La ciudadanía por nacimiento y la ley de Trump: ¿una amenaza a los derechos constitucionales?

Una nueva batalla jurídica por la ciudadanía

La ciudadanía por nacimiento ha encendido nuevamente el debate legal y político en Estados Unidos. En septiembre de 2025, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, dictaminó que la administración del presidente Donald Trump no puede revocar la ciudadanía a niños nacidos en territorio estadounidense de padres inmigrantes en situación irregular o con estatus temporal.

Esta sentencia marca un nuevo revés judicial para la controvertida orden ejecutiva firmada por Trump el mismo día de su toma de posesión. Esta medida pretendía suspender el derecho a la ciudadanía automática —conocido como jus soli— para bebés nacidos en suelo estadounidense cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes.

La Décimo Cuarta Enmienda: El corazón del conflicto

La base de esta disputa legal es la interpretación de la Cláusula de Ciudadanía establecida en la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU., aprobada en 1868. Esta cláusula establece que: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos...”

La intención original de esta enmienda fue garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos tras la Guerra Civil. Sin embargo, su formulación general ha sido interpretada como aplicable a todos los nacidos en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

“Las lecciones de la historia nos recuerdan que debemos ser muy cautelosos al romper con una tradición establecida”, escribió el panel de jueces del Primer Circuito en su fallo. Añadieron que condicionar la ciudadanía al estatus de los padres sería una “ruptura flagrante con el orden constitucional”.

Un rechazo judicial en cadena

Desde junio, otros cuatro tribunales federales han fallado contra esta orden ejecutiva. Entre ellos destacan:

• Un fallo del juez Leo Sorokin en Boston, quien emitió una orden judicial preliminar de alcance nacional.
• Un tribunal federal en Maryland que también prohibió la ejecución de la medida a nivel nacional.
• Un caso en New Hampshire que emitió una sentencia en favor de una demanda colectiva contra la orden.
• Una corte de apelación en San Francisco que respaldó un fallo que beneficiaba a múltiples estados demandantes.

Según el fiscal general de California, Rob Bonta, este cúmulo de decisiones judiciales confirma que “la orden del Presidente viola flagrantemente la Décimo Cuarta Enmienda”.

El argumento del gobierno y el camino hacia la Corte Suprema

La Casa Blanca insiste en que su interpretación es válida. Su portavoz Abigail Jackson declaró: “El tribunal está malinterpretando la XIV Enmienda. Esperamos ser reivindicados por la Corte Suprema”.

La administración ha centrado su defensa en el concepto de “estar sujetos a la jurisdicción estadounidense”. Según su interpretación, esto excluye a niños nacidos de padres que no tienen una conexión formal con el país, como lo son los inmigrantes no autorizados o los que permanecen temporalmente.

En septiembre, el equipo legal de Trump solicitó a la Corte Suprema que decida sobre el tema, lo cual podría derivar en un fallo definitivo para el verano de 2026.

El precedente de Wong Kim Ark: El caso que definió el jus soli

Esta disputa no es nueva. En 1898, la Corte Suprema resolvió el caso de United States v. Wong Kim Ark, en el cual se concluyó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos —que no eran ciudadanos ni residentes permanentes— era ciudadano estadounidense por nacimiento.

Este fallo sentó jurisprudencia en favor del jus soli y ha sido citado repetidamente desde entonces como un pilar constitucional.

Impactos sociales y políticos de la orden

La posibilidad de eliminar la ciudadanía por nacimiento tendría implicaciones profundas en lo social, político y económico:

• Se estiman más de 250,000 niños nacidos cada año en EE. UU. con al menos un padre indocumentado. De implementarse la medida, cientos de miles de personas podrían convertirse en apátridas o tener estatus legal incierto.
• Organizaciones defensoras de derechos civiles, como la ACLU o el Centro Nacional de Ley de Inmigración, han condenado la medida como una “estrategia nativista” para reducir la población inmigrante.
• En lo político, el debate divide claramente al electorado. Una encuesta de Pew Research Center de 2023 mostró que el 60% de los estadounidenses se opone a eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

Reacciones de estados y organizaciones civiles

Cerca de 20 estados, liderados principalmente por gobernadores y fiscales generales demócratas, se han unido a las demandas contra la orden. El estado de Nueva York calificó la medida como “una violación sistemática de la Constitución”.

Por su parte, organizaciones religiosas, defensores de los derechos de los niños y asociaciones médicas han advertido que negar la ciudadanía a estos niños los expondría a una vida sin protección legal adecuada, sin acceso completo a servicios de salud o educación.

La dimensión humanitaria: ¿Se genera una clase de “no ciudadanos”?

Muchos expertos ven paralelismos entre la orden de Trump y políticas xenofóbicas de otros tiempos. La creación de una categoría de personas nacidas dentro del país sin nacionalidad sería, según el juez Sorokin, “una injusticia que la Constitución jamás pretendió permitir”.

Mary Giovagnoli, exfuncionaria del Departamento de Justicia y experta en migración, advierte: “Podríamos ver el surgimiento de una generación excluida, sin posibilidad de ‘pertenecer’ plenamente a ningún país”.

El papel de la Corte Suprema

Todo apunta a que la Corte Suprema será el campo definitivo de esta pugna. Aunque los jueces ya han dicho que los tribunales inferiores deben ser cautelosos al emitir “injunctions” de alcance nacional, aún tienen la facultad de abordar el fondo de la cuestión constitucional.

Un fallo contrario a la cláusula de ciudadanía tendría implicaciones históricas y legales, y sentaría un nuevo estándar para definir la nacionalidad en Estados Unidos en el siglo XXI.

El contexto político: un patrón de medidas contra la inmigración

El intento por restringir el derecho al jus soli se enmarca en un patrón más amplio. Otras medidas impulsadas por la administración Trump muestran una línea clara:

• La polémica separación de familias en la frontera durante su primer mandato.
• La reducción del número de refugiados admitidos anualmente (de 84,000 en 2016 a apenas 18,000 en 2020).
• La ampliación del uso de restricciones de viajes mediante proclamaciones presidenciales.
• Un reciente decreto que impone una tasa de $100,000 dólares a empleadores que soliciten visas H-1B, afectando a médicos, profesores y pastores.

Todo indica que su estrategia migratoria apuesta por un control más férreo del sistema, aún si esto implica reinterpretar derechos previamente considerados inalterables.

Como dijo Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward: “Esta ofensiva contra la ciudadanía por nacimiento no es solo un error legal; es un retroceso moral. Nuestras leyes deben reflejar lo mejor de nuestra democracia, no sus temores más oscuros”.

El debate sigue abierto. Y aunque por ahora la justicia ha frenado esta orden ejecutiva, su futuro está ahora en manos de nueve jueces que podrían redefinir qué significa nacer estadounidense en el siglo XXI.