Niñez migrante bajo presión: ¿incentivo humanitario o coerción disfrazada?

Una nueva «opción» para niños migrantes

La administración del expresidente Donald Trump ha reintroducido una propuesta controvertida en el panorama migratorio de Estados Unidos: ofrecer $2,500 a niños migrantes retenidos en instalaciones federales si aceptan regresar voluntariamente a sus países de origen. Esta oferta, presentada a través de un correo electrónico enviado a refugios gestionados por el gobierno, se limita inicialmente a menores de 14 años en adelante, aunque en una declaración posterior, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dijo que el programa comenzará con jóvenes de 17 años.

Este tipo de iniciativas, en apariencia voluntarias, generan un intenso debate entre sectores legales, sociales y políticos. ¿Realmente pueden considerar los menores de edad —muchos de ellos enfrentando traumas, violencia o abandono— que les están ofreciendo una salida informada? ¿O esta medida encubre una forma de coerción emocional aprovechando la vulnerabilidad de los más jóvenes?

¿Un soborno disfrazado?

Melissa Adamson, abogada principal en el National Center for Youth Law, lo resume así: “Para un niño, $2,500 pueden representar la mayor cantidad de dinero que hayan visto en su vida. Eso puede hacer muy difícil que midan los riesgos reales de aceptar la salida voluntaria en lugar de luchar por sus derechos legales en Estados Unidos”.

El temor principal radica en que esta oferta —aunque presentada como una opción— no se considera realmente informada ni libre de presión psicológica, sobre todo cuando se da bajo límite de tiempo. Según defensores, otorgar a los niños apenas 24 horas para tomar la decisión, sin consecuencias explícitas, coloca una carga emocional y cognitiva insostenible para su edad.

Las cifras que lo explican

En los últimos cinco años, la llegada de niños no acompañados a la frontera sur de Estados Unidos ha aumentado sustancialmente. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), solo en el año fiscal 2023 más de 130,000 menores fueron detenidos por cruzar la frontera sin compañía.

Además, estudios del Migration Policy Institute demuestran que una mayoría significativa de estos niños tienen causas de asilo o reunificación familiar pendientes. Sin embargo, bajo políticas como el MPP (Remain in Mexico) o el Título 42, muchos de ellos han sido expulsados o detenidos sin una evaluación adecuada.

Detrás del telón: el historial de represión migratoria

La propuesta actual no puede entenderse aisladamente de otras decisiones tomadas bajo el mandato de Trump. En 2018, la administración fue mundialmente criticada por su política de “tolerancia cero” que resultó en la separación de más de 5,400 niños de sus padres o tutores legales. Muchas de esas familias aún no se han reunificado por completo.

Más recientemente, una escalada de tensión se vivió en Portland, Oregon, donde protestas frente a un centro de detención migratoria provocaron el despliegue de tropas federales. El Departamento de Seguridad Nacional justificó la medida como una protección frente a amenazas, pero muchas organizaciones lo vieron como un acto represivo innecesario, especialmente tras la detención del influencer conservador Nick Sortor. Esto reavivó temores de que se usen estas políticas migratorias para fines políticos y represivos.

Entorno legal en disputa

Los problemas con la oferta de los $2,500 también residen en su marco legal. La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que los menores no acompañados deben tener acceso a audiencias migratorias y un abogado designado (aunque no financiado por el Estado). Ofertas monetarias durante ese proceso podrían ser consideradas una interferencia sin precedentes.

ICE, por su parte, defendió la medida argumentando que la asistencia financiera solo se otorgará una vez que un juez de inmigración haya aprobado la partida, y que esta ayuda está pensada para apoyar la reintegración del menor en su país de origen. Pese a esta aclaración, defensores pinchan el globo: “Es ilógico que un menor obtenga una verdadera asistencia para volver si no hay garantía de apoyo psicológico, educativo o interpersonal al llegar a países como El Salvador, Honduras o Guatemala”, insiste la psicóloga migratoria Rebeca Molina.

La experiencia de retorno: ¿quién los espera del otro lado?

Un informe del International Rescue Committee revela que el 45% de los menores retornados a Centroamérica terminan siendo víctimas de violencia dentro de los primeros seis meses debido al estigma, abandono familiar o exposición previa a pandillas.

Sin una estructura sólida de reintegración en sus países de origen, la suma de $2,500 puede evaporarse rápidamente entre traslados, alojamiento temporal y otros gastos asociados. Además, muchos de estos menores retornan a entornos que les obligaron a huir en primer lugar —violencia doméstica, reclutamiento forzado por maras o pobreza extrema.

La lógica política: distracción o estrategia de contención

La decisión de relanzar este tipo de incentivo monetario coincide con un calendario político crucial: elecciones primarias y campañas de imagen centradas en mostrar “mano dura” frente a la supuesta “crisis fronteriza”.

El expresidente Trump ha hecho declaraciones donde califica a lugares como Portland de “zonas de guerra” y ha vinculado inmigración con desorden público. Aunque las cifras federales muestran que la criminalidad ha disminuido —Portland reportó un descenso de homicidios del 51% en comparación con 2024 según el Major Cities Chiefs Association—, la narrativa se enfoca en mostrar caos y justificar despliegues militares o policiacos especiales.

La ética juega un papel crucial

Distintas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights First y RAICES, han calificado la medida de “inmoral”. No solo cuestionan la capacidad legal de los menores para consentir en tales términos, sino también el uso del dinero como arma psicológica para acelerar deportaciones voluntarias.

“Es fundamental recordar que, como país firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (aunque no ratificada por el Congreso), Estados Unidos debe velar por el interés superior del menor en cada decisión. Esta oferta no cumple con ese principio”, afirma el abogado de inmigración Carlos Castellanos.

Y ahora, ¿qué sigue?

La administración ha evitado detallar cuándo comenzará oficialmente el programa ni cómo se garantizará que los niños comprendan o evalúen lo que realmente implica su decisión. Tampoco se ha aclarado si habrá asistencia post-regreso ni seguimiento de sus condiciones de vida tras ser devueltos.

Mientras tanto, organizaciones y abogados se movilizan para ofrecer orientación jurídica gratuita en albergues con el objetivo de informar a los niños de sus derechos y de las consecuencias reales del retorno voluntario incentivado.

Lisa Belanger, trabajadora social en un refugio de Texas, resume el dilema: “Los estamos poniendo en una posición donde tienen que elegir entre dinero y derechos. Eso no es libertad de elección, es manipulación”.

Una propuesta que trasciende la política

Lo que está en juego aquí no es solo una política migratoria. Es una visión de país, de valores y de cómo una sociedad se relaciona con la niñez vulnerable. Con un simple cheque de $2,500, el gobierno no solo otorga un valor monetario a la vida de un menor migrante, sino que también redefine lo que está dispuesto a negociar en nombre de la eficiencia o la seguridad.

Y quizás eso diga más sobre la situación actual de Estados Unidos de lo que cualquier política pueda pretender.