El estremecedor caso de Charles Adair: ¿Cuándo dejarán de morir hombres negros bajo custodia policial en EE.UU.?

Un nuevo nombre para una vieja tragedia

Charles Adair. Un hombre afroamericano de 41 años, preso por violaciones menores de tráfico. Un nombre más en la larga lista de víctimas mortales de la brutalidad policial ocurrida bajo custodia en Estados Unidos. Su muerte, ocurrida el 5 de julio de 2023 en un centro de detención del condado de Wyandotte, Kansas, ha sacudido a la opinión pública y reavivado los ecos del caso George Floyd. Las similitudes son escalofriantes.

La escena: asfixia mecánica en una celda

La historia de Adair, detallada en documentos judiciales recientemente revelados, describe una muerte bajo circunstancias que recuerdan una película de horror. Estaba esposado, tendido boca abajo, con una pierna gravemente infectada que días antes casi necesitó ser amputada. En ese estado fue devuelto de la enfermería a su celda, donde fue retenido por el agente Richard Fatherly.

Según la investigación del FBI y del Buró de Investigación de Kansas (KBI), Adair comenzó a gritar “¡ayuda!” desde el suelo. En respuesta, Fatherly presionó con su rodilla la espalda inferior del reo por un minuto y 26 segundos. Cuando Adair dejó de moverse, el agente, en lugar de aliviar la presión, inclinó aún más su peso hacia adelante.

Un perfil médico ignorado

Charles Adair no solo era un hombre negro esposado. También sufría de esquizofrenia y había sido diagnosticado con una grave infección ósea, probablemente osteomielitis, una condición médica dolorosa que muchas veces provoca fiebre, confusión e incapacidad motriz. Un diagnóstico de este tipo no es menor, y requiere tratamiento y vigilancia constante.

Tras su detención por órdenes menores de falta de comparecencia en causas de tráfico, el estado de su pierna era tan alarmante que fue enviado inmediatamente al hospital. Ese mismo día volvió al centro de detención. ¿Por qué fue devuelto con una condición médica tan seria? ¿Qué cuidados recibió? Estas preguntas aún no tienen respuesta clara.

Una cultura de impunidad constante

Richard Fatherly está acusado de asesinato en segundo grado, pero permanece de momento en libertad y solamente ha recibido una citación para comparecer en corte. No ha sido encarcelado ni suspendido sin sueldo. Esta respuesta institucional vuelve a poner en duda la rendición de cuentas dentro de los cuerpos policiales.

El abogado de Fatherly, James Spies, afirmó que su defendido “actuó razonablemente dentro del alcance de su deber”, una frase que hemos escuchado demasiadas veces tras muertes en custodia. La oficina del sheriff se ha negado a entregar el video corporal solicitado por la prensa. Mientras tanto, la comunidad y los abogados de derechos civiles piden justicia y transparencia.

El eco doloroso de George Floyd

Ben Crump, abogado de derechos civiles conocido por representar a la familia de George Floyd, lidera también la defensa de los derechos de la familia Adair. Durante una rueda de prensa declaró:

“Cuando vean ese video, estarán igual de impactados que cuando vieron el de George Floyd. Charles Adair no debería estar muerto”.

La referencia no es gratuita. George Floyd también murió con la rodilla de un agente presionando su cuello durante 9 minutos y 29 segundos. La mecánica es distinta, pero el resultado el mismo: una vida afroamericana perdida, aparentemente víctima de una mezcla de negligencia, racismo sistémico y cultura punitiva.

Los números no mienten

Según Mapping Police Violence, más de 1,200 personas murieron a manos de la policía en Estados Unidos durante 2022. De esas víctimas, un 26% eran personas negras, a pesar de que los afroamericanos representan solo el 13% de la población total. Y aún más alarmante: los hombres negros tienen casi tres veces más probabilidades de morir a manos de la policía que los hombres blancos.

Un informe de Reuters de 2021 reveló que, entre los años 2000 y 2020, más de 7,000 personas murieron en custodia de la policía o en cárceles locales en circunstancias no aclaradas. Del total, casi el 30% fueron casos jamás investigados formalmente.

¿Qué dice la ley?

En EE.UU., la doctrina de “inmunidad calificada” protege a los agentes públicos de demandas civiles “a menos que violen claramente derechos establecidos”. Dicha doctrina ha sido cada vez más cuestionada por permitir la impunidad en casos de abuso. A pesar del clamor público tras la muerte de George Floyd, el Congreso aún no ha aprobado la Ley George Floyd de Justicia en la Policía, una reforma que limitaría el uso excesivo de fuerza y modificaría el acceso a la inmunidad calificada.

Organizaciones como la ACLU y Black Lives Matter siguen presionando por una reforma sistemática. Sin embargo, cada nuevo caso como el de Charles Adair demuestra lo mucho que queda por avanzar.

Una llamada a la acción desde Kansas

“Estas personas ya cargan con suficientes sacrificios como hijos e hijas de personal militar”, escribió Jerry Gilliam, funcionario judicial del condado de Christian, en referencia a otra controversia derivada de la parálisis gubernamental. Aunque hablaba de estudiantes deportistas, la frase cobra inquietante dimensión en el contexto de Adair.

La comunidad en Kansas City se ha unido al clamor por justicia. Demandas de publicación del video completo, protestas frente a la sede del sheriff y recogida de firmas han comenzado desde septiembre.

La familia Adair, profundamente afectada, pide justicia, pero también una revisión profunda de los protocolos médicos dentro de los centros penitenciarios. “Charles no debía estar en esa celda empeorando. Necesitaba tratamiento, no contención”, señaló su madre en una entrevista a medios locales.

¿Hasta cuándo?

El caso de Charles Adair no es casual ni aislado. Es reflejo de un problema estructural, una herida que el sistema carcelario y policial estadounidense no termina de reconocer. En un país donde se presume la libertad como valor supremo, demasiadas personas siguen muriendo en celdas por causas evitables. Demasiadas víctimas siguen siendo negras, pobres y olvidadas.

Y frente a cada video que aún no se publica, ante cada rodilla que asfixia a alguien en nombre de la ley, una democracia retrocede y una vida se apaga injustamente.

¿El sistema protegerá, finalmente, a los más vulnerables? ¿O seguirá la impunidad disfrazada de autoridad?