Trump rediseña el poder presidencial: guerra contra los carteles, recortes climáticos y el cierre del gobierno

Un giro dramático: de política antidrogas a acción militar

En una decisión que ha generado controversia nacional e internacional, el presidente Donald Trump ha declarado que Estados Unidos se encuentra involucrado en un "conflicto armado no internacional" con los cárteles de la droga. Esta declaración, según un memorando del gobierno, autoriza al ejército estadounidense a tratar a los miembros de los cárteles como combatientes ilegales, marcando un cambio radical del enfoque de las políticas de seguridad nacional previas.

El anuncio llega tras tres ataques militares en el Caribe contra embarcaciones presuntamente involucradas en el tráfico de drogas. Uno de los ataques, realizado el 2 de septiembre, mató a 11 personas y fue justificado por la administración Trump bajo el argumento de que el barco era operado por el Tren de Aragua, una organización venezolana recientemente designada como terrorista extranjera.

Sin embargo, legisladores demócratas y republicanos expresaron su consternación. Muchos cuestionan la legalidad del uso de fuerza militar dentro de un territorio que no está en guerra oficialmente, amparados en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que otorga al Congreso la autoridad exclusiva para declarar la guerra.

La militarización del combate a los cárteles: ¿principio o error legal?

Trump afirma que esta estrategia busca detener el flujo incontrolable de drogas hacia el país. Pero críticos, como el senador demócrata Chris Murphy, advierten: “Este tipo de acciones podrían llevarnos a un conflicto internacional sin la autorización del Congreso. No podemos normalizar las intervenciones armadas contra amenazas internas sin supervisión legislativa.”

El reclamo presidencial de poderes extraordinarios en un "conflicto armado no internacional" se asemeja, según analistas constitucionales como Lisa Monaco, a lo ocurrido durante la Guerra contra el Terror tras el 11/S, pero con diferencias sustanciales: ahora los ataques se dirigen contra grupos no estatales sin vinculación clara con gobiernos o conflictos armados convencionales.

Recortes climáticos: Billones menos para la energía verde

En paralelo, la Casa Blanca anunció la cancelación de $7.6 mil millones en subvenciones dedicadas a proyectos de energía limpia. Esos fondos, repartidos en 223 proyectos en 16 estados que votaron por la demócrata Kamala Harris, buscaban impulsar hidrógeno limpio, captura de carbono, eficiencia energética y modernización de redes.

El Director de Presupuesto de Trump, Russell Vought, calificó la financiación original como parte de una “Estafa Verde” y resaltó: “Hoy cumplimos con la promesa del presidente Trump de proteger los dólares del contribuyente y garantizar energía asequible, confiable y segura para los estadounidenses.”

Uno de los proyectos más golpeados fue el hub de hidrógeno en California, que contaba con una inversión pública-privada estimada en $10 mil millones y generaría más de 200,000 empleos. Para el gobernador Gavin Newsom, esta cancelación es “mezquina, miope y prueba de que esta administración no cree en la supremacía energética estadounidense.”

Un patrón político: castigar territorios ‘azules’

Los estados afectados por los recortes —California, Nueva York, Oregón, Vermont, entre otros— votaron en su mayoría por la oposición. Esta coincidencia encendió las alarmas entre legisladores demócratas, que acusaron al Ejecutivo de usar fondos públicos con fines punitivos.

La senadora demócrata Alex Padilla denunció: “Trump no está pensando en el bienestar del país, sino en castigar a quienes no lo apoyaron. Es un uso vengativo del poder presidencial.”

El cierre del gobierno: El nuevo tablero político

La tensión se agrava con el cierre gubernamental iniciado oficialmente esta semana, un arma política que el ala republicana ahora utiliza con comodidad. Durante décadas, los conservadores fueron quienes impulsaron estos cierres; hoy, es la administración Trump quien acusa a los demócratas de “tomar de rehenes” las negociaciones presupuestarias.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, aseguró que “los demócratas están infligiendo dolor deliberadamente al país. Nosotros queremos proteger a los trabajadores federales; ellos prefieren el caos.”

Atrás quedaron los días en que los continuing resolutions —leyes para mantener financiamiento temporal mientras se negocia el presupuesto anual— generaban rechazo entre los republicanos más duros. Hoy el GOP, bajo el control estricto de Trump, ve los cierres como una táctica válida para ejercer presión.

¿Y los programas sociales? Las verdaderas víctimas del cierre

Las decisiones presupuestarias y los vetos han puesto en jaque a programas federales esenciales:

• Créditos fiscales de la Ley de Cuidados Asequibles, vitales para pequeños empresarios y agricultores
• Fondos para subsidios escolares y de salud
• Agencias regulatorias como la EPA, paralizadas en sus funciones

El senador republicano Mike Rounds propuso una extensión temporal de los subsidios para evitar aumentos abruptos en los seguros médicos, encontrando apoyo bipartidista. Pero la Casa Blanca y el propio Trump se oponen radicalmente a cualquier concesión sin contrapartidas importantes.

Trump 2.0: una administración más unificada pero más polémica

Si en su primer mandato el presidente sufrió múltiples resistencias internas, hoy su control sobre el Partido Republicano es casi total. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, afirmó durante una conferencia de prensa en el Capitolio: “El presidente, los republicanos en la Cámara y en el Senado, estamos todos unidos.”

Esta unidad, sin embargo, oculta tensiones crecientes. El temor a represalias internas o a perder apoyo del electorado trumpista ha silenciado críticas, incluso cuando las decisiones presidenciales afecten a comunidades conservadoras, como granjeros o contratistas rurales que dependen de transferencias federales.

¿Hacia una presidencia imperial?

Lo que estamos presenciando es, según expertos en derecho constitucional como Laurence Tribe, un intento directo de ampliación del poder presidencial a expensas del Congreso. Si bien el Ejecutivo siempre ha tenido cierto margen en política exterior, el uso de esa autoridad para atacar grupos criminales no estatales y manipular fondos federales por afinidad política es, sin duda, un territorio inédito.

La expansión del uso del ejército en tareas típicamente policiales, los recortes punitivos a proyectos en estados azules, y la instrumentalización del cierre gubernamental refuerzan los miedos de quienes ya advertían de una tendencia autoritaria en la figura de Trump.

Como expresó el senador Rand Paul, un exaliado presupuestario del presidente: “Hemos entrado en el mundo al revés. Lo que antes era inaceptable para nosotros, ahora se celebra, simplemente porque hay un nuevo capitán al timón.”