbe democrático de otro país europeo.

Gota Chanturia no está solo

El caso de Gota no es anecdótico: es el símbolo de una nación que lucha por sus derechos en medio del avance autoritario. Él, junto a miles más, continúa marchando por las calles lluviosas de Tiflis ante multas, arrestos y represión. Lo hace porque, como él afirma:

“Hemos dicho que estaremos aquí hasta el final, y aquí seguimos.”

Georgia está librando una de las batallas más decisivas de su historia contemporánea. El desenlace no está escrito, pero lo que es seguro es que –al menos por ahora– su pueblo no se rinde.