¿Guerra contra narcos o campaña electorera? La peligrosa militarización de la lucha antidrogas en el Caribe

Un nuevo frente en la lucha antidrogas: armas y fuego en el mar Caribe

La administración del expresidente Donald Trump volvió a encender las alarmas internacionales al ordenar, una vez más, un ataque letal en el mar Caribe contra una embarcación que, según inteligencia militar, transportaba drogas desde Venezuela. Este acto, el cuarto en una serie de operaciones militares contra barcos supuestamente pertenecientes a carteles del narcotráfico, ha provocado una creciente polémica por su legalidad, motivaciones y consecuencias regionales.

El principal promotor de esta ofensiva es el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien informó a través de redes sociales que la operación más reciente provocó la muerte de cuatro personas. Las imágenes difundidas muestran una lancha explotando tras el disparo de precisión de un dron militar estadounidense. A pesar de la espectacularidad del video, no se han ofrecido detalles claros sobre la identidad de las víctimas ni la organización a la que pertenecían.

Narco-terrorismo: ¿retórica justificativa?

Trump ha calificado a los miembros de ciertos carteles como “narco-terroristas” y ha utilizado esa designación para justificar el uso de fuerza militar letal. Sin embargo, el Pentágono no ha publicado la lista específica de las organizaciones declaradas como terroristas. En el único caso con identificación explícita, el propio Trump acusó a la embarcación atacada en el primer operativo de tener vínculos con el cartel Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano con presencia creciente en América Latina.

La designación de grupos criminales como terroristas extranjeros otorga al presidente mayores facultades para emplear el poderío militar, sin necesitar la aprobación explícita del Congreso. No obstante, esto representa una peligrosa expansión del marco legal de guerra, que podría derivar en un abuso de poder ejecutivo con consecuencias diplomáticas y humanitarias.

Una estrategia con fondo político

Más allá de la aparente lucha contra el narcotráfico, analistas denuncian que estas operaciones encajan dentro de la narrativa política de Donald Trump de cara a futuras elecciones. Su retórica insiste en proyectar una imagen de “mano dura” para galvanizar a su base conservadora.

“Con este golpe acabamos con droga suficiente para aniquilar entre 25 mil y 50 mil personas”, afirmó Trump en sus redes sociales tras el ataque más reciente, aunque sin brindar evidencia concluyente de la cantidad real de sustancias incautadas o eliminadas en la explosión.

El recurso a intervenciones militares como parte de una cruzada contra el crimen organizado representa, en muchos sentidos, un regreso simbólico a las políticas de los años 80 y 90, cuando la guerra contra las drogas promovida por EE. UU., especialmente en América Central y el Caribe, incrementó la militarización sin resolver los problemas estructurales del narcotráfico.

El Caribe, una zona de conflicto creciente

Desde el despliegue de ocho buques de guerra con más de 5,000 efectivos, la presencia militar estadounidense en el Caribe se ha intensificado a niveles sin precedentes recientes. Según fuentes del Departamento de Defensa, esta agrupación marina busca frenar las rutas del narcotráfico que presuntamente tienen origen en Venezuela, país que atraviesa una severa crisis política, social y económica.

No es coincidencia que el punto de partida de al menos tres de las cuatro embarcaciones atacadas haya sido territorio venezolano. La tensión geopolítica entre Washington y Caracas continúa siendo un factor clave en el diseño de estrategias militares. Para algunos funcionarios estadounidenses, el colapso institucional venezolano facilita el uso del país como plataforma logística de organizaciones criminales.

¿Guerra sin Congreso?

Uno de los aspectos más preocupantes de esta ofensiva antidrogas es la ausencia de supervisión legislativa. Al considerar a los presuntos narcotraficantes como “combatientes ilegales”, Trump argumentó que tiene plena facultad para ordenarle al ejército atacar sin el respaldo explícito del Congreso.

Este argumento entra en conflicto con las normativas tradicionales del uso del poder militar, que exige que el Congreso apruebe formalmente los actos de guerra o autorice intervenciones prolongadas. En este caso, ninguna votación ha otorgado permiso para operaciones directas en el Caribe con consecuencias humanas fatales.

“Estamos ante una peligrosa ampliación del poder presidencial en política exterior y de seguridad nacional bajo una falsa bandera anti drogas”, señaló Harold Koh, exconsejero legal del Departamento de Estado durante la administración de Barack Obama.

Impacto humanitario y legal

El uso de drones militares armados sobre aguas internacionales (o incluso áreas disputadas) abre dilemas legales cruciales en el derecho internacional. ¿Qué garantías tienen las personas a bordo de una lancha civil, aunque sean sospechosas? ¿Fueron advertidas antes del ataque? ¿Hubo posibilidad de captura y juicio justo?

Las imágenes difundidas muestran una explosión repentina, sin evidencia de manejo proporcional de la fuerza ni advertencias previas. Aunque los responsables políticos defienden la medida como un acto preventivo contra el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, no se ha ofrecido ninguna señal de investigación judicial posterior a los ataques.

Según Human Rights Watch, este tipo de ataques extraterritoriales podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales si no cumplen con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos por la normativa internacional de derechos humanos.

Un pasado que no termina de irse

La historia de intervenciones militares estadounidenses en América Latina abunda en episodios polémicos: desde la invasión a Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega, hasta operaciones encubiertas contra gobiernos de izquierda durante la Guerra Fría. La estrategia utilizada ahora en el Caribe revive ese enfoque unilateral y militarizado, que históricamente ha dañado las relaciones con países de la región.

Además, reabre heridas profundas sobre la soberanía de esas naciones. En algunos sectores políticos sudamericanos y caribeños ya se habla de una nueva forma de “imperialismo militar antidrogas”.

El problema de fondo sigue presente

Expertos coinciden en que cortar las rutas marítimas de droga es solo una parte del problema. La demanda de narcóticos dentro de Estados Unidos, junto con una red compleja de distribución nacional, corrupción local y crisis sociales en América Latina, son factores interrelacionados.

Agustín Intriago, analista en temas de seguridad continental, advierte que: “Sin inversión en desarrollo, prevención y cooperación judicial transnacional, seguirán naciendo más rutas de narcotráfico en el Caribe. Los bombardeos, por sí solos, no son una solución sostenible.”

¿El fin justifica los medios?

Al analizar la situación actual, surgen muchas preguntas inquietantes. ¿Estamos presenciando un verdadero avance en la lucha antidrogas o una radicalización política con fines electorales? ¿Cuáles son los límites éticos y legales de tratar a presuntos criminales como enemigos de guerra?

Si se trata simplemente de una táctica propagandística para robustecer la imagen de un líder fuerte, como parece ser el caso de Trump, entonces estamos cruzando una línea demasiado peligrosa, no solo para la región sino para toda la arquitectura internacional de derechos, paz y soberanía.