Nebraska contra los votantes: el sabotaje republicano al acceso legal al cannabis medicinal

La voluntad del pueblo ignorada: una historia repetida en Nebraska

En noviembre de 2024, el electorado del estado de Nebraska aprobó con un contundente 71% una iniciativa que legaliza la marihuana para uso medicinal. Sin embargo, menos de un año después, nos enfrentamos a la siguiente paradoja: el gobierno estatal, dominado por líderes republicanos, está saboteando activamente la implementación de esa medida.

La Comisión de Cannabis Médico, recién formada por el gobernador republicano Jim Pillen, incumplió el plazo legal (1 de octubre de 2025) para otorgar licencias a cultivadores, retrasando un proceso que ya había sido respaldado con fuerza por la población. La negación y tergiversación de la voluntad popular han sido flagrantes.

El caso de Nebraska no es aislado, pero sí particularmente escandaloso. Nos obliga a reflexionar sobre el papel de los gobiernos locales cuando entran en conflicto directo con sus propios ciudadanos.

Testimonios humanos: dolor real, decisiones políticas

Lia Post, residente de Springfield, Nebraska, se convirtió en el rostro visible de esta lucha. Sufre de un síndrome de dolor crónico y encontró alivio en el uso del cannabis medicinal, evitando así depender de analgésicos opioides que podrían haberla llevado a una adicción.

“¿Cuántas veces tenemos que pelear por nuestras vidas?”, exclamó con lágrimas durante una reunión de la comisión.

Su petición no fue sólo médica, fue profundamente humana. Pero los comisionados, seleccionados directamente por el gobernador, decidieron no emitir las licencias a tiempo, dejando a pacientes como Lia sin tratamientos legales y efectivos.

El patrón republicano: una resistencia nacional coordinada

Lo que ocurre en Nebraska forma parte de un patrón mayor. En al menos cinco estados liderados por republicanos —Idaho, Dakota del Sur, Mississippi, entre otros— las leyes respaldadas por votación popular sobre el acceso al cannabis son atacadas o bloqueadas desde las instituciones estatales.

• En Mississippi, una decisión de la Corte Suprema anuló la ley de marihuana medicinal aprobada por votación popular en 2020.
• En Idaho, legisladores propusieron una enmienda constitucional para prohibir iniciativas ciudadanas referentes al cannabis.
• En Dakota del Sur, un legislador republicano intentó derogar una ley similar también aprobada por mayoría.

A pesar de estas maniobras políticas, 40 estados y el Distrito de Columbia ya permiten el uso del cannabis con fines médicos, 17 de los cuales lo han hecho vía referéndum ciudadano. No obstante, en varias legislaturas ha empezado una reacción conservadora a lo que perciben como un “desborde liberal”.

El argumento de siempre: marihuana como «puerta a otras drogas»

Uno de los principales frenos al avance del cannabis medicinal es la narrativa anticuada —y muchas veces infundada— de que la marihuana es una droga “puente” hacia otras sustancias más peligrosas. Esta visión viene reforzada por la clasificación del cannabis como una droga de “nivel 1” por parte del gobierno federal, colocándola en la misma categoría que la heroína o el LSD.

La directora de políticas estatales del Proyecto de Política sobre la Marihuana, Karen O’Keefe, señala:

“Es una fracción pequeña del Partido Republicano, pero son increíblemente vehementes. Son personas que compraron la narrativa del ‘reefer madness’ de los años 30”.

Lo curioso —y alarmante— es que más de 100,000 personas mueren cada año en EE.UU. por efectos adversos o sobredosis de medicamentos recetados, especialmente opioides, mientras que las muertes directamente atribuibles al cannabis son prácticamente nulas, según cifras del CDC.

Restringiendo el acceso a través de la burocracia

El gobernador Jim Pillen ha declarado no oponerse al cannabis medicinal, pero sus acciones cuentan otra historia. Destituyó abruptamente a dos miembros de la comisión que no había designado personalmente y, en su lugar, choisió a opositores declarados de la legalización de la marihuana. Además, ha intentado limitar el número de plantas cultivables a un máximo de 1,250 en todo el estado, algo considerado inviable por los propios expertos del sector.

El portavoz del gobernador, Laura Strimple, justificó la medida con este argumento:

“El propósito era evitar que una sobreabundancia de plantas sature el mercado y conduzca a ventas ilegales”.

La nueva comisión no solo redujo drásticamente el número de licencias para cultivadores y dispensarios, sino que también impuso reglas de emergencia que violan explícitamente el mandato del referéndum:

• Prohibición del consumo mediante inhalación (vaporizadores o cigarros).
• Prohibición de comestibles elaborados con cannabis.
• Restricciones en el sabor de las tinturas.
• Obligaciones excesivas para que médicos participen (cursos pagos, limitación en dosis y frecuencia de prescripción).

Estas restricciones hacen prácticamente inviable el uso médico de la planta en su formato más común. El resultado es una red reguladora profundamente inefectiva, lo que ha encendido alarmas entre defensores —y no pocos médicos.

El Fiscal General y la cruzada legal contra el referéndum

Mike Hilgers, Fiscal General de Nebraska, ha intentado invalidar judicialmente toda la iniciativa argumentando que el proceso de recolección de firmas presentó “niveles sin precedentes de fraude”. Hasta ahora ha perdido todas las batallas legales, excepto por una condena menor contra un recolector de firmas por falsificación.

En una columna de opinión publicada en marzo, Hilgers manifestó claramente su postura:

“La marihuana es fácilmente abusada y no es segura ni siquiera con supervisión médica”.

Estas declaraciones sugieren no solo una interpretación legal, sino una motivación ideológica detrás de las acciones de su oficina.

Manipulando el proceso democrático

Crista Eggers, una de las líderes de la iniciativa electoral, denuncia que el enfoque restrictivo está destinado a proteger un mercado negro mantenido por la falta de acceso legal:

“Si tú fuiste uno de los 71% que votaron SÍ, deberías estar indignado. El sistema que ahora nos imponen no fue lo que los votantes aprobaron”.

Desde la organización NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws), su portavoz Paul Armentano se muestra cínico pero realista:

“En estados donde un solo partido domina, los legisladores se sienten impunes. No temen ninguna represalia electoral”.

¿Desobediencia institucional o estrategia deliberada?

La paradoja de Nebraska subraya un conflicto estructural entre democracia directa y política institucionalizada. Cuando el gobierno trabaja activamente para bloquear la expresión ciudadana, y se permite reinterpretar, ralentizar o diluir los resultados del voto popular, se corre el peligro de erosionar la confianza en el sistema democrático mismo.

Los opositores al cannabis medicinal como Pillen y Hilgers pueden argumentar que están protegiendo el “Estado de derecho”. Pero cuando esa protección implica negar a los pacientes opción terapéutica, y anular la voluntad del electorado, es legítimo preguntarse: ¿protegen la ley o su propia ideología?

Mientras 24 estados ya disfrutan de acceso al cannabis recreativo y más de 40 al medicinal, Nebraska sigue atrapada en una batalla ideológica. Una que sus propios ciudadanos ya dijeron, de forma clara y democrática, que no quieren pelear.