La reforma fiscal de Lula en Brasil: ¿Justicia tributaria real o estrategia electoral?

Un hito en la política tributaria brasileña

El Congreso brasileño vivió recientemente una sesión histórica. La Cámara Baja aprobó de forma unánime una reforma fiscal clave que incrementa de forma significativa la exención del impuesto sobre la renta. A partir de ahora, quienes ganen hasta 5,000 reales mensuales (aproximadamente USD 940) no pagarán impuestos sobre la renta. La medida, que aún debe ser ratificada por el Senado, fue una promesa de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022 y afecta directamente a unos 15 millones de brasileños.

Con esta iniciativa, Lula busca consolidar el concepto de justicia tributaria y aliviar la carga sobre la clase trabajadora, un segmento históricamente marginado del sistema fiscal brasileño.

¿De qué se trata la reforma?

Además de la exención, el proyecto contempla otro aspecto clave: el establecimiento de una tasa mínima efectiva para las personas con altos ingresos. En concreto:

• Se aplicará gradualmente a quienes ganan más de 600,000 reales anuales (USD 113,000 aproximadamente).
• Llega hasta un 10% para ingresos superiores a 1,200,000 reales anuales (USD 226,000).
• Este nuevo esquema busca equilibrar el sistema tributario, en el que los más ricos actualmente pagan un impuesto efectivo de solo 2.5% en promedio (según el Ministerio de Finanzas).

La reforma, si se aprueba en el Senado, entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Repercusiones políticas: ¿una jugada maestra de Lula?

La votación fue una victoria política doble para Lula. Por un lado, muestra que aún sin contar con mayoría legislativa, puede impulsar cambios de gran calado. Por otro lado, le ofrece una plataforma para atraer a votantes indecisos y distanciarse del legado neoliberal de su antecesor, Jair Bolsonaro.

“Una victoria en favor de la justicia tributaria y la lucha contra la desigualdad en Brasil, beneficiando a 15 millones de trabajadores”, afirmó Lula en su cuenta de X (antes Twitter).

Según Luciana Santana, politóloga de la Universidad Federal de Alagoas, esta medida podría ser decisiva en los comicios del próximo año: “Tendrá un gran impacto en una porción considerable de la población y es algo que el gobierno necesita: una política con amplio impacto social”, señaló.

Un viejo anhelo postergado

La propuesta de duplicar el umbral de exención no es novedosa. Fue una promesa electoral de Bolsonaro en 2018 y nuevamente en 2022, pero nunca llegó a implementarse. Lula logró avanzar en un tema que permanecía estancado desde hace varios gobiernos.

Actualmente, cerca del 90% de la población brasileña tiene ingresos per cápita inferiores a los 4,040 reales mensuales (cifra oficial del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE), lo que pone en evidencia la relevancia de la medida.

¿Justicia social o populismo fiscal?

Aunque los beneficios son claros para los trabajadores, algunos economistas alertan sobre los posibles efectos a mediano y largo plazo:

• La pérdida de ingresos estatales podría desfinanciar servicios públicos si no se compensa adecuadamente.
• La implementación de una tasa mínima para ricos podría ser compleja, especialmente considerando los mecanismos de evasión fiscal existentes.

Carla Beni, economista de la Fundación Getulio Vargas, lo ve de forma positiva: “Ayuda a corregir un sistema donde los ricos pagan proporcionalmente menos. Además, más dinero en manos de los trabajadores se traduce en más consumo, ahorro o pago de deudas”.

Una visión histórica del sistema fiscal brasileño

Brasil tiene uno de los esquemas tributarios más regresivos de América Latina. Según datos de la OCDE, casi el 53% de la recaudación proviene de impuestos al consumo, como el ICMS, que afectan de manera desproporcionada a los pobres.

Mientras tanto, los impuestos a la renta y al patrimonio apenas representan el 20% de la recaudación, lejos de países europeos cuyos sistemas fiscales tienen una estructura más progresiva.

La exención para ingresos bajos representa un paso para equilibrar esta desproporción, aunque aún queda mucho por hacer para una verdadera justicia fiscal.

Apoyo transversal en el Congreso

Un aspecto notable del avance legislativo fue el apoyo unánime, algo cada vez menos común en una política tan polarizada como la brasileña. Incluso legisladores que no pertenecen al bloque de Lula, como el presidente de la Cámara, Hugo Motta, apoyaron la medida.

“La exención del impuesto sobre la renta no es un favor del Estado, es el reconocimiento de un derecho, un paso adelante en la justicia social”, expresó Motta.

Algunos analistas señalan que este apoyo podría deberse también a razones estratégicas. El Congreso había enfrentado rechazo popular en semanas recientes por considerar un proyecto de amnistía para Bolsonaro y por intentar blindarse ante investigaciones judiciales.

Impacto económico potencial

La medida podría inyectar vitalidad a la economía. Al liberar ingresos disponibles, los trabajadores tendrán mayor capacidad de consumo y ahorro. En un país donde el 70% de las familias están endeudadas (según el Banco Central de Brasil), cualquier alivio fiscal es relevante.

Además, el nuevo impuesto a los ricos podría recaudar cerca de 18 mil millones de reales anuales, según estimaciones iniciales del Ministerio de Finanzas. Esto compensaría buena parte de las exenciones sin comprometer la responsabilidad fiscal.

Lula y la legitimidad popular

Aunque su popularidad había decaído tras asumir su tercer mandato, Lula ha recuperado terreno, impulsado por medidas de defensa del interés nacional y el conflicto comercial con EE. UU., que impuso aranceles del 50% a productos brasileños.

Este regreso a una agenda social fuerte podría marcar una diferencia clave en las elecciones de 2026, especialmente frente a un Bolsonaro cuestionado legalmente y políticamente.

¿Riesgos ocultos?

No todo es positivo. Si no se controla, la exención podría trasladarse a una mayor presión tributaria en otros sectores más vulnerables, como los trabajadores autónomos informales o pequeñas empresas. Además, la burocracia para implementar una nueva tasa mínima para ricos podría enfrentar resistencia judicial y operativa.

Por otro lado, queda por ver qué pasará con los estados y municipios, ya que una menor recaudación podría afectar transferencias federales clave.

Un paso en la dirección correcta, pero no el final del camino

Brasil, marcado por una de las mayores desigualdades de ingreso del mundo, debatirá aún durante años cuál es el modelo tributario más justo. Esta reforma es sin duda una pieza clave en ese rompecabezas, pero no es suficiente por sí sola.

La necesidad de una reforma tributaria estructural —que incluya impuestos sobre la riqueza, sucesiones, propiedades y dividendos— sigue vigente.

En este escenario, Lula ha lanzado un mensaje potente: hay una voluntad clara de reequilibrar la carga fiscal y devolverle al Estado la capacidad de redistribuir el ingreso de manera más equitativa.

Sin embargo, la política y la economía brasileñas nos han enseñado que nada está garantizado hasta que se transforma en ley, se implementa bien, y permanece en el tiempo.