Tragedia en Indonesia: el desplome mortal de una escuela islámica expone negligencias y corrupción

SIDOARJO, INDONESIA — Decenas de familias lloran la pérdida de sus hijos tras el colapso del internado islámico Al Khoziny en Sidoarjo, Java Oriental. Con ocho muertos confirmados, más de 100 heridos y al menos 55 estudiantes aún desaparecidos al momento del rescate, esta tragedia no solo ha conmocionado al país sino que también ha desatado una ola de indignación nacional e internacional vinculada a la corrupción, negligencia gubernamental, y la falta de supervisión en la infraestructura escolar.

¿Cómo ocurrió el colapso?

El edificio principal del internado, donde se encontraban rezando cientos de estudiantes varones entre 12 y 19 años, se vino abajo repentinamente durante una noche de oración. Según la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de Indonesia (BNPB), se trataba de una estructura centenaria de dos pisos que se encontraba en fase de ampliación no autorizada con el fin de agregar dos niveles adicionales hechos de concreto.

“Al parecer, la base antigua no soportó el peso de los nuevos pisos durante el proceso de vaciado del cemento”, indicó Suharyanto, director de la BNPB.

La tragedia se desencadenó cuando el techo se desplomó sobre los estudiantes que oraban en la sala de oración principal. Las jóvenes se encontraban rezando en otra parte del edificio y lograron escapar, según relataron algunos sobrevivientes.

Número creciente de víctimas y operativo de rescate

Desde el lunes, cientos de rescatistas han trabajado intensamente —en su mayoría de forma manual— intentando retirar los escombros en busca de sobrevivientes. Sin embargo, el jueves, al no encontrar más señales de vida, se comenzó a utilizar maquinaria pesada como excavadoras y martillos neumáticos para acelerar la remoción del concreto.

Para la mañana del viernes ya se habían recuperado tres nuevos cuerpos. Uno de ellos fue encontrado cerca de una salida de emergencia, en posición que sugería un intento por escapar.

Según cifras actualizadas por la BNPB:

• 8 estudiantes han sido confirmados muertos
• 105 están heridos, varios de gravedad, con fracturas y traumas craneales
• 55 estudiantes continúan desaparecidos

Un patrón de negligencia: expansión sin permisos

Lo que ha agravado la tragedia es el hecho de que la expansión de la escuela no tenía los permisos apropiados, siendo efectuada sin supervisión técnica ni autorización municipal.

La construcción sin regulación previa no es extraña en el contexto indonesio. De acuerdo con la Oficina Nacional de Auditoría de Indonesia, en 2021 se identificaron más de 7,000 edificaciones públicas construidas sin permisos adecuados, muchas de ellas centros religiosos o educativos.

“Nos enfrentamos a una cultura de permisividad silenciosa donde nadie exige responsabilidad porque todo se hace en nombre de la religión” —afirma el urbanista Denny Prasetyo, de la Universidad de Surabaya.

Corrupción, la otra cara del desastre

Diversos analistas indican que detrás de la tragedia hay una red de corrupción y clientelismo que permite la edificación de instalaciones sin control de calidad. Es común que escuelas islámicas (pesantren) operen de modo semi-independiente del gobierno local, con apoyo privado o donaciones extranjeras.

Un informe del Índice de Percepción de la Corrupción 2023 sitúa a Indonesia en el puesto 110 de 180 países, y los casos de corrupción en licencias de construcción han sido documentados repetidamente por asociaciones civiles.

“Se ha priorizado el crecimiento rápido de la educación religiosa sobre la seguridad de los alumnos. Los funcionarios aceptan sobornos para aprobar planos de edificios ilegales” —denuncia Kartini Mulya, vocera de Indonesia Corruption Watch (ICW).

¿Quiénes son responsables?

Hasta el momento, los directivos de la escuela Al Khoziny no han hecho declaraciones públicas. La policía informó que abrirá una investigación penal para determinar si hubo negligencia criminal. Se espera además que las autoridades locales enfrenten cuestionamientos sobre por qué se permitió la ampliación sin los requerimientos básicos.

El gobierno central prometió una auditoría a todas las escuelas religiosas del país. Indonesia tiene alrededor de 27,000 pesantren registrados que albergan a más de 3 millones de estudiantes.

Una tragedia con antecedentes

No se trata del primer colapso de una escuela en el país. En 2016, una escuela en Sumatra Occidental colapsó dejando 5 muertos, también por irregularidades constructivas. En 2020, otra escuela en Sulawesi tuvo un desplome parcial producto de un sismo leve, que reveló estructuras de soporte defectuosas.

El caso de Al Khoziny genera especial consternación por tratarse de un espacio sagrado donde los niños estaban rezando al momento del suceso, reforzando el dolor en las familias musulmanas, en un país donde el islam es la religión mayoritaria.

Reacciones sociales y religiosas

La tragedia ha encendido debates públicos sobre el equilibrio entre educación religiosa y prevención estructural. Algunas organizaciones islámicas defensoras de derechos han pedido mayor profesionalización de las instituciones religiosas educativas.

“Nuestros internados no pueden seguir siendo espacios arcaicos construidos sin estándares. La fe sola no sostiene techos ni vigas” —declaró el imán Muhammad Iqbal del Consejo de Ulemas de Sidoarjo.

Esperanzas de rescate se desvanecen

Para el cierre del viernes, los rescatistas —bajo el intenso sol tropical— seguían removiendo los enormes bloques de concreto. Un olor a descomposición comenzaba a impregnar la zona, signo de que encontrar sobrevivientes se volvía cada hora más improbable.

“Vamos a seguir hasta el último minuto. Cada niño merece ser hallado” —enfatizó el jefe del equipo de emergencia, Aditya Rachman.

La operación de búsqueda se extenderá hasta el final del sábado, con la esperanza de recuperar los cuerpos restantes y brindar consuelo —por mínimo que sea— a las familias devastadas.

¿Qué podemos aprender de este desastre?

Esta tragedia pone en primer plano la urgente necesidad de reforzar los controles regulatorios sobre centros educativos, especialmente aquellos en contextos religiosos. Las vidas de miles de jóvenes dependen de ellos.

Más allá del duelo y el trauma nacional, este caso debería ser el motor para una nueva legislación, inspecciones periódicas obligatorias, sanciones reales para obras ilegales y el fin del blindaje religioso ante irregularidades administrativas.

Porque ninguna oración, por más fervorosa que sea, puede tener efectos si antes no se asegura algo tan básico como la estabilidad de un techo.