‘Alligator Alcatraz’: el oscuro experimento migratorio de Florida que desafía a la justicia ambiental

Ubicado en las profundidades del ecosistema único de los Everglades de Florida, el centro de detención migratoria apodado "Alligator Alcatraz" se ha convertido en un símbolo de la tensión entre política migratoria, justicia ambiental e intereses estatales y federales. Lo que comenzó como una instalación estatal ahora enfrenta su segunda amenaza de cierre por causa de decisiones judiciales y demandas interpuestas por grupos ecologistas. Con el reciente reembolso de $608 millones por parte del gobierno federal, el caso resurge con fuerza en el tablero político estadounidense.

Un reembolso multimillonario que cambia las reglas del juego

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. confirmó el viernes que el estado de Florida ha sido reembolsado con los $608 millones que solicitó para la construcción y operación de la controvertida instalación. Este reembolso marca un cambio monumental, ya que desarma uno de los argumentos que permitió que el centro permaneciera abierto.

Hasta ahora, el fallo de un tribunal de apelaciones en Atlanta había suspendido un mandato previo que ordenaba cerrar el lugar, argumentando que era una instalación estatal que no había recibido fondos federales. Con el nuevo reembolso aprobado, el argumento de que se trataba de una iniciativa estatal pierde fuerza jurídica.

Injerencia federal y falta de revisión ambiental

En el corazón del conflicto legal está la falta de una revisión ambiental formal para la construcción del centro en este frágil ecosistema. Un juez de Miami ordenó en agosto pasado el cierre del centro argumentando que no se realizó el EIS (Estudio de Impacto Ambiental) requerido por ley federal.

Elise Bennett, directora para Florida y el Caribe del Centro para la Diversidad Biológica, fue tajante: “Este es un proyecto federal construido con fondos federales, que debía haber sido sometido desde el inicio a una revisión ambiental completa. Haremos todo lo posible para detener este desastre ilegal, destructivo y derrochador.”

Qué significa un EIS y por qué importa

Un Estudio de Impacto Ambiental no es un simple trámite burocrático. Según el Consejo de Calidad Ambiental (CEQ) federal, un EIS tiene como propósito principal evaluar el impacto ecológico, social y económico de cualquier proyecto federal antes de su ejecución. En zonas como los Everglades —que son Patrimonio de la Humanidad y hogar del amenazado caimán americano—, este requisito cobra una importancia crítica.

No cumplir con este proceso viola la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) aprobada en 1970, diseñada precisamente para evitar que desarrollos políticos o económicos comprometan irremediablemente recursos vitales.

La postura del gobierno de Florida

La administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha defendido el proyecto desde el principio, enmarcándolo como parte fundamental de su política antiinmigrante. El centro fue promocionado como “modelo de infraestructura migratoria eficiente y segura”, especialmente después del recorrido que hizo el expresidente Donald Trump durante su visita en julio.

Para el gobierno estatal, la idea de que se “federalice” el proyecto es políticamente explosiva. Aceptar el reembolso, irónicamente, podría condenar la continuidad del centro al requerir ahora la revisión ambiental antes ignorada.

Un legado cargado de controversia

Este centro ya había sido cerrado previamente en 2019 debido a preocupaciones similares, pero el crecimiento de la población migrante en situación irregular en la región hizo que fuera reabierto en 2023 como una solución temporal que desde entonces se convirtió en permanente.

En sus años de operación, defensores de derechos humanos como la organización Floridians for Immigrant Justice han reportado condiciones de hacinamiento, dificultad de acceso a defensa legal, y complicaciones médicas sin atención adecuada para los detenidos.

Una auditoría publicada en 2024 por el Office of Inspector General del DHS destacó múltiples irregularidades administrativas, incluidas órdenes de deportación mal procesadas y retenciones fiscales incorrectamente cobradas a los contratistas de servicios en el centro.

Donald Trump y su modelo migratorio replicable

Durante su visita en 2025, Donald Trump afirmó que el centro debía replicarse en la frontera sur y en otros estados con alta carga migratoria. “Es eficiente, seguro y 100% estadounidense,” dijo ante cámaras. Para su base electoral, el mensaje era claro: mano dura y eficiencia sin importar el costo ambiental o legal.

Sin embargo, esto también trajo atención federal y el escrutinio mediático al centro, que ha sido llamado informalmente “Alligator Alcatraz” por su ubicación remota, su aparente aislamiento y el nivel de seguridad comparable con una prisión federal de alta vigilancia.

El futuro inmediato: ¿cierre o transición?

La fecha límite originalmente establecida por la orden judicial para “desmantelar” operaciones fue suspendida temporalmente. Pero con el pago federal ya efectuado y consignado, expertos legales estiman que la Corte Suprema podría intervenir si una nueva demanda forzara el cierre inmediato de la operación.

Para Florida, esto sería un golpe político y presupuestario considerable: en caso de cierre, se perderían al menos 2,800 empleos directos y otros 4,000 en la cadena de servicios tercerizados, de acuerdo con un reporte de la Camara de Comercio de Collier County.

Un caso que podría sentar precedente nacional

Pero más allá de cifras, el caso tiene implicaciones gigantescas para el futuro de las infraestructuras migratorias en Estados Unidos. Si se determina que cualquier centro con reembolso federal debe pasar por un EIS, esto ralentizaría considerablemente nuevos desarrollos similares en Texas, California y Arizona.

Expertos en derecho ambiental como el profesor Daniel Lewenstein de la Universidad de Chicago señalan que “esta situación está generando jurisprudencia que puede reinterpretar la NEPA en el contexto de la política migratoria, algo inédito hasta ahora.”

La batalla de hoy es también por el mañana

Mientras tanto, los grupos ambientales continúan presionando. Para ellos, la situación representa una lucha entre dos visiones de país: una comprometida con la ley ambiental y otra que actúa con pragmatismo político. La pregunta abierta es: ¿hasta dónde puede llegar un estado antes de que las reglas federales le pongan límite?