¿Debe un país exportar armas en zonas de conflicto? El dilema de los Países Bajos y el envío de piezas del F-35 a Israel

Un fallo judicial que sacude a Europa

La Corte Suprema de los Países Bajos está a punto de emitir un veredicto que podría marcar un precedente histórico: la autorización —o prohibición definitiva— de exportar componentes del caza estadounidense F-35 a Israel en pleno conflicto con Hamas. Este caso no solo pone a prueba los límites del derecho internacional humanitario, sino también el papel de las democracias europeas en el comercio de armas.

Todo comenzó a finales de 2023, cuando tres organizaciones neerlandesas de derechos humanos presentaron una demanda para que se prohibiera el envío de piezas del F-35 desde un almacén en los Países Bajos a Israel. Argumentaban que esta colaboración logística podría hacer a los Países Bajos cómplices de crímenes de guerra debido al uso de estos cazas en la Franja de Gaza. En febrero de 2024, un tribunal de apelaciones les dio la razón.

El tribunal no solo aceptó la posibilidad de connivencia con delitos internacionales, sino que señaló específicamente "un riesgo claro de violaciones al derecho internacional". La reacción del gobierno fue rápida: apeló la decisión ante la Corte Suprema, escudándose en que la política exterior es competencia exclusiva del Ejecutivo, no de los tribunales.

El trasfondo: el F-35 y su rol en el conflicto

El F-35 Lightning II, el caza de quinta generación desarrollado por Lockheed Martin, es una de las joyas tecnológicas de la aviación militar. Israel ha adquirido más de 50 unidades y es uno de los pocos países con autorización para modificarlo según sus necesidades militares.

Durante el conflicto iniciado el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas ejecutó un ataque sorpresa que dejó 1.200 muertos en territorio israelí y capturó a unas 250 personas, los F-35 han sido utilizados intensamente por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para bombardear objetivos en Gaza. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, más de 66.200 palestinos han muerto desde entonces, con una cifra adicional de más de 170.000 heridos. Aproximadamente la mitad de las víctimas son mujeres y niños.

No obstante, Israel niega categóricamente haber violado el derecho internacional y sostiene que todos sus operativos buscan minimizar los daños colaterales. Afirma que Hamas utiliza a la población civil como escudos humanos, instalando arsenales y centros de comando en hospitales y escuelas.

¿Qué representan los Países Bajos en esta red?

Los Países Bajos albergan uno de los tres almacenes regionales desde donde Estados Unidos distribuye componentes del F-35 a sus aliados. El gobierno neerlandés argumenta que suspender el envío de piezas no haría diferencia, ya que los estadounidenses podrían redirigir las piezas desde otros depósitos.

Pero los grupos demandantes no comparten esta visión. Para ellos, la decisión tiene un valor moral y simbólico enorme. Adicionalmente, señalan que la industria armamentística no puede ser ajena a lo que ocurre con los productos que fabrica o sirve como plataforma logística.

Europa frente al espejo: ¿complicidad o pasividad?

La decisión neerlandesa podría tener repercusiones continentales. Algunos países ya han tomado medidas similares. Por ejemplo:

• Eslovenia prohibió simbólicamente en 2024 toda importación, exportación y tránsito de armas con destino o salida de Israel.
• España suspendió cualquier venta de armas a Israel desde octubre de 2023.
• Reino Unido detuvo algunas exportaciones porque podrían violar leyes internacionales.
• Francia y Bélgica enfrentan litigios similares que exigen el cese de colaboración armamentística con Israel.

Estos movimientos evidencian una grieta dentro de la Unión Europea sobre cómo responder a la guerra en Gaza. Mientras que algunos países exigen una revisión profunda del comercio de armas, otros apelan a intereses geoestratégicos y alianzas militares.

El dilema de la legalidad vs. legitimidad

El gobierno neerlandés insiste en que la política exterior y las decisiones sobre defensa deben quedar fuera del alcance judicial. Es un argumento que ha generado gran controversia, especialmente después de que uno de los asesores legales del tribunal recomendara en noviembre de 2023 que se desestimara la apelación gubernamental.

Esto no solo plantea dudas sobre la separación de poderes, sino también sobre qué papel deben jugar los jueces en el contexto de los compromisos internacionales de los países. ¿Pueden los tribunales detener un acto considerado legal pero que compromete la imagen exterior de un país en términos de derechos humanos?

El precedente histórico de Sudáfrica y el apartheid

Este debate no es nuevo. Durante el régimen del apartheid en Sudáfrica entre 1960 y 1990, muchos países enfrentaron presiones internas similares para dejar de vender armas o tecnología a un gobierno acusado de violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

En aquel entonces, la presión pública y las decisiones judiciales en diversas jurisdicciones obligaron a ciertos gobiernos europeos a cambiar posturas. Lo mismo ocurrió con otros conflictos como el de Vietnam, Ruanda o la guerra de los Balcanes.

El rol de la sociedad civil y el activismo legal

Los grupos que iniciaron el litigio en Países Bajos —entre ellos, PAX y el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales— han adoptado una estrategia cada vez más común en causas de justicia internacional: acudir a tribunales nacionales para frenar acciones que podrían sostener conflictos en otras regiones.

“No se trata solo de piezas de aviones, sino de responsabilidad moral y de coherencia con nuestros compromisos internacionales”, señaló un portavoz de una de las organizaciones demandantes.

¿Qué puede cambiar con este caso?

Si la Corte Suprema de los Países Bajos confirma la prohibición, se sentaría un precedente histórico que podría motivar a otros países europeos a seguir el mismo camino, incluso a nivel legislativo. En cambio, si la Corte falla a favor del gobierno, se consolidaría el argumento de que la justicia no debe intervenir en asuntos de relaciones exteriores o defensa, marcando límites claros entre política y ley.

Además, determinaría hasta qué punto los países que actúan como terceros en una logística militar pueden ser declarados actores responsables en conflictos armados según el derecho internacional humanitario.

Un debate que apenas comienza

En medio de una guerra que ha dejado decenas de miles de víctimas, la pregunta crucial no es solamente legal, sino ética: ¿Puede un país democrático permitir que su infraestructura sea utilizada en una guerra que está siendo examinada por posibles crímenes de guerra?

Mientras la comunidad internacional sigue dividida y las cifras de víctimas en Gaza siguen aumentando, este fallo puede marcar un antes y un después en el rol que Europa quiere jugar en los conflictos armados del siglo XXI. ¿Será actor neutral, cómplice pasivo o defensor proactivo del derecho humanitario?