Privatización energética: ¿esperanza o amenaza para los consumidores?

Un nuevo jugador entra al tablero energético

La reciente aprobación por parte de la Comisión de Servicios Públicos de Minnesota del acuerdo por $6,200 millones que transfiere el control de la empresa de electricidad Allete —matriz de Minnesota Power— a un consorcio conformado por una subsidiaria de BlackRock y el Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), ha encendido una fogata de controversias sobre el futuro de las tarifas eléctricas, la equidad en el acceso a la energía y el papel creciente del capital privado en la infraestructura crítica del país.

Este movimiento estratégico, que ha sido defendido por legisladores, sindicatos de la construcción y el gobierno estatal, ocurre en el contexto de un aumento sostenido de las tarifas eléctricas en Estados Unidos y una demanda desbordada impulsada por centros de datos de inteligencia artificial y gigantes tecnológicos como Google. Pero, ¿a quién beneficiará realmente este acuerdo?

BlackRock, CPPIB y la fiebre por activos energéticos

En principio, la promesa de la operación es clara: estabilidad para los clientes, más dinero para energías limpias y cumplir con la ley estatal que exige energía 100% limpia para 2040. Pero detrás de esta narrativa progresista se encuentra la lógica implacable de la rentabilidad.

BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, tiene bajo su control más de $10 billones de dólares. Este tipo de fondos busca oportunidades con alto potencial de retorno, y los sectores regulados como el energético han empezado a atraerlos debido a ingresos predecibles y necesidad de inversión renovable. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro.

El abogado estatal encargado del caso sostuvo que el objetivo de este fondo era “hacer lo que se espera del capital privado: obtener ganancias superiores al mercado”, incluso a costa del público. Y esa, precisamente, es la alerta que han lanzado múltiples organizaciones defensoras de consumidores, líderes industriales y el fiscal general del estado.

¿Tarifas al alza para subsidiar a Big Tech?

Hay un tema que recorre todo este debate y que ha generado especial preocupación: el rol de empresas tecnológicas en la presión sobre la infraestructura energética. Según un informe reciente del Institute for Local Self-Reliance, los centros de datos de compañías como Google, Amazon y Microsoft están generando una demanda que requiere construcciones de redes y plantas energéticas a gran escala, en muchos casos subvencionadas indirectamente por clientes residenciales.

En Minnesota se especula que Google podría establecer un centro de datos en el área de operación de Minnesota Power. Si esto se concreta, los beneficios económicos a gran escala serían enormes, pero ¿quién pagará la factura de esa infraestructura futura? Hay indicios en varios estados que muestran que hogares y pequeños comercios están soportando tarifas más altas mientras los contratos industriales gozan de descuentos estratégicos.

La paradoja del interés público

El plan fue aprobado por unanimidad con medidas de mitigación que, según los reguladores, resguardan al público. Entre ellas destacan:

• Más de $100 millones en alivio de tarifas y proyectos de energía renovable.
• Compromisos de mantener los valores y misión de Minnesota Power.
• Garantías de que el precio del acuerdo no se trasladará a los usuarios.

Pero el informe del juez administrativo que inicialmente recomendó rechazar el trato pesa como un presagio. En su opinión, la evidencia sugería que la adquisición estaba “motivada por el afán de ganancias por encima del interés público, como es común en el capital privado”.

Audrey Partridge, una de las comisionadas que votó a favor, admitió haber iniciado con “escepticismo y cinismo”, pero dijo que las salvaguardas habían cambiado su opinión. No obstante, organizaciones como Private Equity Stakeholder Project señalaron que este tipo de propiedad acarrea menos transparencia, más riesgo y tarifas más altas.

¿Un peligroso precedente nacional?

Este caso genera una pregunta más profunda: ¿se abrirá la puerta a una ola de adquisiciones similares de empresas eléctricas en EE.UU.? El modelo de negocios de los private equities, basado en adquisiciones apalancadas y maximización de ganancias durante periodos cortos, entra en tensión directa con la misión de servicio público que muchas empresas de servicios aún conservan.

En su último informe, la consultora Bain & Company reconocía que las inversiones privadas en infraestructura eran “la nueva frontera” para retornos sostenibles. Pero también advertía de los riesgos de oposición social y política cuando dichos fondos buscan rentas en sectores esenciales para la ciudadanía.

Un contexto de tarifas eléctricas al alza

El caso toma mayor gravedad si se observa el alza sostenida en las tarifas. De acuerdo con la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA), el precio promedio de la electricidad residencial creció un 14.3% desde 2021. ¿Por qué?

1. La rápida electrificación (vehículos eléctricos, bombas de calor, etc.).
2. Inversiones en infraestructura para energía renovable sin subvención adecuada.
3. Altos precios internacionales del gas natural (aún clave en muchas redes).

Y si bien electrificarlo todo puede parecer deseable desde un punto de vista ambiental, hacerlo con capital privado que responde a rendimientos podría socavar la accesibilidad y equidad energética.

Cuando las empresas privadas “venden” energías limpias

BlackRock y CPPIB han afirmado que apoyarán el mandato de Minnesota de generar energía libre de carbono para 2040. El problema es que muchos fondos utilizan esta promesa como puerta de entrada al negocio, no necesariamente como una vocación firme.

En muchos casos, las inversiones en energía solar o eólica cubren bien las metas del corto plazo, pero cuando se trata de integrar esas fuentes a las redes o almacenar excedentes, los costos se disparan. ¿Quién los asumirá? Además, la propiedad a manos de entidades extranjeras —como el fondo de pensiones canadiense— genera también temores geopolíticos y de control sobre activos esenciales.

Opinión: ¿Una oportunidad perdida para democratizar la energía?

En lugar de abrazar a conglomerados internacionales, algunos analistas y defensores de modelos cooperativos abogan por invertir en propiedad pública o comunitaria de las redes de energía. Proyectos como Green Mountain Power en Vermont o las cooperativas energéticas de Colorado han mostrado que pueden ofrecer sostenibilidad, innovación y control local con mejores resultados de equidad.

Una encuesta de 2023 del Pew Research Center reveló que más del 61% de los estadounidenses apoyan la propiedad pública de servicios esenciales como electricidad y agua. Sin embargo, poco de ese apoyo se está reflejando en los procesos regulatorios. La presión del capital financiero global sigue ganando terreno.

Un futuro que requiere vigilancia ciudadana

Independientemente de si esta compra resulte ser beneficiosa o perjudicial, hay algo claro: las decisiones sobre infraestructura energética moldearán la economía y calidad de vida en las próximas décadas. Delegarlas sin una mirada crítica solo servirá para concentrar aún más el poder en unas pocas manos.

Para los ciudadanos de Minnesota, la aprobación del acuerdo debe servir como un llamado a vigilancia, auditoría y participación activa. Y para el resto del país, es una advertencia sobre el modelo que podría extenderse si no se ponen límites más claros al juego del capital privado en sectores públicos.